El peso anual de la deuda en los hogares monomarentales se ubica entre un 20% y 40% en países de la región

La falta de pago de la cuota alimentaria sumado a la desigual carga de los cuidados y a un acceso al mundo del trabajo más precarizado y con ingresos más bajos para las mujeres, generaron en este último tiempo un constante incremento del endeudamiento familiar, principalmente en hogares sostenidos por mujeres que dependen de diferentes formas de créditos para la compra de alimentos, de ropa y el pago de servicios básicos como luz, gas y agua. En este escenario, dos experiencias concretas, una en Argentina y otra de Brasil, ponen de manifiesto este problema así como el abordaje desde la política pública para acompañar los procesos de renegociación de deuda de las mujeres, sobre todo de aquellas de sectores populares, que se ven aún más perjudicadas. 

Al respecto, tanto el programa bonaerense Desendeudadas como el brasileño Desenrola, se pusieron en marcha este año y marcan un precedente global en materia de herramientas del Estado para hacer frente a esta problemática regional que profundiza las dificultades para la autonomía económica de las mujeres ya que el sostenimiento de las economías domésticas se vincula con la toma de préstamos para gestionar la vida diaria, sobre todo en momentos de crisis. 

“Nuestro proyecto de país debe discutir el desarrollo considerando también cómo se insertan las mujeres en el mercado laboral y poner en ese sentido a la deuda como problemática central vinculada a la feminización e infantilización de la pobreza. Frente a las propuestas de individualismo extremo y mercantilización de la vida, estas experiencias públicas muestran el rol de lo colectivo y la necesidad de más Estado y de una comunidad solidaria”, señaló Estela Díaz, actual ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la apertura del Encuentro Regional sobre Políticas Públicas Feministas para la Igualdad y Justicia Social, que tuvo lugar en La Plata.

En el encuentro se planteó la necesidad de pensar el endeudamiento de las jefas de familia como un problema social y que puede ser abordado mediante estrategias regionales de acuerdo a las experiencias de especialistas y funcionarias de diferentes países de América Latina y El Caribe. “Primero nos hicimos una pregunta política: por qué se endeudan las mujeres, para qué se endeudan y a qué costo, y desde entonces empezamos a entenderlo y a tratarlo como un problema colectivo y no entre privados, algo que también compartimos con la discusión del incumplimiento de cuota alimentaria”, expresaron desde el ministerio de PBA.

Quiénes se endeudan y por qué

Hay una relación estrecha entre las desigualdades laborales que enfrentan las mujeres en el mundo laboral, con empleos más precarios e informales, el incumplimiento de la cuota alimentaria de progenitores, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y el inicio de ciclos viciosos de deuda para sostener la vida cotidiana que plantean la necesidad de dimensionar el problema del sobreendeudamiento de las mujeres, sobre todo de aquellas jefas de familia, así como del rol de la política pública para dar respuestas. 

En los últimos años, incentivado por la crisis generada a partir del préstamo de Stand-By con el FMI por parte del gobierno de Mauricio Macri en 2018 y el posterior impacto de la pandemia, se fue incrementando el número de mujeres que necesitan endeudarse para poder acceder a bienes como alimentos, ropa, artículos de primera necesidad y al pago de servicios básicos como luz, gas, agua e internet. En nuestro país el 60% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos mientras que el 70% usa ese crédito tomado para comprar comida o medicamentos, según un informe del Ministerio de Economía Nacional y la CEPAL. Así, el escenario de subsistencia diaria de estas familias está atravesado por demoras tanto en el pago de impuestos y servicios como de tarjetas de crédito, deudas en comercios, y préstamos bancarios e informales. 

En ese sentido, las desigualdades socioeconómicas que afectan a las mujeres también se manifiestan en un acceso diferencial a servicios financieros. Según un informe del Banco Central, las mujeres representan en todas las entidades de financiamiento menos de la mitad del crédito total otorgado, con montos promedio por persona que están al menos 30% por debajo de los varones, en tanto que al mirar la participación de aquellas que están en edad laboral -30 a 60 años- las brechas de género se amplían. Además existe un predominio de entidades no bancarias que, por sus características, conllevan condiciones financieras menos favorables para las mujeres, sumado a una mayor presencia en el financiamiento a través de tarjetas de crédito y préstamos personales, que se asocian en mayor medida al gasto doméstico, y un menor lugar en los adelantos en cuenta corriente y préstamos prendarios.

