Entre dilaciones en el Congreso y el cambio de presidencia en los Estados Unidos, se tensa el debate sobre las condiciones para la producción de biocombustibles. En la Cámara baja se alzaron voces en referencia a la exclusión de la prórroga de Ley de Biocombustibles en la ampliación de temas a tratar en sesiones extraordinarias. Los productores de combustibles alternativos reclaman una recomposición de precios para la venta directa a las petroleras y éstas últimas disparan que, ante la suba de cotizaciones de los granos, el biocombustible dejó de ser negocio y encarece el precio final en el surtidor. En el medio de esta disputa interna, Cancillería aprovecha la salida del Donald Trump para recuperar el diálogo sobre las exportaciones al país del norte, vedadas desde 2017 por el magnate convertido en presidente de los Estados Unidos. La llega de Joe Biden podría ser la puerta de entrada nuevamente a ese mercado, que supo representar un negocio 12000 millones de dólares anuales en biodiesel.
En 2006 el país hizo una apuesta fuerte hacia la generación biocombustibles en la Argentina, con hincapié en el biodiesel. Fue una de las actividades que mejores réditos había dado hasta el 2015, agregando valor a la cadena agropecuaria, la cual está nuevamente primarizada. También aportaba sustentabilidad a la elaboración de combustibles, porque se hacen con materia prima renovable (caña de azúcar, maíz y soja). El diagnóstico era claro. El corte con biocombustibles permitiría reducir la dependencia de los combustibles fósiles, disminuir las importaciones de combustibles líquidos y abaratar los precios de las naftas y el gasoil en el mercado local.
Sin embargo, ese contexto se modificó de manera abrupta a lo largo de los últimos años como resultado de la disminución del valor del petróleo en el mercado internacional y del desarrollo de la producción no convencional de hidrocarburos. Desde el sector petrolero advierten que cuando se potenció su desarrollo (en 2008) el precio del crudo promediaba los 94,1 dólares el barril, para luego saltar a casi 112 dólares en 2012. La incorporación de biocombustibles permitía una disminución de precios de los combustibles. Actualmente el crudo de referencia internacional Brent promedia los 55 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos cotiza en los 52 dólares el barril. Pese a estas bajas, el precio de las naftas en el surtidor no dejó de subir y desde el sector presionan por llevarlo a la marca histórica de un dólar el litro, que implicaría llevar la versión premium a más de 90 pesos.
No todo es ganancia
En contraposición, los precios de los granos registran una escalada de precios constante que los ubican en niveles máximos en un lustro, principalmente la soja y el maíz, dos cultivos sobre los que se compite con el mercado externo tensionando los costos locales. No solo la suba de estos insumos impactan en el precio de la producción de proteína animal (carnes, huevos y leche) sino también en los combustibles.
La utilización de estos insumos para la producción de biocombustibles, que podrían destinarse a la exportación también tuvo un impacto significativo en la balanza comercial argentina, a pesar de que el corte obligatorio permitió sustituir importaciones de gasoil y de nafta.
El principal aporte a la producción de biocombustibles deriva de la elaboración de etanol a base de caña de azúcar, que explica cerca del 90 por ciento del superávit total del etanol. Dado que en su producción no se consumen insumos exportables significativos, su utilización ha permitido un ahorro de divisas relevante para la economía argentina. Tampoco compite con el mercado interno ante un cambio en los hábitos de consumo por una menor ingesta de los azúcares.
La industria argentina de biocombustibles evidenció en 2020 su peor año histórico desde el inicio de la actividad, en 2008. Los registros de producción, ventas al mercado interno y exportaciones, registran caídas muy significativas. En el caso del biodiesel, en la comparación interanual contra 2019, la producción bajó más de un 40 por ciento, el consumo interno se contrajo más de un 50 por ciento (por la parálisis que generó la pandemia en la actividad económica) y las exportaciones cayeron alrededor de un 35 por ciento, según cifras de la cámara del sector.
