Las palabras “impuesto a la riqueza” comenzaron a rebotar en la esfera pública hace ya un año, cuando el Frente de Todos instaló el concepto de que los ultra ricos debían realizar un esfuerzo adicional ante la peor crisis de la humanidad. Hoy día en el mundo ninguna autoridad duda de la necesidad de que los que sacan beneficios del sistema deban ser forzados a pagar más, incluso Chile lo trata en su parlamento, país modelo de Juntos por el Cambio.
Máximo Kirchner se ocupó de trabajar el proyecto, que fue bastardeado por los medios que responden a esa clase dominante. Mucho menos del 1% terminó afectado al aporte, ya que tan solo cubre a las 13.000 familias más opulentas de Argentina. A pesar de las demoras en su ejecución, Alberto Fernández se convirtió en el primer presidente en impulsar un emprendimiento semejante.
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La ley que se debatió y aprobó en el Congreso nacional en diciembre de 2020 establece una tasa de nada más el 2% del patrimonio declarado de los individuos con más de $ 200 millones, que puede elevarse al 5% en caso de tenencias en el exterior. Los cálculos se realizan para los activos presentados a fin de 2019, monto sustancialmente inferior a la valuación de mercado y actual de las grandes fortunas de Argentina.
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La AFIP de Mercedes Marcó del Pont desplegó un plan de cuotas para mejorar el recibimiento, medida que contribuyó a mejorar la recaudación. De hecho, hubo pagos adelantados al vencimiento del 16 de abril.
Un pequeño grupo, que nuclea a cerca de 100 multimillonarios que gustan de obedecer las leyes sólo cuando les benefician, presentaron cautelares en contra la norma sancionada por el Legislativo. Entre ellos se encuentra la familia de Nicolás Caputo, el amigo del alma de Mauricio Macri, la de Gregorio Pérez Companc, dueño de la mayor alimenticia del país (Molino Ríos de la Plata), Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro y José Aranda, tres de los dueños de Clarín, Alejandro Julio Saguier, de La Nación, y el futbolista Carlos Tévez, entre otros ricos y famosos y no tan conocidas figuras de poder.
No obstante el Gobierno argentino fue pionero, ya todo el globo debate la necesidad de leyes que obliguen a pagar más impuestos a la clase acomodada que explota a la trabajadora. Hoy hasta el Fondo Monetario Internacional habla de aportes de grandes capitales para paliar las crisis. El organismo que conduce Kristalina Georgieva se declaró “muy a favor” de imponer un impuesto mínimo global a la renta empresarial. La principal economista del organismo, Gita Gopinath, señaló que los gobiernos enfrentan "gran cantidad" de evasión fiscal y de dinero transferido hacia paraísos fiscales.
La ONU también jugó una ficha a favor de la iniciativa de cobrarles a los más ricos. Su secretario general, Antonio Guterres, instó a los gobiernos del mundo a aplicar un impuesto "de solidaridad o a la riqueza" para reducir las desigualdades en la capacidad de combatir el coronavirus y acceder a vacunas. "Insto a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se beneficiaron durante la pandemia, para reducir las desigualdades extremas", expresó Guterres en el Foro del Consejo Económico y Social sobre la Financiación para el Desarrollo.
Incluso así se da en Chile, el país modelo de Juntos por el Cambio al comienzo de la pandemia. Esta semana, la Cámara de Diputados del país trasandino aprobó en general el proyecto que crea un aporte de los “súper ricos”. La iniciativa, que busca financiar un ingreso básico de emergencia, fue presentada por la legisladora Camila Vallejo y establece un pago por única vez de un 2,5% del patrimonio bruto para las personas que superen los US$ 22 millones. Además, fija un impuesto transitorio para las grande corporaciones con ingresos mayores a los US$ 42 millones.
La demanda de Magnetto, bajo secreto
Como una buena parte de los multimillonarios que se niegan a contribuir en la pandemia, Magnetto pidió reserva y su expediente se ocultó del sistema de consultas público. Por lo tanto, el empresario mediático le privó a la prensa de conocer las razones por las que pretende no cumplir con una ley debatida y sancionada en el Congreso.
Su causa la maneja el juez contencioso administrativo Enrique Alonso Regueira. “Está ligado a Ricardo Recondo, del ala macrista y uno de los actores claves del lawfare”, lo caracterizan fuentes judiciales consultadas por El Destape.
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