La mayoría de los expositores que participó hoy de la primera de las tres audiencias públicas para analizar propuestas de ajustes en las tarifas energéticas expresó su disconformidad con lo que consideró un tiempo escaso para hablar y falta de información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.
Asimismo, los expositores solicitaron una revisión de la dolarización de los precios del gas en boca de pozo y en algunos casos reclamaron que no se apliquen los aumentos propuestos por la Secretaría de Energía, no sólo para los beneficiarios de tarifa social sino también para quienes no revisten esa condición, tanto usuarios residenciales como pymes.
La audiencia duró tres horas y media (desde las 10:04 hasta las 13:33) y contó con la participación de 25 de los 38 oradores inscriptos, en su mayoría representantes de entidades de defensa de los consumidores y defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones.
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Uno de los más enfáticos oradores fue el diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, quien cuestionó la presentación realizada en el inicio de la audiencia por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de tarifa social no tendrían un nuevo incremento después del ajuste realizado en febrero, en tanto aquellos que no contasen con ese régimen pagarían en sus facturas un aumento adicional del 20% promedio.
"Eso es una mentira presentada para algunos medios que van a bancar la parada de los aumentos", exclamó, al tiempo que consideró "falso" el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que "las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%".
Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que se posterguen los aumentos por entender que "no es un momento oportuno", y que su aplicación "afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público".
Asimismo, reclamó mayores inversiones en infraestructura en su distrito y cuestionó que "en pleno siglo XXI" haya sectores de la población sin el servicio de gas por red.
En el mismo sentido se expresó Raúl Zavalía, de la Fundación Pro Vivienda Social, quien sostuvo que "es paradójico que estemos discutiendo las tarifas cuando el 50% de las familias argentinas no tienen acceso a la red de gas", además de advertir que "lo que nos ahorramos a través de los subsidios lo pagamos a través de la inflación".
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó su "desagrado" por haberse establecido un tiempo de exposición de cinco minutos en vez de diez como en las audiencias anteriores, en tanto Paula Soldi, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), reclamó más información sobre "los verdaderos costos" y las ganancias de las licenciatarias, para que "el crecimiento sostenido de nuestra economía no se lo lleven cuatro o cinco tipos".
Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó la necesidad de "ampliar y mejorar el régimen de tarifa social", criticó que "los trámites tengan que renovarse cada año", y a su vez pidió "la anulación de los intereses en los planes de pago" que las empresas habilitan a usuarios deudores.
Por su parte, la diputada radical Jimena Latorre cuestionó al Gobierno por lo que consideró una "incongruencia" entre anunciar un recorte en los subsidios y a la vez aumentar las tarifas por debajo de la inflación y la variación salarial.
Latorre también destacó la ausencia en la audiencia tanto del secretario de Energía, Darío Martínez, como del titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, que las atribuyó a "la interna" del Gobierno.
En otro orden, Roberto Salerno, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), propuso "revisar la normativa de base que ampara la dolarización de las tarifas" en boca de pozo.
Asimismo, dijo que "no es tan cierto que estemos demandando en exceso el requerimiento de subsidios", y aseguró que la Argentina se ubica en el puesto 68 en el mundo entre los países en los que el Estado asiste financieramente a la prestación de los servicios públicos.
Por último, representantes de subdistribuidoras como Fesubgas o Axxe solicitaron un tratamiento diferenciado para ese sector, tal como se aplicó entre 2009 y 2016, y manifestaron que sus intereses son distintos a los de las distribuidoras.
Con información de Télam
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