En los últimos meses comenzó a verse una incipiente mejora en la exportación de biocombustibles, pero todo dependerá de cuál sea el impacto de una segunda ola global de contagios de coronavirus. Los productores de biocombustibles señalan que no hubo un ajuste desde diciembre de 2019 hasta mediados de octubre de 2020 en el precio vinculante para la compraventa de biocombustibles destinado a cubrir el mandato de corte de gasoil con biodiesel y de nafta con bioetanol. Y cuanto lo hubo, en octubre pasado, la Secretaría de Energía otorgó un 10 por ciento de incremento que, aseguran en el sector, no compensa la suba extraordinaria que tuvo en los últimos años las materias primas agrícolas necesarias para la producción.
Cómo proteger el valor agregado
La situación del sector, compuesto principalmente de pequeñas y medianas empresas, es extremadamente difícil. En la Argentina hay unas 30 fábricas de biodiesel y 24 plantas de bioetanol que se distribuyen en la provincia de Buenos Aires, la zona del sur de Santa Fe y Entre Ríos, también en San Luis y Santiago del Estero, el bioetanol en base a maíz se ubica en el centro de Córdoba y en base a caña de azúcar, en Tucumán, Salta y Jujuy. El sector de los biocombustibles emplea a más de 10 mil personas en forma directa.
El año pasado se había acordado con todos los presidentes de bloques que la semana pasada (19 y 20 de enero), luego del dictamen de comisión, se trataría en Diputado la prórroga de la Ley de Biocombustibles. Ya cuenta con media sanción de Senado. La exclusión de este asunto en el temario que se conoció la semana pasada levantó una espesa polvareda y especulaciones varias. La mayoría apuntaba al lobby de las petroleras sobre los gobernadores de provincias productoras de combustibles fósiles.
Los legisladores le enviaron una nota al presidente de la Cámara solicitando el tratamiento del proyecto cuyo régimen caduca en mayo. La iniciativa prevé beneficios impositivos hasta diciembre de 2024 para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas.
El costo fiscal acumulado asociado a la elaboración de biocombustibles se ubicó en torno a los 6.000 millones de dólares, de los cuales la mayor proporción lo explica la producción de biodiesel. Desde la Cámara de Biocombustibles aseguran que el ahorro por no importar nafta y gasoil quintuplica esa cifra. De todos modos, volver al sistema de exportación primaria del poroto de soja o grano de maíz, además de ser anacrónico, constituye desconocer la importancia del agregado de valor en origen, ya que el país posee el complejo agroexportador más grande y eficiente del mundo.
Apelar al sentido común
Las restricciones impuestas en 2017 por el gobierno de Trump al biodiésel criollo figuran en la agenda que busca consensuar el gobierno de Fernández. El canciller Felipe Solá viene manteniendo permanentes contactos con la Cámara Argentina de Biodiésel a los fines de destrabar lo que supo ser un negocio exportador por alrededor de 1.200 millones de dólares anuales.
El magnate de la construcción impuso como presidente de los Estados Unidos aranceles de más del 70 por ciento al biodiesel argentino después de que llegaran a más del 150 por ciento en 2018. Trump, presionado por el lobby agrícola del Medio Oeste (donde se producen la soja y derivados) impuso estos aranceles argumentando que el biodiésel argentino llegaba a Estados Unidos con precios inferiores al costo (dumping) y que existía un subsidio encubierto, a través de la existencia de altos derechos de exportación para el aceite.
Como contrapartida, permitió el ingreso de limones argentinos, un negocio de pocos más de 20 millones de dólares anuales. Un ejemplo de los resultados de la diplomacia macrista.
“La expectativa es positiva, aunque no es de esperarse un cambio radical", aseguró el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. "El perfil general que advierto hasta ahora es que son personas, en primer lugar, competentes, con experiencia en la función pública; y esto contrasta mucho con los funcionarios de la gestión anterior. Se trata de personas conocedoras del aparato burocrático del Estado Federal. Yo podría decir que pertenecen a lo que podríamos denominar centro moderado, como Biden”, dijo Argüello en declaraciones a Futurock FM.
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