La investigación se inició por una denuncia por daño ambiental, pero evidencia hallada en el proceso dio cuenta de supuestas maniobras de lavado de activos, un delito por el que ahora se presentó como querellante la Unidad de Información Financiera (UIF). La empresas investigada es El Carmen, fabricante del jugo de la marca Citric. La UIF solicitó, además, que se designe un interventor en la causa que investiga a la empresa por contaminación ambiental en Entre Ríos. La medida se dispuso "luego de cinco años de amparos, acusaciones y denuncias", indicó el organismo en un comunicado.
La empresa es uno de los productores con mayor demanda en el país, bajo la consigna de bebidas cien por ciento naturales, aunque no son tan amigables con el medio ambiente en sus procesos de elaboración. En su planta en Chajarí, distrito del noreste entrerriano, enfrenta una grave denuncia por contaminar las aguas del arroyo Las Alpargatas, afluente del curso Mandisoví que luego desemboca en el embalse de la represa hidroeléctrica Salto Grande, publicó Economía Sustentable.
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En 2015 Néstor Masilli, dueño de una chacra cercana a la rivera, presentó un recurso de amparo por la contaminación del arroyo y dos años más tarde, una intervención del Concejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) incitó a la compañía a disminuir sus descargas tóxicas, aunque sin éxito. En mayo de 2019 Masilli denunció la contaminación ambiental ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, cuya Secretaría Penal N°2 tiene a cargo la causa.
De acuerdo con el proceso asentado en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, la compañía vierte desechos industriales sin ningún tipo de tratamiento en el caudal de “Las Alpargatas” desde hace al menos una década.
La UIF explicó que, con el volcado de esos residuos al arroyo, la institución no sólo omite la obligación de tratarlos sino que además se ahorra una importantes sumas de dinero que pasarían a engrosar sus ganancias. Por este motivo, desde el organismo sugieren que se realice una investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción de El Carmen S.A. para conocer la magnitud de los activos generados.
Al momento de la querella inicial, la empresa había manifestado que contaba con un sistema moderno y efectivo para cuidar el medioambiente y que había puesto en marcha nuevas obras en su planta con la intención de disminuir los tóxicos y mejorar los procesos.
La última denuncia efectuada fue acompañada por pruebas que demuestran de qué manera los desechos industriales que la fábrica vierte, han derivado en altos índices de contaminación, lo que habría producido la extinción de todo tipo de vida en el mismo, imposibilitando la utilización del agua como recurso para el riego o la ganadería.
El daño medioambiental derivó en la extinción de toda forma de vida en las aguas –la elevada mortandad de peces fue el primer indicio de contaminación–, la proliferación de olores nauseabundos, y la imposibilidad de continuar utilizando el recurso para el riego de plantaciones y la crianza de ganado. Todo esto aparece en la acción impulsada Masilli.
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