El presidente, Alberto Fernández, anunció una desdolarización y que busca tarifas diferenciadas para los servicios públicos, que se guiarán por las capacidades patrimoniales de cada hogar. Atar las boletas al tipo de cambio pese a que la energía se genera dentro del país y los ingresos de las familias corren por otra vía fue una idea de Mauricio Macri para defender los intereses de las compañías del rubro. Si el Frente de Todos mantenía ese sistema, el gas debería aumentar más de 200% y la luz 170%.
Los tarifazos del 3.000% de la luz con el macrismo no redundaron en una mejora en el servicio para los hogares, como prometió en su momento Cambiemos, ni colaboró en una reducción drástica de los subsidios estatales. Sí impactaron en un engrose de los bolsillos de las energéticas, que consiguieron ganancias extraordinarias.
"Si siguiéramos con el sistema de revisión integral vigente que heredamos de gobierno anterior, el gas debería haber aumentado un 80% en octubre y debería aumentar un 130% en abril. La electricidad debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril", reveló el mandatario en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
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"Mi objetivo final es lograr tarifas diferenciales, según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que el subsidio del Estado sólo ampare a quien lo necesite", añadió en ese sentido.
Previamente, el jefe de Estado enviará al Legislativo un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos. “Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas, repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”.
De ese modo, planteará que los servicios “no se vuelvan un problema para argentinos y argentinas y que se preserve la sustentabilidad macroeconómica que hemos delineado en el presupuesto nacional que ustedes han aprobado”.
Al asumir, Fernández congeló las tarifas públicas mientras comenzó a estudiar los cambios realizados por la gestión anterior y preparar un nuevo esquema. De este modo, evitó una mayor pérdida del poder adquisitivo de las familias.
Para el 2021 se proyecta que los subsidios energéticos de la administración general alcanzarán los 623.682 millones de pesos (1,7% del PBI), manteniendo el mismo nivel que este año. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, los subsidios a la energía eléctrica se proyectan en 446.579 millones de pesos, lo que representa 1,2% del Producto.
Dentro de este componente, el monto más importante corresponde a transferencias a Cammesa (441.750 millones de pesos), que crecerían 3,9% en términos reales con respecto al cierre estimado para 2020.
El Presupuesto para Cammesa del año próximo medido en dólares, para poder comparar con períodos previos, es 4.781 millones y representa un aumento de 211 millones con relación al crédito vigente en 2020 (5%). En 2019 fue de 2.877 millones de dólares y en 2020 fue de 4.570 millones.
La provincia de Buenos Aires va hacia la desdolarización
Ante el descongelamiento de tarifas para este año, en el distrito gobernado por Axel Kicillof se apuntan a definir un esquema propio en comunión con la política nacional. Lo que ya está definido es que se desdolarizarán las tarifas de energía eléctrica en Buenos Aires.
Cuando se fijó el mecanismo de ajuste anual del valor agregado de distribución (VAD), en la fórmula polinómica la ponderación del índice de salarios representa el 56%, el IPIM el 24%, el IPC el 12% y el tipo de cambio el 8%.
La inclusión del dólar en la fórmula, en un contexto de fuerte devaluación de la moneda, como el año 2018 y 2019, contribuyó a incrementar la fórmula de ajuste. El VAD configura el importe que las empresas destinan para afrontar los costos que significa construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica, es decir: obras, insumos, maquinarias, salarios, entre otros.
Según pudo saber El Destape, ya fue acordado que se elimine el tipo de cambio de la fórmula. Ahora resta saber cómo se reemplazará esa variable, aunque puede elevarse la proporción de incidencia del resto de los factores en el futuro.
Nuevas inversiones energéticas
En otro orden, el mandatario señaló que un objetivo será promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, “desde su extracción hasta su industrialización, y genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas”.
“Tenemos que trabajar para recuperar el autoabastecimiento y generar las condiciones para que todos los argentinos y todas las argentinas tengan acceso a la energía en forma eficiente. Podemos convertirnos en un exportador de energía a nivel regional y mundial. Nuestros países vecinos son demandantes de energía que nosotros podemos abastecer en forma competitiva”, enfatizó el jefe de Estado.
En ese sentido, sostuvo que el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo, “un combustible clave en el marco de la transición energética que los países impulsan para minimizar los efectos del cambio climático”.
“Sabemos cómo hacerlo. YPF lidera del desarrollo de la producción hidrocarburífera en el país y hoy sus proyectos son competitivos a nivel mundial. De esta manera, vamos a agregar más valor en la cadena y favorecer un mejor balance de divisas”, anticipó el mandatario.
Movilidad sustentable
Por último, Fernández soslayó que el mundo avanza hacia “vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso del hidrógeno verde”. Por ende, remarcó que Argentina “debe ingresar paulatinamente en este sendero”, por lo cual implementará incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como de la producción en el país de ese tipo de vehículos y su cadena de valor, que comienza en el litio.
“Luego de un año de trabajo con los actores de la cadena automotriz, empresarios fabricantes de autos y autopartes, trabajadores y el gobierno, llegamos a un acuerdo para este proyecto de ley”, celebró. El texto incluye dos grandes capítulos: incentivos fiscales para la inversión y la creación del Instituto de la Movilidad. Se espera que la la ley facilite la realización de inversiones por más de US$ 5.000 millones de dólares.