El próximo 23 de abril la comunidad educativa tendrá un hito en la lucha contra el desfinanciamiento que pretende llevar el gobierno de Javier Milei contra las universidades públicas y toda la Educación pública. El presidente quiere implementar el presupuesto más bajo desde 1997, año en el cual se empezó a tener registro del programa: el Ministerio de Educación de la Nación recibirá el 5,34 por ciento de los recursos nacionales en 2024, según el proyecto de Presupuesto, lo que implica una caída nominal respecto al 6,02 por ciento asignado en 2023, equivalente a una pérdida real (descontada la inflación) del 48 por ciento interanual.
No están actualizando el Presupuesto del 2024 para la Administración Pública, cuando hubo 211 por ciento de inflación solo en el ejercicio 2023. El gobierno busca sobrecumplir estas metas para recibir financiamiento externo, bajo el auspicio de “sanear el balance” del Banco Central. La contracara de sostener esta política, es que para cumplir estas metas el gobierno decidió recortar jubilaciones, obra pública, transferencias a las provincias e inversión en educación.
El problema no es sanear el balance del Banco Central, sino que la motosierra y la licuadora apuntan principalmente a la clase media y los jubilados. Mientras tanto, el Banco Central se endeuda en dólares para pagar las importaciones que todavía no pagó.
Sin embargo, este ajuste no es sostenible. La diferencia entre el dinero devengado por el gobierno y los recursos disponibles es cada vez mayor, lo que hace dudar sobre la sostenibilidad macroeconómica del superávit del que el gobierno se ufana. Del total del ajuste, un 41 por ciento fue por jubilaciones, un 9 por ciento por los tarifazos en los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, un 8 por ciento por el ahogo a las provincias, un 4 por ciento a los planes sociales y un porcentaje similar por el recorte a universidades.
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Estudiar sin presupuesto ni libros
En este sentido el recorte en todos los gastos nacionales de educación fue de un 48 por ciento interanual, medido en precios constantes, en el primer trimestre. Esto ya está generando problemas graves. “Se cortaron las obras para jardines de infantes, para formación técnico profesional, salarios docentes, insumos como libros o computadoras. Además, las tarifas de luz para universidades y escuelas van a venir con aumentos de al menos el 246 por ciento”, explican desde el colectivo OCIPEX.
De acuerdo con el desagregado del informe, los principales recortes se realizaron en los primeros tres meses del año en transferencias a provincias para Educación (-80 por ciento), a municipios –donde se transfirió 0 pesos— y al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (-34 por ciento). En salarios a docentes universitarios se redujo 32 por ciento, a no docentes (-28 por ciento) y funcionamiento y refacción de universidades -66 por ciento).
También se eliminaron o redujeron a sus mínimos las becas. En concepto de libros hubo 0 pesos de transferencias, en construcción de jardines y escuelas se redujeron las transferencias en un 80 por ciento y en el programa conectar igual se redujo en 83 por ciento.
Si el discurso del ajuste presupuestario intenta justificar la posibilidad del arancelamiento de la universidad pública, estamos ante el riesgo seguro de que quienes hoy acceden libremente a la educación superior no puedan seguir haciéndolo, privándose no sólo del ascenso social que implica poder ser profesional, sino también privando al país de una población más capacitada y formada para un desarrollo económico y social más sostenible a futuro.
El dibujo creativos de Milei
El ajuste de gastos devengados del primer trimestre fue del 31 por ciento respecto a 2023. “Los datos de ajuste del gobierno son una ficción para sostener el veranito financiero, mientras a los argentinos se los somete al más crudo de los inviernos económicos y sociales que se tenga memoria”, señala el informe.
“El único concepto que aumentó como fuente de financiamiento en términos reales fue el crédito externo. Pero si miramos en qué se gastó esa plata nos encontramos con que se usó más de lo presupuestado para todo el año en pagar servicios de deuda pública (FMI y bonistas privados)”, detalla el documento. Prácticamente no se utilizaron los préstamos de organismos multilaterales para obras públicas, agua potable, infraestructura de transporte, agricultura o industria. Esto muestra a las claras el modelo de Milei: timba financiera a costa de la inversión real, y de quienes producen y trabajan.
En este sentido, el brutal ajuste, la devaluación, la desregulación de precios y la inflación llevaron a una estrepitosa caída de la actividad económica y por lo tanto de la recaudación. En marzo la recaudación cayó un 15 por ciento en términos reales respecto al año anterior. La caída estuvo principalmente en el IVA, los aportes a la seguridad social y ganancias. La caída no fue mayor debido al crecimiento del impuesto PAIS y de los derechos de exportación, luego de un año de una importante sequía.
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Pese a que el Gobierno sostiene que se liberaron las compras externas, el cronograma de pago diferido de importaciones, y la existencia de la restricción de acceso a divisas (cepo) para el sector privado, explican el Banco Central logre acumular dólares. En diciembre, el gobierno solo pagó el 17 por ciento de las importaciones realizadas, y en febrero un 41 por ciento. “Por esta razón, hasta economistas que apoyan al gobierno advierten sobre los problemas que traería para acumular divisas levantar apresuradamente las restricciones al movimiento de capitales y la liberalización del mercado de cambios”, alerta el informe.
En simultáneo, las importaciones cayeron debido a la caída de la actividad económica y que el gobierno anterior finalizó el gasoducto Néstor Kirchner que le permite suplir una parte importante de la demanda externa de gas, y el aumento de las exportaciones gracias al crecimiento de Vaca Muerta. Aunque el gobierno de Milei no lo admita, usufructúa los beneficios de dos políticas resistidas por los sectores más liberales. La estatización de YPF en 2012 que inversión mediante, permitió revertir el declive de producción de hidrocarburos en el país.
Por esta razón, en el primer bimestre de este año la balanza energética de dólares fue récord, con 671 millones de dólares, cuando anteriormente había sido sistemáticamente deficitaria, inclusive en dos meses calurosos como son enero y febrero.
Esta perspectiva de menor déficit de dólares en el sector energético para el invierno, por caída de consumo y aumento de exportaciones, permite al gobierno contener la devaluación que exige el sector agroindustrial para liquidar la cosecha gruesa de soja, ya que entiende que el tipo de cambio se encuentra atrasado y les quita rentabilidad. Sin embargo, este frente se encuentra abierto.
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