El actual modelo de ajuste del gobierno nacional impacta de manera diferencial en las condiciones de vida de las mujeres, aumentando la precarización y la tasa de pobreza e indigencia. Al golpe que representó el recorte de más del 60% en las políticas para hacer frente a las violencias y brechas de género, esta semana se sumó la decisión de modificar el programa de asistencia económica “Acompañar” reduciendo a la baja la prestación que, a su vez, sigue el valor de un salario mínimo que perdió más del 30% de su poder de compra desde fin del año pasado. El programa ya había sufrido un recorte del 80% en su ejecución presupuestaria y, con los cambios actuales, podría agravar aún más la situación de miles de mujeres que arrastran dificultades para contar con ingresos propios, accesos más precarios e informales al mercado laboral y una sobrerrepresentación entre los deciles de mejores ingresos (6 de cada 10 son mujeres).
Si las mujeres ya enfrentan una mayor desigualdad en el mundo del trabajo, tanto adentro como afuera de sus hogares, con ingresos 27% por debajo que los varones, el escenario actual supone además la pulverización general de los ingresos, la destrucción de más de 100 mil fuentes de empleo registrado y el corrimiento del Estado a partir del desmantelamiento, en solo seis meses de gestión, de más de una veintena de políticas públicas en funcionamiento.
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Sobre esto último, mientras el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a cargo de lo poco que quedó en materia de medidas de género, dijo el martes en el Congreso que esas políticas son “una gran estafa” y que “por suerte el Ministerio no existe más", según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), al Estado le termina costando 22 veces más intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género en lugar de hacerlo con medidas de prevención y contención previas.
El ajuste que profundiza la desigualdad
El Programa Acompañar que fue creado hace cuatro años y está destinado a brindar asistencia económica a personas que sufren violencia de género mediante una prestación económica, volvió a estar en el foco del ajuste del gobierno nacional, ya que a los recortes en el presupuesto asignado este año se sumó recientemente una reducción en el tiempo de duración de esta ayuda económica que ahora pasará de tres a seis meses, así como la exigencia de nuevos requisitos que incluyen la realización de una denuncia judicial o policial desconociendo, por su parte, que no todas las personas están en condiciones de hacerlo. La medida publicada vía el decreto 755/2024 en el Boletín Oficial afecta a un programa que en 2023 llegó a más de 350.000 personas.
El monto fijado por esos tres meses es el equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil ($268.056 en septiembre) con el agravante de que este ingreso cayó 32% desde noviembre último y mientras las subas nominales fijadas por el gobierno llegaran en octubre al 86%, la inflación proyectada por las consultoras del mercado para ese mes ronda el 160%. Este retroceso del poder de compra se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia: apenas alcanza al 56% de la canasta básica de alimentos para una familia tipo.
Respecto del presupuesto ejecutado, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señalaron “el grave desfinanciamiento en las políticas tendientes a la erradicación de la violencia por razones de género” al punto de que en el caso del programa Acompañar su ejecución se redujo en un 79%. Otros programas como el gasto en infraestructura del cuidado tienen una ejecución es casi nula mientras que, en las políticas alimentarias, incluyendo la Prestación Alimentar, disminuyen un 30% respecto de 2023.
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“El ajuste que viene realizando el Estado impacta triplemente en las mujeres porque las mujeres son mayoría en las políticas sociales, mayoría como trabajadoras del Estado y también mayoría como usuarias de los servicios públicos. Desde La Cocina de los cuidados del CELS venimos monitoreando las políticas de cuidado, solamente el 14% de las políticas se mantienen activas, todo el resto se desarmaron o desfinanciaron”, señaló en diálogo con este portal la economista Lucía Cirmi y agregó sobre el recorte del programa Acompañar que “es el apoyo económico para que las mujeres violentadas puedan abandonar el vínculo con el agresor, del que muchas veces dependen económicamente. Hace dos semanas estábamos muy preocupados por la violencia de género, pero ahora recortan el programa más material y concreto que creó el Ministerio de las Mujeres y que llevaba el 97% de su presupuesto”, resaltó.
La profundidad del ajuste del gasto público en partidas destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y sobre todo para garantizar acceso a bienes y servicios esenciales por parte de la población más vulnerable, tienen sus consecuencias concretas al agudizar problemáticas estructurales que se reflejan, por ejemplo, en que una mujer a sus 30 años tiene hoy un ingreso 22% menor al de un varón de su misma edad, y para los 50 años esa brecha se amplía al 29% y al 40% a los 70 años.
Estos datos relevados por el centro Fundar, muestran que “si bien los ingresos varían mucho a lo largo de la vida en promedio siempre son menos para las mujeres”. De esa manera, “los ingresos laborales difieren por género y por grupo etario, son más altos para los varones y para el grupo en edad central (25-65)”. Otro aspecto central son las características del empleo, ya que las mujeres son mayoría en el trabajo en casas particulares (90% del total) donde predomina la informalidad (70%) y la situación se agrava en un momento como el actual, ya que se perdieron más de 13 mil puestos de trabajo desde fines del año pasado a mayo, en ese rubro.
Un dato no menor: el 38% de las mujeres que denuncian reiteradamente situaciones de violencia se encuentran desempleadas o realizando tareas de cuidado sin remuneración.
Sobrerrepresentadas en los deciles más pobres
La crisis de los ingresos golpea con más fuerza a los hogares sostenidos por mujeres que deben asimismo hacer frente, en 2 de 5 casos, al incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores. Así la desigual inserción en el mercado laboral, la mayor carga de cuidados y el incremento de la precarización de la vida derivan en la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de menores ingresos de la sociedad: 6 de cada 10 personas del decil más pobre son mujeres y la situación se agrava en hogares a cargo exclusivamente de mujeres donde el 92% se encuentra bajo la línea de pobreza e indigencia, según datos oficiales.
“Decimos que los estratos de menores ingresos están feminizados, al tiempo que los estratos de mayores ingresos se encuentran masculinizados”, señaló un informe del espacio Ecofeminita que agrega respecto de las tareas de cuidados que “del total de personas que realizan tareas domésticas, un 68% son mujeres y un 32% son varones” al tiempo que “las mujeres del quintil 1 (ingresos más bajos) realizan en promedio casi 6 horas de trabajo de cuidado, mientras que las mujeres del quintil 5 (ingresos más altos) le dedican 4,3 horas en promedio por día”.
En este panorama, el combo que incluye desmantelamiento de políticas públicas y recorte en partidas presupuestarias sociales, sumado al deterioro salarial de los últimos años y el mayor peso de la carga doméstica sobre los hombros de las trabajadoras genera un creciente deterioro de las condiciones de vida y un incremento de la feminización de la pobreza en la sociedad.
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