Una jueza de Control de la ciudad cordobesa de Villa María ordenó restituir 600.000 dólares que fueron incautados al prófugo exjuez Héctor Yrimia, en el marco de la investigación de la causa contra la organización Generación Zoe por estafas mediante el sistema piramidal, en tanto la fiscal Juliana Companys, a cargo de la causa, adelantó que va a apelar esa decisión. Yrimia, mediante sus representantes legales, había solicitado a la jueza de Control María Soledad Dottori, de Villa María, que le restituya los 600.000 dólares que le habían secuestrado en distintos allanamientos realizados en sus domicilios de Buenos Aires, al sostener que el dinero es de su padre.
Los allanamientos y secuestros de bienes había sido ordenados por la fiscal Companys, quien lleva la ‘causa madre’ de las estafas, al entender que se trataba de “dinero proveniente de los inversores estafados” que no se pudo llevar Yrimia cuando se “fugó al exterior”, una vez enterado de la investigación judicial. “Vamos a apelar esa decisión”, adelantó a Télam la fiscal Companys, y reafirmó que el exmagistrado está imputado por el delito de “asociación ilícita y estafas reiteradas”, como miembro de Generación Zoe, y que está en Dubai “prófugo, con pedido de captura internacional y extradición”.
La fiscal había manifestado que "es imposible dimensionar el volumen de dinero" que movía la organización Generación Zoe, debido a la "multiplicidad de negocios en la Argentina y en el exterior" mediante las estafas que realizaba con el esquema piramidal. La fiscal lleva la causa principal que comenzó a investigar en febrero de este año en Villa María a partir de denuncias anónimas, y, desde allí, la pesquisa se extendió a otras provincias y al exterior, donde se ubicaron "empresas y negocios satélites" vinculados con Generación Zoe.
Previamente, a principios de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) habían iniciado sus propias investigaciones sobre Generación Zoe por una denuncia promovida por la Organización No Gubernamental Bitcoin Argentina, por los supuestos delitos de estafas e intermediación financiera mediante el sistema conocido como ponzi.
Son 29 los imputados que tiene la causa Generación Zoe de Villa María, entre ellos el máximo responsable, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio Álvarez, como algunos de los principales directivos de Zoe, quienes están acusados por “estafas reiteradas y asociación ilícita”. Hasta el momento, son 176 los ahorristas damnificados, aunque la fiscal estima que son más de 1050, al sostener que más de 880 no denunciaron las estafas.
En la instrucción de la causa, que todavía está en proceso, se contabilizaron estafas por 2 millones de dólares y 15 millones de pesos, aunque estimó que la cifra podría superar los 120 millones de dólares.
La maniobra para captar fondos consistía en promover inversiones en formación de coaching ontológico para el liderazgo, coaching espiritual y financiero, a cambio del pago de un interés mensual que promediaba el 7,5 por ciento que, según decían, estaban garantizados por criptomonedas Zoe Cash, explotaciones mineras en Jujuy y San Juan, entre otros supuestos avales que tampoco existían, afirmó la funcionaria judicial, y que la maniobra delictiva se extendía también a otros países.
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