Inflación, salarios y FMI, las claves de los modelos que llegaron al balotaje

El futuro político, social y económico del país se define este domingo en un balotaje entre el candidato libertario Javier Milei, que promete reformas profundas aún sin apoyo político suficiente, y en representación por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, que tiene la gobernabilidad pero no anticipa cambios estructurales. El actual ministro de Economía promete, en esta materia, una baja de impuestos a la producción, equilibrio fiscal sin recortes abruptos, superávit comercial con reducción de cargas para las economías regionales y competitividad cambiaria. El líder de La Libertad Avanza (LLA) promete una dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central, una reducción del gasto público del 15 por ciento del PBI, eliminación del 90 por ciento de los impuestos, flexibilización laboral y una apertura comercial indiscriminada.

El candidato que sea ungido Presidente por los próximos cuatro años tiene una cita pendiente que marcará, además, buena parte del rumbo económico y social de la Argentina: deberá reunirse con las autoridades del Fondo Monetario para discutir cómo sigue el programa de repago del mega endeudamiento que dejó el macrismo, actual sustento político del candidato libertario. Y le guste o no a Milei, el segundo convite deberá ser con el presidente chino Xi Jinping, dado que actualmente 17.860 millones de dólares de los 20.928 millones de reservas brutas responden al swap con China. Sin contar el enorme apoyo financiero del gigante asiático en momento en que el FMI buscó desestabilizar con sus desembolsos para imponer su receta de más ajuste.

En lo que respecta a la deuda con el Fondo, el titular del Palacio de Hacienda ratificó su plan de saldar los pagos con el organismo, con el objetivo de que no intervenga más en las políticas del Estado. Pero, adelantó que se rediscutirá el acuerdo actual por ser “inflacionario” (obliga al país a actualizar el tipo de cambio y la tasa de interés al ritmo de la inflación, generando una bola de nieve imparable). De hecho, desde esta semana comenzó un nuevo esquema cambiario de “crawling peg” –devaluaciones programadas—por debajo de la inflación. Para Milei, el acuerdo no es un problema porque, según él mismo afirmó, su ajuste será mucho más profundo que el exigido por el organismo multilateral que dirige Kristalina Georgieva, con la eliminación del cepo inmediata. Massa promete eliminar esa restricción cambiaria en un plazo máximo de 12 meses.

Dólar y finanzas

Aunque persistan las dudas en el mercado sobre si avanzará con su propuesta dolarizadora, dado que las reservas netas son negativas en 10.500 millones de dólares, los pasivos del Central alcanzan los 37.500 millones y el país no tiene acceso al financiamiento bursátil, Milei sostiene que su plan no es negociable. Más allá de la discusión de si esta política deberá aplicarla sin apoyo del Congreso, el daño económico y financiero parece aún más difícil de estimar.

“En materia económica, solo es posible dolarizar con una hiperinflación. En materia financiera, los bancos tendrían pérdidas significativas por sus bonos en pesos y aumentaría el riesgo de corridas bancarias, por la consolidación de encajes en dólares y en pesos”, señala un informe de la consultora 1816. El riesgo último es la confiscación de depósitos, lo que aumentaría el peligro de corridas bancarias. En este contexto, según el análisis de la consultora, el mercado ve como probable una inflación que suba a la zona de 30 por ciento mensual (sí, mensual). “Sólo parece factible dolarizar a un tipo de cambio oficial ridículamente alto, incluso mayor al que dolarizó Ecuador, lo que implica un tipo de cambio real –descontada la inflación—superior al doble histórico”, apunta la consultora.

