El Gobierno presentó este lunes formalmente el impuesto a la renta extraordinaria, el cual establece una alícuota adicional de 15 por ciento por sobre el Impuesto a las Ganancias netas imponibles para sociedades que superen los 1000 millones de pesos anuales. No es una condición única, sino una condición necesaria, dado que también deberán reflejar un incremento elevado respecto respecto del resultado obtenido en el ejercicio anterior. Respecto del 2020, durante el año pasado se triplicó la cantidad de empresas que detenta esta condición. De aprobarse la medida, el pago se haría sobre las ganancias de este ejercicio pero el próximo año.
La medida abarcaría empresas, no personas humanas, y sería deducible en caso de que las empresas realicen inversiones o tomen personal. El mecanismo, según informó el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, el instrumento será una "sobre-alícuota" por un solo año de 15 por ciento sobre los resultados del ejercicio 2022.
Respecto a la base imponible, deberán, además de contar con una ganancia superior a los 1000 millones de pesos, contar, en términos reales (descontada la inflación), con una ganancia contable sobre sus ingresos en 2022 superior al 10 por ciento o un aumento aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20 por ciento.
La elección del piso de 10 por ciento responde al margen definido por la OCDE para considerarlo una ganancia extraordinaria o "no rutinaria". Los fondos obtenidos serán coparticipables con las provincias, lo que aseguraría el apoyo de los gobernadores.
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"Desde le punto de vista social y económicos nuestro objetivo es afianzar el poder adquisitivo de los ingresos. Hay sectores que se beneficiaron de la situación dela guerra porque y hay precios e los commodities que tuvieron aumentos muy grandes y eso generó un shock de distribución y el resultado es mayor desigualdad", explicó Guzmán este lunes. "Queremos que el crecimiento sea compartido; y no es solo por una cuestión de justicia social, también es necesario para el correcto funcionamiento del a economía.", explicó el ministro.
El proyecto se había anunciado hace mes y medio, en momentos en que los precios de los alimentos y la energía a nivel global se disparaban a sus máximos históricos en medio de la guerra que se desató con la invasión de Rusia en Ucrania, pero fue presentado oficialmente este lunes en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Según coincidían en señalar fuentes del equipo económico, la medida iba a presentarse más adelante. Sin embargo, la convulsión interna que generó el off-gate que surgió del Ministerio de Desarrollo Productivo y derivó en el desplazamiento de su titular Matías Kulfas, obligó a retomar la iniciativa. Al menos antes de que se diluya la imagen de unidad que se exhibió entre el Presidente y la vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF. Fernández recibió antes de la presentación del proyecto a Kulfas, quien le presentó su renuncia para ser reemplazado por el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli.
El proyecto presentado este lunes busca redistribuir las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas a partir del shock generado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Al presentar la iniciativa en marzo último, Guzmán explicó "se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar, de un desarrollo equitativo, de la pobreza infantil y mayor inclusión social".
Renta inesperada: antecedentes y qué dice el FMI
El antecedente local más exitoso fue el aporte solidario, un impuesto también por única vez para las principales 12.000 fortunas del país, lo que permitió recaudar unos 250.000 millones de pesos para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia y encarar obras de infraestructura, como el financiamiento del gasoducto Néstor Kirchner. En el mundo acaban de aplicarlos Gran Bretaña, Italia y España para empresas vinculadas con la energía.
El propio Fondo Monetario Internacional publicó en su informe de perspectivas de la economía mundial una recomendación a los países con margen fiscal acotado medidas como "aumentos temporales en el impuesto a las ganancias corporativos diseñados para capturar el exceso de ganancias relacionado con la pandemia". En este caso, según detalló Guzmán, se trataría de una alícuota que se enfocará en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1000 millones de pesos, que en 2021 abarcó solo al 3,2 por ciento de las empresas.
Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021. Según el ministro de Economía, en 2020 el 1 por ciento de las empresas alcanzaron ganancias superiores a los 1000 millones. La ganancia incrementada en forma significativa se contempla con respecto a 2020.
"Muchas de esas empresas son multinacionales, que producto de la guerra de Rusia y Ucrania tienen una rentabilidad extraordinaria, donde por precio y cantidad el nivel de exportación es inédito. Sobre eso es que se piensa aplicar una alícuota", adelantó la diputada (Frente de Todos) Victoria Tolosa Paz. Los sectores alcanzados serían el de agronegocio (no productores), el petrolero y el minero. En el caso del agro, en particular, la zona núcleo pampeana.
Como zanahoria para incentivar la inversión privada, el proyecto incluye un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva y creación de empleo. Se contemplan consideraciones especiales para aplicar el gravamen, con lo que reducirían la alícuota en caso de que los ingresos inesperados sean canalizados hacia la inversión productiva o incrementen su dotación de personal. La contribución en ese caso será menor.
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Desde el anuncio de la iniciativa, Guzmán se reunió con distintos representantes de los sectores empresariales, laborales y políticos para trabajar "en la construcción de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada que no es producto de inversiones adicionales, sino el shock de la guerra".
Los recursos fiscales derivados de esta iniciativa se canalizarían a financiar un refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables y a quienes más aquejan los efectos inflacionarios. La pobreza se ubicó en 37,3 por ciento en el segundo semestre de 2021, que representan 10,8 millones de personas, con 2,4 millones de ellos en situación de indigencia, según informó el INDEC. De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, actualmente sin la asignaciones no contributivas que brinda el Estado, habría 936.003 más pobres y 2.088.007 más indigentes, saltando las tasas a 5,2 y 46,8 por ciento respectivamente.
En este contexto, será interesante ver cuál sea la argumentación en contra de este iniciativa. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial ya expresaron su "preocupación por la iniciativa que fue anticipada en abril por el ministro Guzmán. Este martes el Presidente abrirá la reunión anual de AEA (vía mensaje grabado) y Guzmán estará a cargo del cierre. Allí deberá defender el proyecto, donde buena parte de los participantes estará alcanzado por el impuesto.
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