El Gobierno disolvió tres fondos fiduciarios por encontrar supuestas irregularidades en el manejo de los fondos y el incumplimiento de objetivos. Entre ellos se destaca la suspensión del "Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social", que había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”.
La decisión se fundamenta en la "necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado", señaló el comunicado del Ministerio de Economía. Entre los considerandos se indicó que la Sindicatura General de La Nación (SIGEN) "realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento".
"Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente", señaló el Gobierno en un parte de prensa. El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social "fue utilizado con finalidades políticas y clientelísticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos", indicó el parte oficial. En esta línea, "las auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros".
Este fondo financiaba dos programas:
-Casa Propia: tenía por objetivo generar soluciones habitacionales a través de distintas líneas que abarcan la construcción de viviendas nuevas, refacciones o ampliaciones para el mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e infraestructura básica o la provisión de equipamiento comunitario. Los subprogramas contemplaban facilidades para la tercera edad, los criterios de sustentabilidad, la incorporación de nuevas tecnologías y el respeto por las tradiciones culturales.
-Reconstruir: fue ideado para reactivar y finalizar obras de vivienda que fueron paralizadas y abandonadas. Contaba con una inversión financiada a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.
Más ajuste
Los fondos restantes que fueron cerrados son el "Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar" (PRODAF), el "Fondo Fiduciario Del Servicio Universal" (FFSU). Este último había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC (servicios de tecnologías de la información y la comunicación), con servicios pagados por los usuarios. "Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN", añadieron.
El Ministerio de Economía subrayó que "entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera".
"Estos motivos evidenciaron que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia", agregó.
En tanto, el PRODAF había sido creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.
"En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución", precisó Economía.
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