Ucrania, Rusia y las retenciones

El 24 de febrero comenzó la invasión del ejército ruso sobre el este y el nordeste de Ucrania, llevándose ese suceso la atención de toda la discusión política global desde entonces. Ya han pasado dos semanas desde el comienzo de la guerra, se contabilizan cerca de 15.000 muertes y millones de refugiados. El destino y las consecuencias de esta escalada son aun inciertas, pero con seguridad podemos afirmar que se ha trastocado la geopolítica global y que, con ello, la economía ha estado expuesta.

La actividad económica en Ucrania se vio muy afectada, desde ya, pero también la de Rusia, principalmente a partir de las sanciones, embargos y bloqueos que han empezado a imponer otros países, como Estados Unidos o la Unión Europea, y se trata de la decimoprimera economía más grande del mundo, segundo exportador mundial de petróleo, detrás de Arabia Saudita, tercero de carbón y primero de trigo y gas natural. Así, lo que estamos viendo es una escalada de los precios internacionales de materias primas.

La tonelada de trigo costaba 324 dólares el 23 de febrero. Hoy cotiza a 479 dólares. Es decir, subió un 48 por ciento. El barril de petróleo, que hoy cotiza a 123 dólares, valía 92 dólares el 23 de febrero. Es decir, un aumento del 33 por ciento. El gas natural, que hoy vale 4,6 dólares por BTU, costaba 3,8 dólares antes del inicio de la guerra (un 21 por ciento de aumento). El carbón cuesta hoy 405 dólares por tonelada, pero el 23 de febrero valía 182. Es decir, subió un 122 por ciento. En el caso de las principales commodities de exportación de Ucrania, el maíz subió de 270 a 296 dólares por tonelada (9,5 por ciento) y la tonelada de hierro subió de 141 dólares a 158 dólares (12 por ciento).

Estas subas contrastan con las de otras commodities en las que Rusia y Ucrania no juegan papeles predominantes, como en el caso de la soja: la cual subió poco por la guerra, de 614 a 622 dólares por tonelada, pero viene subiendo a un ritmo sostenido, al punto que hace cuatro meses cotizaba a 450 dólares. De hecho, los aumentos recientes se plasman en un contexto de una tendencia creciente de los precios internacionales de las materias primas, que se inició ya a fines de 2020, y que explica, entre otras cosas, que los datos de inflación de Estados Unidos o la Unión Europea hayan marcado récords en 2021. En este sentido, en la medida en que la energía y los alimentos son elementos centrales en el costo de prácticamente todo, es altamente probable que la inflación mundial siga en alza, y eso necesariamente repercutirá en todos lados, incluso en quienes estamos a decenas de miles de kilómetros de la zona de conflicto.

Ahora bien, ¿cómo impacta esto en Argentina? En el caso del trigo y el maíz, productos que exportamos pero que al mismo tiempo consumimos directa o indirectamente, el efecto es doble: por un lado, aumenta el ingreso de dólares, engrosando las reservas internacionales u otorgando estabilidad cambiaria, lo cual no es menor en un contexto de alta volatilidad y de muchísima fragilidad externa; pero, por el otro, es esperable que se disparen los precios de los alimentos y con ellos la inflación en general. Esa es, de hecho, una de las particularidades de ser un país que exporta bienes salariales: los aumentos de precios internacionales, que deberían significar una buena noticia, implican también una redistribución regresiva.

En el caso de los hidrocarburos, Argentina es exportador neto de petróleo, pero importador de gas, con lo que el efecto total sobre el balance externo dependerá de cómo se pondere cada sector, pero por ambos lados puede haber un aumento de precios, los cuales, de cualquier manera, tienen más regulaciones que los alimentos y en todo caso entrarán en la actual discusión sobre las tarifas de los servicios públicos.

