El pasado 18 de abril el Gobierno anunció un proyecto de tributo a la “renta inesperada” para cerca del cuatro por ciento de las empresas, fundamentalmente agroexportadoras favorecidas económicamente por el contexto bélico y que registren ganancias interanuales de más 1.000 millones de pesos, con el fin de destinar lo recaudado a asistencia social. La medida proyectada generó un fuerte de rechazo en los grupos económicos locales y la oposición, aun cuando lejos de ser excepcional, este tipo de impuestos se aplicó en 13 países desarrollados, según lo señala en su último informe de mayo la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).
Con todo, el anuncio gubernamental tuvo su última expresión hace ya dos semanas, en el selecto Foro Llao Llao desarrollado en Bariloche, donde Martín Guzmán defendió las ideas de distribución del crecimiento, aunque aclarando que habría "reuniones de consenso" con el empresariado para avanzar en el proyecto. Por eso, no está claro aún si el 0,34 por ciento del PBI que insumirá la asistencia social de bonos de hasta 18 mil pesos para siete millones de trabajadores informales y monotributistas, junto a uno similar para seis millones de jubilados, serán mayormente financiados como en 2020 por los sectores más acomodados de la sociedad, o bien, como en 2021 por vía del endeudamiento público.
Lo que si resulta visible de acuerdo al informe de FIDE, es que lejos de ser una creación local, el impuesto a la renta inesperada fue una medida ampliamente utilizada en Europa y Estados Unidos, donde las transferencias de recursos de un sector a otro derivadas de un contexto geopolítico antes que por inversión, productividad, o adelantos tecnológicos, es decir por mayor generación de riqueza, llevaron a una intervención estatal para favorecer al sector menos favorecido.
Por caso, de acuerdo a este centro de estudios económicos, en 2010 Australia sancionó un impuesto extraordinario para las mineras, luego de la escalada de precios del año anterior y la consecuente rentabilidad extraordinaria de estas compañías. Asimismo, en 1997 Inglaterra impuso impuestos a las ganancias extraordinarias tras la privatización de grandes empresas de servicios públicos, mientras que durante esa misma década, Suecia, Noruega, Canadá, Alemania e Irlanda llevaron adelante impuestos directos a las ganancias extraordinarias por revaluaciones de tierras derivadas de la suba de precios internacionales de materias primas u otras condiciones excepcionales.
También, durante la década del ochenta, en medio del contexto de fuertes subas en el precio internacional del petróleo y desregulación de sus precios internos, Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos sancionaron gravámenes de ganancias inesperadas.
La incidencia de la guerra
Esta modalidad fue igualmente aplicada mayormente durante contextos bélicos. Por caso, FIDE apunta que durante la primera y la segunda Guerra Mundial, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Italia y Estados Unidos sancionaron este tipo de impuesto con el objetivo de que la guerra no beneficiara a ciertos sectores estratégicos en desmedro de una sociedad que se empobrecía producto de la crisis. Incluso, tras la Primer Guerra Mundial, en 1918, Estados Unidos decidió aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias que, en una escala progresiva, llegó hasta un máximo del 80 por ciento de alícuota, mientras que durante la Segunda Guerra Mundial este monto se elevó al 95 por ciento.
En línea con los acontecimiento mundiales, en el que al actual contexto bélico y la incertidumbre futura sobre una guerra nuclear se suman además los efectos de la pandemia, el último informe del World Inequality Report 2022, organismo compuesto por más de 100 economistas y coordinado por uno de los mayores especialistas en desigualdad, el francés Thomas Piketty, señaló que “las desigualdades globales parecen ser tan grandes hoy como lo fueron en el apogeo del imperialismo occidental a principios del siglo XX”. De hecho, este organismo añadió que la porción del ingreso total que actualmente recibe la mitad más pobre de la población mundial es la mitad de lo que recibía en 1820, y que en la década del ochenta del siglo pasado se comenzaron a profundizar los niveles de desigualdad tanto de ingresos como de riqueza, por los programas de desregulación y liberalización de la economía.
El último informe del Indec sobre Evolución de la distribución del ingreso (EPH) para el cuarto trimestre de 2021, señalaba que el 10 por ciento más rico de la población se quedaba con el 21,8 por ciento de la riqueza generada, mientras que el 10 por ciento más pobre con solo el 3,5, una distribución que empeoró producto de la alta inflación de este año. Así, tanto el contexto local como los antecedentes parecieran avalar la propuesta gubernamental, más allá de las objeciones puntuales que pueden existir sobre su puesta en marcha. Según se desprende del informe de la propia FIDE, algunas de las cuestiones que se deberían evaluar eficazmente son el poder de lobby de algunas corporaciones y la posibilidad de retraer su producción; que los sectores más beneficiados del boom internacional de precios no están directamente relacionados con la propiedad del recurso natural; o la importancia de establecer objetivos claros en los usos de los recursos generados, para establecer con claridad qué tipo de compensación se financiará y durante cuánto tiempo.
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