Los resortes administrativos comenzaron a ponerse en funcionamiento, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara este lunes que se denunciará penalmente a los ex funcionarios de Cambiemos que rubricaron el acuerdo con el Fondo Monetario sin controles ni restricciones. "He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", confirmó el mandatario en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Las autoridades que llevarán a cabo esta tarea son la Oficina Anticorrupción (OA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Los elementos fueron aportados, casi en simultáneo con los dichos del Presidente, por el Banco Central, a partir de un exhaustivo informe que realizó a mediados del año pasado sobre el endeudamiento macrista.
Ni bien Alberto Fernández terminó su exposición, donde anunció la decisión de avanzar en una causa contra los funcionarios implicados en el mega endeudamiento con el Fondo, entre ellos al ex presidente Mauricio Macri; el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y los ex titulares del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, entre otros; la autoridad monetaria emitió un comunicado en el que solicitaba intervención de la SIGEN y la OA para analizar las investigaciones llevadas a cabo. La denuncia sería por maniobras que generaron un "perjuicio a la Argentina" en términos económicos y sociales.
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La primera reunión para analizar el caso, que en algunas dependencias se recibió incluso con sorpresa, fue este martes en la OA, organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo, a cargo del Félix Pablo Croux. Allí se analizaron los pasos a seguir y los elementos para iniciar una denuncia penal. Desde la UIF señalaron que están estudiando "hace tiempo el tema del préstamo FMI sobre la base de los informes del Central". "Está en contacto constante con el BCRA y la Comisión Nacional de Valores, donde "hay una mesa de trabajo pero no hay causa por el momento para accionar", explicaron a este medio.
La clave de la documentación del Central se enfoca en la falta de pasos legales hasta la aprobación y posterior control del préstamo. No sólo los incumplimientos en el convenio constitutivo sino de los propios objetivos fijados en el memorándum por los funcionarios que los firmaron, Dujovne y Sandleris. Desde la Sigen afirmaron que todavía no tienen nada con qué avanzar.
Los elementos jurídicos de la causa
El 8 de mayo de 2018 en un mensaje grabado de 2.46 minutos, Macri anunciaba que había iniciado tratativas con la entonces directora gerente del FMI Christine Lagarde para una línea de asistencia financiera con el organismo multilateral de crédito. Un mes después se conoció que iba a ser el préstamo más grande en la historia del organismo, una friolera de 50.000 millones de dólares, de los cuales en solo un año se desembolsaron unos 44.000 millones de dólares. .
El memorándum es parte del acuerdo, en el que ya se habían incumplido los pasos habitualmente previstos en la firma de un Stand-by. El expediente administrativo del registro del ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo Stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019. Esto implica que fue con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo. La carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018.
La documentación referida por el Central da cuenta de que no hubo dictamen jurídico previo a la formalización del acuerdo. "Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos", explicaron desde el Central.
Esa instancia debería haber definido si el Poder Ejecutivo, y en especial el ex Ministerio de Hacienda, se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman. La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo.
Un acuerdo histórico a espaldas del Congreso
A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en 1992, que prohíbe a las entidades de la Administración Pública Nacional formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, "dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara".
La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio.
"Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el Ejecutivo, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto lo faculta a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación", detalla el informe sobre el que trabajan los organismos para la denuncia penal.
El acuerdo adoleció también de un informe de impacto del Central. Según la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce, "no se emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital". Este análisis es esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa.
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La fuga y la violación del acta constitutiva
El Informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el BCRA a solicitud del Presidente dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos, que se conoce como fuga de capitales. A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. "Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los 41.100 millones de dólares.
En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de 44.500 millones de dólares.. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los 45.100 millones de dólares.
Esta fuga, financiada con deuda, fue una "flagrante violación a los diáfanos términos del artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, aprobado por la Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales".
También implica la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el Memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales. "Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad", detalla la investigación del Central.
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