Frente a estos escenarios, pero en particular en lo que refiere a alimentos, en los últimos días se ha empezado a hablar de un aumento de las retenciones a las exportaciones. Aquí vale hacer una nota teórica, puesto que al respecto hay muchas confusiones:

A diferencia de distintos impuestos que se cobran sobre la producción agropecuaria, como el impuesto a las ganancias, a los bienes personales, inmobiliario rural, etc., las retenciones solo se pagan cuando un bien es vendido al exterior, mas no cuando el mismo bien se comercializa localmente. Si el precio que percibe el productor que exporta es el precio internacional menos la alícuota de retenciones, ese mismo precio percibido será el que pagarán los compradores locales. De hecho, solo por dar un ejemplo, en el caso de la soja las empresas aceiteras argentinas compran porotos de soja locales a un precio menor al externo, lo que les brinda una ventaja en términos de competitividad internacional.

Así, incluso cuando el efecto fiscal de las retenciones pueda ser asimilable al de otros tributos sustitutos, las consecuencias en materia distributiva y productiva son diferentes. En el caso de las commodities (es decir, de bienes relativamente homogéneos e indiferenciados que se comercializan en mercados globales), la Argentina no solo es tomadora de precios sino que no suele enfrentar problemas de insuficiencia de demanda: el mercado externo define el precio de venta y a ese precio los exportadores argentinos venden todo lo que deseen. Entonces, es falso que las retenciones desincentiven la producción y la exportación: siempre y cuando el negocio sea rentable, se venderá todo lo posible. En todo caso, mayores o menores retenciones implicarán una tasa de rentabilidad menor o mayor respectivamente. De este modo, cuando las retenciones suben, los precios locales bajan, y viceversa. Pero en el caso de bienes salario, como el trigo o el maíz -o incluso la soja, que se consume poco pero es sustituta del maíz o de la ganadería-, el impacto sobre precios locales implica una caída del salario real y un encarecimiento de todos los demás productos.

La opción que surge, sobre todo para contrarrestar shocks vertiginosos de precios como los actuales, es que las retenciones sean móviles. Es decir, que el porcentual de alícuota varíe en función del precio internacional. De este modo, el precio local será mucho más estable y la volatilidad del precio externo será asumida por el Estado. En el extremo está la experiencia del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), que funcionó durante los primeros gobiernos peronistas y operó como una estatización del comercio exterior, donde el IAPI les compraba los cereales a los productores a cierto precio y lo vendía hacia afuera a otro, asumiendo las fluctuaciones. De hecho, las retenciones son algo excepcional en el mundo, pero entre otras cosas porque muchos países tienen control nacional de sus principales productos de exportación. No es el caso de Argentina.

El problema, a fin de cuentas, es político. En 2008 la discusión por las retenciones móviles se dio en muy malos términos. No solo hubo errores técnicos en los cálculos, sino sobre todo una enorme falta de claridad en el debate público: desde el gobierno se habló más de los piquetes de la abundancia y de la rentabilidad de los terratenientes que de la incidencia de los derechos de exportación sobre los precios, la distribución del ingreso y la calidad de vida de la población. Las retenciones quedaron atadas en los medios de comunicación a su rol fiscal y no a su más significativo impacto distributivo. Dar vuelta esos sentidos comunes es una tarea muy difícil. Por ello es que lo políticamente recomendable es proponer retenciones móviles cuando los precios están bajando, no cuando están subiendo. O gozar de una capacidad y legitimidad políticas de las que el gobierno parece carecer hoy en día.

En síntesis, las variaciones de precios internacionales de las últimas semanas, resultado de la tragedia de la guerra, presentan tanto oportunidades como desafíos para la economía argentina. La guerra vuelve a poner de manifiesto su fragilidad y su dependencia. El relativo alivio en materia de divisas no debe llevarnos a un entusiasmo acelerado, puesto que los efectos sobre las condiciones de vida de las mayorías dependerán de las medidas que se tomen a nivel local. Y esas medidas dependen de disputas y consensos políticos necesariamente incómodos.