Diana Mondino, eventual canciller de un gobierno de Milei si gana las elecciones 2023 le puso número a esa imposibilidad. "Se necesitan 90.000 millones de dólares", aseguró la candidata a diputada nacional. No obstante, las estimaciones del mercado sobre el tipo de cambio al que se realizaría la “competencia de monedas” van de 3000 a 9000 pesos por dólar, según el financiamiento que se logre. Para ello, el ideólogo de la dolarización, el economista Emilio Ocampo, reconoció que utilizaría como garantías las reservas de gas y petróleo shale de Vaca Muerta, las de litio y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para conseguir las divisas que se requieren para la conversión.

Massa se enfocará en reducir la brecha cambiaria, previo a la eliminación del cepo, al que puso como fecha límite 12 meses, con el objetivo de evitar que ese diferencial continúe siendo incompatible con la acumulación de reservas. Una alternativa intermedia será desdoblar el tipo de cambio, ya sea de manera formal entre comercial y financiero o fiscal, mediante la aplicación de impuestos y tasas que generen un diferencial en los precios de la divisa con el objetivo de estimular la liquidación de exportaciones y desestimular la demanda privada y favorecer el ahorro en pesos.

Massa afirmó que avanzará en la unificación y capitalización de las empresas en las que tiene participación el Estado a través del FGS. “En concreto, significa que gran parte de deuda pública se transforme en capitalización de compañías para equilibrar las cuentas, acompañado del achicamiento de la unidades de gestión, de dirección de las empresas públicas: menos directores, menos gasto de funcionarios políticos y más gestión”, detalló el ministro de Economía y candidato por UP. También promete, dentro del marco de un nuevo acuerdo con el FMI, una reducción de tasas de interés para evitar que siga siendo un lastre para el crédito productivo y familiar.

Política fiscal

Milei anticipó que, de ganar las elecciones 2023, llevará a cabo una reducción drástica del gasto público con impacto del 15 por ciento del PBI y una rebaja del 90 por ciento en impuestos (equivalente a 2 puntos del PBI). El líder libertario pretende un recorte fiscal sin precedentes. “Mayor al que exige el Fondo Monetario”, se ufanó en más de una entrevista, al tiempo que repite como mantra la falacia de que ese recorte, que generaría de por sí un fuerte estancamiento e inflación, lo pagaría la política. El gasto presupuestario total en salarios y estructura de los funcionarios de la administración pública representa sólo medio punto porcentual del PIB.

Un recorte de 15 puntos del PBI en el gasto (26,3 billones de pesos al nivel actual del Producto) equivale a casi un año de gastos de toda la administración pública, donde la principal erogación son las jubilaciones y el pago de estatales (docentes, médicos y fuerzas policiales) Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos totales hasta julio sumaron 17 billones de pesos, que equivale a apenas el 70 por ciento del recorte actual que pretende Milei. Es decir, no habría gasto por cubrir en el presupuesto próximo. Las miradas apuntan a posibles privatizaciones.

El ministro de Economía presentó un proyecto de ley de Presupuesto provisorio, con una serie de anexos (separatas) para eliminar las exenciones impositivas de algunos sectores privilegiados que generarían casi 3 puntos adicionales en la recaudación. Por su parte, anticipa que continuará la eliminación de Ganancias para los trabajadores y el Compre sin IVA, que acumuló hasta este jueves 152.624 millones de pesos de reintegro a 18 millones de personas que se vuelcan al consumo.

Una opción, también deslizada por Milei, son las privatizaciones. De todos modos, tampoco llegan a ahorrarse los subsidios. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, el déficit operativo de las empresas públicas el año pasado fue de 363.735 millones, lo que representa el 0,78 por ciento del PBI. Si se suman los aportes de Nación a las empresas para financiar gastos corrientes y de capital, el número asciende a 550 mil millones, el 1,2 por ciento del PBI.

Milei asegura reducir el 90 por ciento de los impuestos, lo que equivale a una pérdida de ingresos fiscales equivalente a 2 puntos del Producto (10.000 millones de dólares o 3,5 billones de pesos). Los principales ingresos impositivos son la recaudación del IVA y los ingresos por el Impuesto al Cheque. Le siguen, de lejos por la sequía, los Derechos de Exportación e Importación y el Impuesto a las Ganancias. Del total de ingresos, 12,8 billones corresponden a corrientes: 7,8 billones a impositivos y 4,1 billones a aportes y contribuciones de la Seguridad Social, medidos hasta julio.

