El mismo día en que presentaron sus demandas contra la AFIP para evadir su obligación de pagar el aporte extraordinario, los dueños de Clarín recusaron a los jueces sorteados. Esto incluyó un traspapeleo que mereció la aclaración del magistrado original. La ley sancionada en el Congreso establece que los ultra ricos deben abonar una porción ínfima de su patrimonio para paliar los gastos estatales en busca de hacer frente a la peor crisis económico-sanitario de la historia.
Los empresarios militaron a través de sus multimedios en contra de la contribución extraordinaria de las grandes fortunas. Desde allí lo calificaron de “polémico” y adelantaron una “avalancha de juicios”, quizás como presagio de sus propias cautelares.
Como informó El Destape la semana pasada, Héctor Magnetto se presentó el 16 de abril ante la Justicia para no abonar el aporte de grandes fortunas. Inmediatamente le recayó la causa a Diego Martin Cormick, titular del Juzgado Contencioso Federal 11, y el abogado del empresario presentó una recusación sin causa.
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Esto dio pie a un confuso suceso, ya que el letrado Damián Cassino presentó un escrito de 12 páginas a nombre de Lucio Rafael Pagliaro. Se confundió de representado. “Toda vez que el poder acompañado no condice con el actor del presente juicio, acreditada que sea correctamente la personería invocada, se proveerá”, le respondió Cormick. Tras esta explicación de que el expediente corresponde a Magneto y no Pagliaro, el abogado de Clarín volvió a entregar la recusación pero esta vez con los datos correctos.
Al traspapelar los archivos de sus clientes, Cassino dejó en evidencia que los dos dueños del multimedios más grande del país pretendieron cambiar al juez de la causa de forma automática. No es para menos.
Cormik no pertenece al grupo de magistrados alineados al poder económico, sino que ingresó a su cargo hace menos de seis meses. Su nombramiento fue oficializado el 6 de noviembre pasado, junto a otros 22 funcionarios judiciales para cargos vacantes, por lo que viene de una camada que pretende renovar el poder fáctico al que responde la mayor parte del Poder Judicial.
Ahora el expediente se encuentra en manos del Juzgado 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira, a quienes fuentes consultadas por este medio lo identifican como afín al juez Ricardo Recondo. Este último pertenece a la lista bordó del Consejo de la Magistratura, “del ala macrista”, describen conocedores del letrado.
La demanda que le inició Pagliaro a la AFIP para que no deba cumplir con la ley 27.605 había recaído en María Alejandra Biotti, a quien le corresponde el Juzgado Contencioso Federal 5. Esta vez con el documento correspondiente, Cassino la recusó sin causa.
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Desde el 29 de enero, empezó a regir el impuesto extraordinario a las grandes fortunas o "Aporte Solidario", una ley aprobada en diciembre del 2020 que establecida como un “aporte solidario” que grava de manera progresiva a las personas que tengan un patrimonio igual o mayor a los $200 millones de pesos, es decir, un poco más de dos millones de dólares. El pago es del 2% sobre los bienes que tiene en su patrimonio la persona alcanzada.
La norma establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.
El destino de los fondos recaudados ya está designado por ley. Serán distribuidos en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes. El 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.
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