Menos puestos y más informalidad: el empleo de casas particulares se redujo a niveles de 2016 golpeado por la recesión y el DNU

“La empleada doméstica que hoy falta pierde el día” publicó en redes sociales la legisladora del PRO, María Eugenia Vidal, en rechazo al segundo paro general que las centrales sindicales llevaron a cabo este jueves con alta adhesión en todo el país. De esa manera, la ex gobernadora bonaerense pasó por alto el derecho de las trabajadoras de casas particulares – y por ende la obligación de los empleadores- a la registración y lo hizo en una coyuntura donde este sector que ya padece un 70% de informalidad, debe hacer frente a la pérdida de, al menos, unos 8 mil puestos de trabajo,  afectado por la crisis en otros sectores del trabajo que no pueden contratar. Se suma también la mayor precarización en las contrataciones y la imposibilidad de jubilarse que promueve la “Ley Bases”. La situación es crítica: mayor informalidad, aumento de despidos y salarios de hambre en la era libertaria.

Al respecto, se trata una de actividad altamente feminizada ya que en el 98% del total son mujeres que hoy ven cómo empeoran sus condiciones de vida: 6 de cada 10 son pobres ya que, aunque tienen trabajo no están registradas, un 74% no tiene descuento jubilatorio, un 72% no recibe pago en caso de enfermedad, y un 73% no cuenta con cobertura de salud por obra social, según datos de Seguridad Social. Esta situación se agrava frente al desincentivo al registro que implica la eliminación de las multas a empleadores por no cumplir con la contracción formal, según impulsa la ley del oficialismo que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, de manera que esta medida no hace más que agravar el trabajo sin derechos ya existente en una actividad que además percibe en promedio los salarios más bajos de la economía.

Los cambios impulsados en el DNU 70/2023 y en la “Ley Bases” que buscan también eliminar la doble indemnización y dejar firme los despidos arbitrarios, atentan contra los derechos que -apenas en la última década- logró conquistar un sector del trabajo que todavía no se recupera completamente del impacto de la pandemia del 2020. El paquete que ataca directamente a esta actividad se complementa con la eliminación de las moratorias, herramienta que permitía acceder al derecho a un haber jubilatoria a más de 1 millón de empleadas domésticas que pese a trabajar todo el día no llegan a contar con los aportes suficientes. 

Radiografía del sector

De acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a enero de 2024 el empleo en casas particulares se ubicó en torno a los 459.700 puestos, lo que implica la pérdida de casi 8 mil puestos registrados en apenas seis meses (más de 2 mil solo desde diciembre) alcanzando niveles similares a los últimos ocho años (en diciembre de 2016 eran 459.300 puestos). Representó un 8,1% menos que en el pico de febrero de 2020 donde la actividad llegó a superar los 500 mil puestos registrados. 

Se trata la segunda actividad con mayor inserción laboral para las mujeres (18% de las ocupadas) que enfrenta ahora una agudización de condiciones ya precarias de trabajo. Desde marzo del 2020 sufrieron el impacto negativo de la pandemia por Covid-19, con la pérdida de más de 250 mil puestos, que si bien luego comenzaron a recuperarse lo hicieron de forma más lenta que en el resto de las actividades económicas. Según información oficial, la caída en el empleo fue tal en ese periodo que modificó la estructura de inserción laboral de las mujeres en el país, si para principios del 2020 casi 1 de cada 6 trabajadoras se empleaba en esta rama para 2021, lo hacían 1 de cada 8. 

Si bien las características locales también se repiten en la región, ya que el empleo es una de las principales actividades laborales de toda América Latina, alcanzando a más del 10% de la fuerza laboral (unos 20 millones de mujeres), en Argentina se logró -a diferencia de la mayoría de los demás países – la aprobación en 2013 de la ley 26.844 que fija derechos para el sector y crea la Comisión Nacional de Trabajo en Casas para definir los aumentos paritarios. Pese a tal conquista el empleo doméstico tiene aún alrededor de 1.300.000 trabajadoras no registradas en el país, el 73% del total, y la situación podría empeorar por los cambios que impulsa el gobierno nacional que lejos de combatir, tienen a generalizar el trabajo informal, así como por la crisis económica vigente.  Al respecto, existía hasta hace poco el programa nacional Registradas, diseñado en la gestión anterior para reducir la informalidad laboral mencionada, promover el acceso y la permanencia del empleo, con inclusión financiera y protección social para las trabajadoras de este sector económico. Sin embargo, el gobierno de La Libertad Avanza decidió eliminarlo. 

