Dólar y alimentos: nuevos enfoques del gobierno para viejos problemas nacionales

El mes de octubre significó una pérdida de reservas de casi 100 millones de dólares, para finalizar en 42.816. Pero lo más preocupante, fue lo que sucedió el pasado viernes, donde las reservas cayeron en más de 200 millones, la mayor cifra en dos años para una sola jornada.

Si bien el monto obedece en parte a una flexibilización dispuesta por el BCRA para que los importadores puedan reanudar sus compras, -claves en muchos casos para sostener sus líneas de producción-, no menos real es que la política jugó un papel decisivo en la fuerte demanda que tuvo que enfrentar durante todo el mes la entidad monetaria, debido a la incertidumbre que generan tres frentes paralelos que debe sortear el gobierno, como lo son la difícil negociación con el FMI por el pago de la deuda tomada por la alianza Cambiemos, la proximidad de un nuevo comicio que definirá su verdadero poder para llevar adelante su gestión, y la debilidad resultante de un resultado electoral adverso.

Nada de esto debería alterar la situación del dólar en el corto plazo, pues el Banco Central aún dispone aún de 2.500 millones líquidos y otros 3.500 millones en oro para hacer frente a la corrida, lo que le permitiría llegar a las elecciones sin caer en la temida devaluación, que arrojaría a millones de compatriotas a la pobreza.

La incógnita, en rigor, será el día después, cuando deberá abonar al FMI 400 millones y otros 1.900 en diciembre, si es que no prosperan las negociaciones.

Nuevo rumbo

Las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, que exhibieron públicamente la co-responsabilidad del FMI en el insustentable crédito otorgado al macrismo, y lo inconveniente que sería ya no solo para nuestro país, sino también para este organismo que la Argentina volviera a sufrir una crisis de magnitud a causa de sus intervenciones en el país, muestra un nuevo enfoque en la negociación, distante de las sonrientes fotos con los funcionarios que buscaban mostrar en el pasado.  

Un cambio que, en rigor, parece ser la continuidad de otro vinculado a la inflación, donde la estrategia elegida por el gobierno para contener la suba de precios era subsidiar costos y ajustar otras variables antes que incidir de forma directa en el comportamiento de los grandes grupos económicos.
Y es que en efecto, contrariamente a los publicitado por la derecha, hasta finales de septiembre el gobierno decidió sostener una emisión monetaria sensiblemente por debajo de los índices de inflación, pues de acuerdo al economista Juan Latrichano la misma ascendió a un 19 por ciento, es decir 18 puntos menos que la inflación de este período.

Como también, llevar adelante un esfuerzo fiscal para contener tarifas y combustibles (29 por ciento), el dólar en sus diferentes cotizaciones (12 por ciento), y las diferentes tasas (máximos de 36 con 33 de promedio), todo lo cual no impidió una suba de alimentos del 37 por ciento.

Si bien es real que la suba en parte puede adjudicarse al aumento internacional de las materias primas y los insumos difundidos, la evaluación del gobierno fue que, frente al congelamiento de costos, era la posición oligopólica de las cadenas de producción y distribución las que explicaban en gran parte la inflación. 

Por eso, más allá de las oscuras reminiscencias del número adjudicado por orden legal, la resolución 1.050 de la Secretaría de Comercio que establece "una fijación temporal de precios máximos para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional" significó mucho más que una resolución administrativa, pues en los hechos retomó un camino abandondado luego de la sanción del impuestos extraordinario a las grandes fortunas en 2020, como lo es una redistribución del ingreso de parte del capital concentrado hacia el grueso de la población.
Y es que si algo había caracterizado la política económica en este año, era la espera de que el rebote económico, junto a la política de subsidios, logrará revertir la caída de los ingresos que viene sufriendo el grueso de la población desde 2018. Una fórmula que, en los hechos, fue la que anunció temer la vice presidenta CFK, cuando en diciembre del año pasado pidió que “El crecimiento económico del año 2021 se lo queden tres o cuatro vivos nada más”. 

Hasta el momento, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, señaló que el cumplimiento del congelamiento de precios se encontraba por "arriba del 70 por ciento”, donde en muchos casos “las listas de precios fueron retrotraídas al uno de octubre”, dando cuenta de solo “dos cadenas” de supermercados que “no quieren bajar sus márgenes de ganancia” cercanas al 30 por ciento, sobre las que, afirmó, dialogaría personalmente antes de tomar medidas.  

De hecho, de acuerdo al Centro de Estudios económicos y Sociales (CESO) la semana posterior al lunes 18 fue primera en la que se registró una variación inflacionaria negativa desde abril del año pasado, con -0,1 por ciento de modificación en los precios de los productos básicos.

Dólar y alimentos, también se pueden leer a través de un estudio de la consultora Analytica, en el que afirmó que una devaluación del 20 por ciento supondría un traslado a los precios de los alimentos cercano al 10 por ciento en un periodo de tres a nueve meses, lo que generaría 2,1 millones de pobres nuevos, llevando la pobreza al 45,1 por ciento de la población, 4,5 puntos más que en la última medición.

El nuevo enfoque económico parece dar cuenta de un gobierno con mayor decisión para evitar una mayor ruptura del tejido social. Pareciera no haber espacio ni para una devaluación, ni para una mayor suba de los alimentos.