Inflación

El recorte en subsidios que pretender el líder libertario implicará multiplicar por hasta diez algunos gastos en servicios públicos e incluso pasar de 0 a valores impensados en otros rubros. Sólo en transporte y combustibles, que quitando alimentos, son los rubros de mayor incidencia en la canasta básica de los hogares, serán los más afectados.

Actualmente, aún con precios regulados, la canasta básica total ascendió a 319.420 pesos a septiembre. Con la poda de Milei, el costo indirecto ascendería en 86.000 pesos en concepto de Transporte y se dispararía 943.000 pesos en Salud y Educación. Es decir, la canasta básica, ya difícil de alcanzar, superaría ampliamente el millón de pesos sin contar los subsidios. El concepto de “salario indirecto” es fundamental para explicar todo lo que el proyecto de Javier Milei (y Mauricio Macri) pretenden eliminar, encareciendo la vida cotidiana de las familias argentinas.

El caso más resonante fue el transporte de colectivo para la zona metropolitana, se asume que las dos personas activas de la familia, con el boleto de colectivo a 56 pesos, y un uso ida y vuelta por 22 días hábiles (sin considerar otro uso del transporte) gastan hoy 4928 peos. Con una suba a 700 pesos el boleto, el gasto se eleva a 71.600 pesos. El salario indirecto contenido en el subsidio al boleto es de 56.678 al mes.

Otro recorte que pretende el líder libertario es sobre los combustibles, con el objetivo de incrementar su rentabilidad y después privatizar la petrolera de bandera. "Si gastan lo equivalente a un tanque de nafta súper por semana (60 litros) a 280 el valor por litro, implica un gasto mensual de 16.800 pesos. Con una suba de la nafta equiparada a paridad internacional, el valor del litro se elevaría a 680 pesos y sumaría un gasto mensual de 40.800 pesos.

Con dos tanques mensuales, el salario indirecto contenido es de 48.000 por mes, de acuerdo con las cifras que difundió el CEPA. En el caso de la luz, el usuario intermedio subsidiado pasará de pagar 4392 pesos promedio a 10.269 pesos (casi tarifa plena). El gas casi se duplicaría en de 3586 a 6053 pesos. En agua y cloaca dependerá de la zona: quien paga hoy 4400 pesos pasará a pagar 16.000 pesos, el que abona 5600 lo hará en 17.000 y quien recibe hoy una factora de 6200 afrontará una tarifa de 19.900 pesos mensuales. El cálculo se corresponde a la zona metropolitana y fue estimado por el IIEP del Conicet y la Consultora Economía y Energía para hogares de consumo promedio. 

Si además incorporamos otros gastos familiares, el salario indirecto es todavía mayor. Si uno de los hijos/as va a la escuela secundaria, la eliminación de la escuela pública gratuita supondría el pago de una cuota de no menos de 60.000 pesos. Si otra hija/a estudia una carrera universitaria, como Medicina u Odontología, el costo mensual es de 300.000 pesos.

En el rubro salud, considerando que uno de los integrantes del hogar es adulto/a mayor, la cobertura de PAMI con medicamentos gratis supone un salario indirecto de 21.850 pesos al mes. Si alguno de los integrantes padece diabetes, de tener que pagar el costo del tratamiento, este asciende a 561.600 pesos mensual, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Massa apuesta a acumular dólares para sortear la restricción externa y aliviar el financiamiento de importaciones y la reducción de la brecha cambiaria, lo que podría contener drásticamente las presiones inflacionarias. Desde el miércoles pasado, el Banco Central comenzó un esquema de devaluaciones prefijadas en torno al 3 por ciento, por debajo de la inflación mensual, cuyo último dato se ubicó en el 8,3 por ciento. El componente importado en el índice de precios mayoristas, de todos modos, se encareció un 9,3 por ciento, fijando un piso alto a la inflación minorista. Es por eso, que el cambio de estrategia será crucial en la discusión con el FMI para evitar continuar con un programa inflacionario.