Frente a estas realidades, se desarrolló esta semana el primer encuentro regional con especialistas para analizar la situación del endeudamiento doméstico y las herramientas de política pública en marcha o que podrían implementarse. En ese sentido, en el evento impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se detalló que, según relevamientos provinciales, casi el 60% de quienes consultaron por un programa de desendeudamiento dijeron estar endeudadas con más de cuatro entidades, debido a la necesidad de “tomar deuda para hacer frente a pagos atrasados”, asimismo el 90% de esas mujeres tenía a su cargo hijos, en tanto que un 40% debía hacer frente al incumplimiento del pago de la cuota alimentaria correspondiente.

“La cuestión del sobreendeudamiento de los hogares es algo que se empezó a discutir en Argentina, particularmente por el rol del movimiento feminista, a partir del año 2018 y el acuerdo con el FMI que produjo una serie de políticas de ajuste que hicieron que cayera el poder adquisitivo de los salarios y de los subsidios, que se disparara la inflación, que se dolarizaran bienes y servicios, y eso ha empezado a transformarse en un gran endeudamiento que cambió de modo cualitativo y de modo cuantitativo, porque si antes las mujeres se endeudaban para financiar un viaje, la deuda empieza desde entonces a estar destinada a los gastos para la reproducción de la vida, es un cambio muy importante que no se había dado en nuestro país hasta entonces y que además se vio agravado en la pandemia”, expresó Luci Cavallero, Doctora en Ciencias Sociales (UBA) y asesora de la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de PBA.

En relación agregó que “al estudiar las dinámicas que hacen pasar a las mujeres de acreedoras a deudoras encontramos el vínculo directo que existe con el incumplimiento de la cuota alimentaria, y esto ha generado un punto nodal para pensar la política pública feminista”. En detalle, el nulo o poco monto percibido de las obligaciones alimentarias lleva a las mujeres a realizar múltiples estrategias para garantizar las necesidades de sus hijas e hijos, entre ellas, a un sobreendeudamiento para la subsistencia diaria. Según una encuesta provincial realizada a más de 6 mil mujeres de diferentes rangos de edad, “el 32% indicó que tuvo que solicitar ayuda económica a otros miembros de la familia o personas del círculo cercano y el 12% se encontró en la necesidad de solicitar créditos o préstamos para cubrir gastos o necesidades de cuidado”, es decir, que “un 44% depende de dinero prestado, ya sea de familiares como de bancos y financieras, para completar sus ingresos mensuales”. En particular, en los casos en los que se debe recurrir al endeudamiento, la modalidad más mencionada fue el prestamista informal (38%). 

Lo anterior no es una particularidad de la provincia o el país, sino que forma parte de problemas estructurales de las mujeres en toda la región para alcanzar mayor autonomía económica. Tal es así que del evento participó Sarah Moreira Lordelo, coordinadora de Regulación Financiera y Coordinadora General de la Secretaría de Reformas Económicas del Ministerio de Hacienda de Brasil, quien indicó que “en el actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, partimos de un diagnóstico basado en un gran endeudamiento de la población -el país tiene alrededor de 70 millones de personas en esa situación- y está relacionado directamente con las consecuencias de la pandemia, un fuerte bloqueo para acceder a nuevo crédito por deudas y tasas de interés altas, de las que es muy difícil recuperarse, sobre todo porque son perfiles de bajos ingresos”. Según explicó la especialista, “la población más vulnerable (de hasta dos salarios mínimos) aumentó su deuda en este último periodo y, por lo tanto, terminó entrando en registros de deudores y no consiguen realizar un contrato de alquiler ni pagar cuentas básicas de agua, luz, teléfonos, y quedan bloqueadas en el sistema, sumado a la pérdida de acceso a servicios financieros básicos, por lo cual, recuperarse de la situación se vuelve aún más complicado. Este problema es aún más relevante para las mujeres brasileñas que tienen más dificultad para saldar esas deudas porque traen más barreras de acceso al mercado de trabajo, con una remuneración menor”. 

