Qué exigió el FMI a otros países por los acuerdos de facilidades extendidas

Los créditos de facilidades extendidas, como el que pre acordó el Gobierno con el FMI suelen abarcar reformas fiscal, previsional y laboral integrales como condicionamientos. El caso argentino resulta inédito por no incluir las típicas exigencias del Fondo. Comparado con la historia local y mundial, la velocidad de descenso del déficit fiscal pautado se encuentra entre las menores conseguidas. Todo esto para reestructurar los US$ 44.000 millones que el Frente de Todos debe devolverle al organismo multilateral por el endeudamiento de Mauricio Macri.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, busca cerrar un acuerdo de facilidades extendidas. Estos están diseñados para otorgar más tiempo al país, pero a cambio de reformas estructurales. De hecho, si se revisan los últimos arreglos de este tipo, desde 2016 a la fecha, se observa que en el 100% de los casos el FMI pidió a cambio una reforma fiscal, de acuerdo a un documento oficial al que tuvo acceso El Destape. En el caso de Costa Rica en 2021, incluso, le exigió una suba del IVA.

Además de eso, en el 40,9% de los acuerdos, el organismo exigió una reforma del sistema previsional. Y, por último, en el 54,5% de los casos, demandó una reforma laboral.

Hubo naciones que fueron forzadas a llevar adelante modificaciones en las tres áreas en simultáneo. Ese listado incluye a Jordania en 2020, Barbados en 2018 y Bosnia y Túnez en 2016.

Lo firmado hasta el momento por Argentina es considerado inédito por no incluir reformas estructurales integrales. Esto resulta positivo puesto que tanto la evidencia local como internacional indica que este tipo de reformas tienen efectos negativos sobre la economía del país en cuestión.

No obstante esto, en el documento rubricado por Guzmán, el funcionario se comprometió a realizar “un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Este punto fue atendido luego por el propio ministro, quien publicó en Twitter: “No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”.

En oportunidad de aclarar, desde el Ejecutivo apuntaron a que el estudio se focalizará en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546, que abarca jueces y personal diplomático. El Gobierno se comprometió, detalló, a analizar opciones y recomendaciones para reforzar el equilibrio y la supervivencia del régimen de reparto largo plazo”.

Un segundo punto destacado resulta que la reducción del déficit acordada con el FMI es muy menor a lo que el organismo acordó con otros países en el pasado reciente. Para Argentina, la merma del rojo del Estado pactada para el primer año de vigencia del acuerdo será del 0,5%. Sólo Kenia y Camerún tuvieron reducciones de déficit de menor magnitud. En el caso de Ecuador, fijó una ampliación del déficit fiscal, pero porque celebró el contrato en medio de la pandemia de 2020. De hecho, el FMI le exigió una reducción del déficit fiscal para 2021 y 2022 que más que compensa esa expansión.

Además de eso, la disminución del déficit acordada con el FMI para el primer año de vigencia del acuerdo es la menor de la historia de Argentina con el organismo desde la vuelta a la democracia. Si se toma en cuenta ese período, el Fondo exigió un 6,3% para el comienzo del acuerdo en 1989, el mayor de todos. En 1983 el pedido de disminución fue del 4,3%, en 2003 y 1984 del 2,5%, en 1993 del 1,2%, en 2018 del 1,1%, en 1987 del 1%, en 2000 del 0,9% y en 1997 del 0,8%.

De acuerdo a la evidencia empírica, los últimos países que entraron en “atrasos” con el Fondo terminaron con una caída de la actividad económica, aceleración de la inflación y reducción de las reservas internacionales. Según el informe oficial, no existen casos en la historia en los que un país con el PIB de Argentina y con el nivel de deuda que el país contrajo con el FMI entrara en atrasos con el organismo.

Perú, que registró 7 años y medio de atrasos desde 1985, tenía una inflación del 84% y la disparó hasta el 2.342%. A cinco años de iniciar esas dilaciones, su economía se hundió 10%.

Iraq en 1990 inició una demora en los pagos de 14,3 años. La suba de precios fue desde el 64% al 6.517% y alcanzó una recesión del 35%. Un año después, en 1991, Haití dilató casi doce meses las transferencias. La inflación aumentó del 5% al 27% y la actividad cayó 10%.

Los objetivos del pre acuerdo de Guzmán con el FMI

El documento firmado por el ministro de Economía mantiene como principales objetivos la recuperación económica y social en curso. Al mismo tiempo busca reforzar la estabilidad y comenzar a abordar los desafíos para sustentar el crecimiento.

Para ello, considera necesario implementar iniciativas y políticas a medida. Esto incluye “mejorar gradualmente y de manera sostenible las finanzas públicas para asegurar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación”. Al mismo tiempo pretende implementar políticas públicas para reducir las profundas brechas sociales y de infraestructura.

Por otra parte, pretende reducir de forma duradera la elevada y persistente inflación. Para ello se comprometió a desplegar una estrategia de varios frentes, que incluya una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos.

En tercer lugar, Guzmán acordó fortalecer los colchones de reservas mediante políticas que respalden los superávits comerciales. Impulsará las exportaciones netas y las entradas de capitales a largo plazo y preparará el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital en su debido momento.

Por último, intentará mejorar la sostenibilidad del crecimiento con la movilización del ahorro interno, el refuerzo de “la eficacia de la inversión pública en infraestructura e innovación” y el impulsar el desarrollo de sectores de bienes transables estratégicos.

Las consecuencias del endeudamiento irresponsable

En 2019, cuando asumió el Frente de Todos, Argentina estaba inmersa en una crisis económica y social. La economía se contrajo alrededor de 5% desde 2017 y la inflación anual había llegado a 53,8%. El Gobierno enfrentó una “carga insostenible” de deuda, que se acompañó con un bajo nivel de reservas externas y acceso limitado a los mercados de capital.

Las condiciones sociales también se habían deteriorado marcadamente. La pobreza superó el 35%, el desempleo se aproximó al 10% y los salarios reales disminuyeron más de 15% con respecto a los niveles de 2017.

Esto dejó al Estado debilitado para el arribo de la pandemia, que llegó menos de 100 días después de que Alberto Fernández comience su Presidencia. El COVID agravó los desafíos que enfrentaba el país, a pesar de la batería de políticas desplegadas.

La economía se contrajo 9,9% en 2020 debido al lastre que el colapso del comercio mundial y las restricciones de movilidad impusieron sobre la demanda y la actividad. Los indicadores sociales se deterioraron aún más.

En respuesta a eso, en 2020 el Ejecutivo movilizó cuantiosos recursos fiscales para mitigar los efectos de la pandemia. Esto se canalizó mediante asignaciones y bonificaciones excepcionales, un nuevo mecanismo de ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales, ayudas salariales y la reducción de las contribuciones de seguridad social a cargo de los empleadores. También se expidieron regulaciones para salvaguardar el empleo.

En 2021 las medidas estuvieron más focalizadas en expandir la economía, las que permitieron un crecimiento estimado del 10%. Además, hubo recuperación de la actividad y del empleo industrial, aunque quedaron sectores de la economía aún rezagados.