En materia de ingresos, de acuerdo con datos oficiales, el ingreso promedio de un trabajador de Energía, Minería e Hidrocarburos fue equivalente a cinco veces el ingreso promedio de una Trabajadora de Casa Particular, como parte de una problemática que refleja que las mujeres enfrentan mayores dificultades al momento de insertarse en el mercado laboral en comparación con los varones debido a que destinan más cantidad de su tiempo a realizar trabajos no remunerados (el doble) y, en relación, trabajan menos horas afuera del hogar, y cuando lo hacen se insertan en trabajos más informales, y peores pagos. 

En la coyuntura actual, la situación del empleo y los salarios del sector se ve perjudicada además por la recesión. Desde el inicio de la nueva gestión nacional, el nivel de actividad de la economía viene en caída libre, y tiene su correlato directo en la demanda de empleo. Se registran suspensiones, disminución de la jornada laboral y despidos en construcción así como en empresas electromecánicas, automotrices, textiles, alimenticias, y de comercio, entre las principales, que sumado a la licuación salarial de sus trabajadores (-20% tras la devaluación del 118% en diciembre) provoca que no contratan este servicio y muchas trabajadoras de casas particulares pierdan su fuente de ingresos al depender del salario de otro trabajador. 

El golpe de la desregulación actual 

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 publicado en diciembre por el gobierno nacional deroga la doble indemnización para las empleadas de casas particulares en los casos en que la relación laboral no estuviera registrada al ser despedidas (artículo 50 de la Ley 26.844) y agrega que el cálculo de la indemnización ya no contempla el aguinaldo. Si bien su implementación se encuentra frenada judicialmente a partir de las medidas que las centrales sindicales realizaron contra el capítulo laboral del DNU, lo cierto es que sus lineamientos centrales están nuevamente presentes en la llamada “Ley Bases” que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y podría ser tratada en estos días en el Senado.

En ese sentido, la reforma laboral allí contenida podría profundizar y legitimar las contrataciones informales que en el caso de esta actividad ya rondan el 70%, en tanto promueve la ampliación del periodo de prueba, elimina la protección por despido injustificado, y crea un fondo de cese de trabajo en reemplazo del derecho a una indemnización. Un punto crucial es la derogación de las indemnizaciones agravadas para las personas que trabajan y no son registradas, lo que dejaría a estas trabajadoras aún más desprotegidas, ya que no hay consecuencias para el empleador que evade la ley. Además, durante el embarazo se podrá trabajar hasta 10 días antes del parto, de manera que el empleador podrá “sugerir” a las trabajadoras que trabajen casi hasta parir. 

De hecho, no solo perjudicará a las trabajadoras activas, sino que la reforma afectará a las adultas mayores al eliminar la moratoria (el 65% de quienes acceden a una jubilación lo hacen vía moratoria), provocando que el 90% de las trabajadoras en edad de jubilarse no puedan hacerlo, teniendo que extender sus años de servicio para luego cobrar la PUAM que es inferior incluso que la mínima. De avanzar, agravaría la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de mejores ingresos (más del 60% del total), empobreciendo a las empleadas domésticas que ya enfrentan salarios que no cubren una canasta básica total (cercana al millón de pesos). Sin la moratoria dichas trabajadoras que dedicaron toda una vida a realizar -adentro y afuera del hogar- tareas domésticas y de cuidados, padeciendo altos niveles de informalidad y precariedad, ya no podrán tampoco acceder a un ingreso mínimo para la subsistencia en la vejez, porque pese a trabajar todo el día y casi todos los días, no cuentan con aportes suficientes no por falta de esfuerzo/mérito como suele argumentarse sino por no haber sido registradas como les correspondía.