Jubilaciones y salarios

La nueva suba de los haberes jubilatorios, cuyo ajuste surge de una formula entre recaudación e variación salarial y que se aplicará en diciembre, se ubicaría en 33,5 por ciento y el aumento acumulado en el año se extenderá al 147 por ciento. Este plus que se incorporó con cada nueva actualización fue posible con Estado presente que administra los recursos y un FGS que permite direccionar ese dinero a segmentos producticos que generen empleo, además de realizar inversiones no solo financieras; dos instrumentos que el candidato libertario Javier Milei busca desmantelar y reemplazar por un esquema de renta privado, como fueron las tristemente célebres AFJP.

En simultáneo, el FGS se utilizaría como capital respaldatorio de la toma de deuda para dolarizar la economía. De acuerdo con las cifras oficiales, a fines del primer trimestre de 2023, el valor de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a 11,3 billones de pesos, lo cual representó un aumento de 1767 mil millones. Si se valúa en dólares, el alcanzó a fines del trimestre bajo análisis los 54.081 millones de dólares, 0,5 por ciento mayor que a fines del trimestre anterior, y 4,5 por ciento superior a igual trimestre de 2022.

Sin los refuerzos y los beneficios cuantificables que se otorga a jubilados y pensionados y como resultado único de la fórmula, a partir de este mes cobrarían 87.460 pesos. Sin embargo, son los refuerzos (37.000 pesos) y garantía del 82 por ciento del salario mínimo (32.260 pesos) este ingreso alcanza al 156.720 pesos. “Además, si el jubilado o pensionado tuviera como obra social PAMI, se adiciona el refuerzo de 15.000 pesos más, totalizando 171.720 pesos”, detallan desde la ANSES.

En materia laboral, el candidato libertario anticipa, bajo el rótulo de “modernización”, un plan de flexibilización de las condiciones. El problema es que cada vez que en nuestra historia se implementaron programas de gobierno basados en este enfoque neoliberal, no sólo no se impulsó la creación de nuevos puestos de trabajo sino que, además, aumentó la informalidad, cayeron los salarios reales y creció marcadamente la desigualdad. “Puede presumirse entonces que tras estas iniciativas el objetivo es consolidar un patrón de redistribución regresiva del ingreso”, sostienen desde el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores Argentinas (Cifra-CTA).

Una de las reformas propuestas, se plantea reducir o eliminar las indemnizaciones (el “modelo UOCRA”). En los últimos años, y no solo en el marco de esta campaña electoral, surgieron distintas propuestas que implican eliminar las indemnizaciones por despido, reemplazándolas por algún sistema de seguros.  En general se trata de la creación de un fondo alimentado con aportes sobre los salarios, a partir de los cuales se paga un monto en caso de desvinculación laboral, sin que en ese momento los empleadores deban afrontar una indemnización. La eliminación de las indemnizaciones que pretende LLA busca, principalmente, “flexibilizar” o facilitar su salida; es decir, el despido.

La posibilidad de iniciar un proceso sostenido de creación de empleo de calidad y crecimiento de los ingresos, como el que promete Massa, se asentaría sobre dos grandes pilares: por un lado, de un régimen macroeconómico y productivo, que genere los incentivos necesarios para la inversión, el crecimiento de la productividad y la generación de empleo de calidad. Y por otro, de instituciones laborales y sindicatos activos, que promuevan una distribución del ingreso equitativa, con protección social y goce pleno de derechos laborales, en condiciones de productividad creciente.