Según datos presentados por CAF, sobre relación de deuda de los hogares como porcentaje de los ingresos anuales en cuatro países de la región -Chile, Uruguay, Colombia y México- el peso del endeudamiento se ubica entre un 20% y 40% anual en las familias, lo que se evidencia también al mirar por nivel de riqueza de los hogares, donde es mayor la carga en aquellos de deciles más bajos “con menos activos financieros y no financieros”. 

Políticas públicas en marcha

Frente a este escenario tanto la provincia de Buenos Aires como, a escala nacional, el gobierno de Brasil pusieron en marcha políticas públicas que buscan impulsan el desendeudamiento de las mujeres cabeza de familia. 

En el caso de PBA se impulsó desde enero de este año el programa Desendeudadas. “Tomamos el problema del endeudamiento asociado a otras problemáticas, como es el caso del incumplimiento de la cuota alimentaria, entre otras desigualdades de género”, planteó al respecto Cavallero quien tiene a su cargo la coordinación de esta política destinada a refinanciar la deuda tomada por mujeres en situación de vulnerabilidad cuyo pago les resulta insostenible para la manutención familiar. El programa se creó a través de la sanción de la ley N°15.310 de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires y, a fin de implementar su financiación, se impulsó también un fondo fiduciario para el desendeudamiento de mujeres, que tiene por objetivo la adquisición directa de las deudas de las mujeres con entidades proveedoras de créditos, registradas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), convirtiéndose dicho fideicomiso en acreedor de las personas beneficiarias, mejorando las condiciones de financiamiento.

De acuerdo a lo señalado desde la gestión provincial, el programa busca atender las realidades de las mujeres jefas de hogar que, en su mayoría, no reciben la cuota alimentaria de exparejas. En ese sentido, según datos del informe Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires realizado en 2022 “más de la mitad de las mujeres bonaerenses encuestadas (51,2%) indicó no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos” en tanto que “el 44% debió endeudarse para completar sus ingresos”. De esta forma “el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar a las mujeres de la condición de acreedoras (ya que se les debe la distribución en igualdad de la manutención y el cuidado de hijas e hijos) a la condición de deudoras, afectando su posibilidad de ejercer una vida autónoma”. Lo anterior agrava las desigualdades de género estructurales ya que “9 de cada 10 mujeres bonaerenses se ocupan del 77% de las tareas domésticas y de cuidados teniendo que hacerse cargo de los hogares pero sin recibir remuneración alguna por esto y con una brecha de 20 puntos en la participación laboral entre varones (71%) y mujeres (52%).

Por su parte en Brasil se lleva a cabo desde mediados de este año el programa Desenrola, “el mayor programa de renegociación de deuda de la historia del país”, según afirmó Moreira Lordelo, a cargo de la iniciativa. El programa se desarrolla en tres etapas: “La primera comenzó por la habilitación de los acreedores que tuvieron que retirar de los registros de morosos a quienes tenían deuda de hasta 100 reales, que es un monto bastante irrelevante para nuestro país, fue un criterio obligatorio para que los grandes bancos entran en el programa y puedan adherir al resto de las etapas. La segunda consistió en un incentivo regulatorio para las deudas bancarias, a quienes no contaban con garantías pero sí tenían potencial de renegociar. Y, por último, la gran innovación, es la plataforma de renegociación donde se realiza todo el trámite”, explicó la funcionaria del país vecino. “El beneficio incluyó hasta ahora un aproximado de más de 20 mil millones de reales y benefició a más de 2 millones de personas con ingresos brutos mensuales de hasta 2 salarios mínimos o que estén inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal”, puntualizó y dijo que “se fijó un corte en el cual entraron solamente las deudas entre 2019 y 2022, a fin de que no se estimule un comportamiento de riesgo moral”.  Finalmente otro punto novedoso es que la plataforma digital donde es posible negociar las deudas según una serie de criterios determinados ofrece también un curso de educación financiera que busca “tener impacto duradero para la vida de estas personas que se tornen más conscientes de su consumo, de nuevas deudas que puedan asimilar”.