Incendios intencionales en el Delta: encuentran pruebas de especulación agropecuaria

Los incendios en la mitad de las provincias acapararon la atención de todo el país el año pasado. Detrás del fuego voraz que arrasó con miles de hectáreas de bosque nativo y se cobró la vida de incontables vidas de animales y plantas se escondió un negocio agropecuario. Cada vez se encuentran más indicios de que al menos las quemas en las islas del Delta el año pasado buscaron modificar el suelo para siembras ilícitas.

Los incendios del Delta del Paraná podrían haberse originado con el propósito de modificar el uso del suelo para siembras ilícitas y otro tipo de actividades que se encontraban vedadas. Así lo interpretan en las oficinas de la Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante en la causa iniciada para dilucidar a los responsables. Mediante prácticas desleales se buscaron generar ganancias ilegítimas para luego ser incorporadas al mercado legal.

A comienzos del 2020, la enorme pérdida de biodiversidad ocasionada por miles de focos de fuego en las islas del Delta, que recorre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, marcaron la agenda pública. Debido a un detallado trabajo realizado por la Prefectura Naval sobre las Islas Lechiguanas, se observaron fumigaciones sobre el cultivo de maíz que ya tenían brotes de siembra.

Asimismo, se determinó que los terraplenes de tierra poseían una extensión aproximada de 4.500 metros, rodeando grandes hectáreas de campo en las que se hallaban lagunas naturales, extintas actualmente por falta de conexión con los afluentes linderos. El informe expone también grandes excavaciones que se conectan a tubos que atraviesan los terraplenes finalizando sobre los arroyos. Por las características que presentan los mismos, se estima que podrían utilizarse para que los fertilizantes y químicos vertidos sobre el campo (producto de las precipitaciones), se dirijan a los arroyos.

La UIF fue aceptada como parte de la querella en la causa que involucra actos de lesión ambiental e investiga el terraplenamiento, la quema y la presencia de maquinaria agrícola en las Islas de las Lechiguanas en Gualeguay, Entre Ríos. El organismo que se ocupa del tratamiento de información para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos se interesó en formar parte del expediente para investigar las motivaciones monetarias y los perjuicios generados por los especuladores agropecuarios que pretendieron hacer millones con los incendios.

La causa fue presentada el 18 de septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal de Victoria a cargo del Fiscal Federal Carlos García Escalada. La pesquisa se encuentra en el juzgado Federal de Paraná 1, que Leandro Damián Ríos.

Investigación económica de delitos ambientales

Luego de haberle hecho la vista gorda a los delitos económicos durante el macrismo, la UIF atraviesa una etapa de mayor actividad. Incluso, con gran participación en la investigación de los grandes grupos de poder, además de la pata económica de los perjuicios ambientales. Estos, muchas veces, no se contraponen.

Entre las causas que el organismo presidido por Carlos Cruz metió la lupa se encuentra la contaminación ambiental a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Pueblo Belgrano, ubicada también en la provincia de Entre Ríos. Recientemente fue aceptada como querellante en el expediente.

La pesquisa, iniciada por una denuncia que presentó el Fiscal interino a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), indaga sobre el vuelco intencional de efluentes cloacales sin ser tratados. Esto provocó contaminación en el río Gualeguaychú y el río Uruguay.

Desde la UIF enfatizaron en que la cooperativa, con el deficiente tratamiento de los fluidos, omitió su obligación de desarrollar medidas preventivas para el cuidado al medio ambiente. Por eso indicaron que la investigación patrimonial, centrada en sus ingresos monetarios y gastos, resulta clave para establecer no sólo la magnitud del daño ambiental y su costo ulterior de reparación, sino también la cantidad de activos ilícitamente generados para su beneficio. Para el organismo de control, en este caso además de poner en riesgo la salud pública, también se afecta gravemente la producción de los terrenos aledaños.

Citric, con presunto lavado de dinero

Los suelos entrerrianos también le dan hospedaje a la fabricante de jugos de marca Citric. Una indagación que se inició por daño ambiental dio cuenta poco después de aparentes maniobras de lavado de activos, un delito por el que la UIF se presentó como querellante a principios de año.

La empresa investigada, El Carmen, se trata de uno de los productores con mayor demanda en el país, bajo la consigna de bebidas 100% naturales, aunque no resultan tan amigables con el medio ambiente en sus procesos de elaboración. En su planta en Chajarí enfrenta una grave denuncia por contaminar hace más de una década las aguas del arroyo Las Alpargatas, afluente del curso Mandisoví que luego desemboca en el embalse de la represa hidroeléctrica Salto Grande.

Con el volcado de esos residuos al arroyo, la compañía no sólo le esquiva a su obligación de tratarlos sino que, además, se ahorra una importantes sumas de dinero que pasarían a engrosar sus ganancias. Por este motivo, desde el organismo habían sugerido que se realice una investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción de El Carmen para conocer la magnitud de los activos generados.