Durante el debate sobre el aporte extraordinario de las grandes fortunas se plantearon algunos mitos que se replicaron en muchos países de América Latina, bloqueando incluso reformas tributarias fundamentales para promover la igualdad. Esto genera que los sectores de altas riquezas e ingresos logren mantener un patrón de recaudación con el que se ven beneficiados.
Por ese motivo, desde la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ) analizaron algunos de esos mitos:
Mito 1
Uno de los más repetidos es que los impuestos a las corporaciones y a los más ricos son muy altos, lo cual desestimula la inversión porque disminuye sus beneficios y pone a los países en desventaja para recibir inversión privada. Sin embargo, la evidencia muestra que para muchos países en desarrollo, los incentivos fiscales y otras formas de reducción de impuestos no compensan el clima adverso a la inversión dado por la falta de infraestructura, inestabilidad macro o mercados con insuficiente desarrollo.
Por el contrario, la baja recaudación que resultaría de insistir en esta visión estrecha de competitividad, podría afectar a las empresas al no permitir que los Estados tengan recursos suficientes para superar estos problemas. Además, la competitividad basada en la reducción de costos tributarios atrae mayoritariamente a inversiones episódicas y de corto plazo, que generan pocos vínculos con la economía local y no promueven el desarrollo.
Mito 2
Al contrario de lo que suele escucharse, en Argentina, si bien la presión fiscal es más alta que la del promedio de la región, es significativamente menor a la del promedio de los 38 países de la OCDE. La presión fiscal mide los ingresos tributarios como porcentaje del PBI. En 2018, en Argentina fue de 28,8% y en la OCDE el promedio fue de 34,3%, lo que representa una diferencia de casi seis puntos porcentuales.
Además, hay evidencia que indica que una mayor recaudación de impuestos como % del PBI está vinculada con mayores niveles de equidad, mostrando una correlación positiva entre el nivel de recaudación pública y menores niveles de desigualdad.
Mito 3
Otro de los mitos que suelen plantearse es que los impuestos no son la herramienta adecuada para lograr una mayor igualdad, porque su función principal es recaudar ingresos sin generar distorsiones en la economía. Pero las sociedades que logran una redistribución considerable a través del gasto también lo hacen mediante los impuestos.
Además, la subutilización de impuestos directos progresivos reduce el potencial recaudatorio para financiar un gasto social progresivo. Está comprobado que la desigualdad tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico y su sostenibilidad, pero en América Latina no se aprovecha el potencial redistributivo que ofrecen los impuestos.
En América Latina, la mayor parte de la recaudación proviene de impuestos indirectos (que pueden ser trasladados y terminar recayendo sobre los que menos tienen). En cambio, en la OCDE, los impuestos indirectos no superan un tercio de la recaudación.
Mito 4
A diferencia de los anteriores, este mito opera de otra manera y consiste en identificar como principal y única causa de la falta de recursos públicos suficientes, la fuga derivada de la corrupción. Esto puede llevar a quitar del foco otras discusiones relevantes, como la pérdida de ingresos fiscales que se produce por la evasión y elusión tributarias a través de paraísos fiscales, o los flujos financieros ilícitos provenientes del sector privado.
La corrupción incluye la captura de los espacios de toma de decisiones para implementar políticas tributarias y fiscales que benefician a grupos de interés. Contrarrestar la captura de la política fiscal tiene que ser un elemento esencial de las agendas anti-corrupción.
La transferencia de ganancias hacia paraísos fiscales en el mundo supera los 600 mil millones de dólares anuales, y las tasas son más altas en los sectores más ricos. La evasión total del impuesto a la renta empresarial de multinacionales se estima en 500 mil millones cada año.
Mito 5
Otro de los mitos a los que suele apelarse es señalar que el objetivo prioritario de los Estados es asegurar el crecimiento económico y lo demás vendrá luego, incluida la reducción de la pobreza y una mejora de la situación fiscal.
La evidencia para América Latina sugiere que el crecimiento por sí mismo es insuficiente para eliminar la pobreza y generar cambios estructurales sustentables en materia de igualdad. Se trata de un crecimiento económico que no beneficia a toda la población, ni está generando ingresos suficientes para los Estados u otras condiciones básicas para que el progreso se traduzca en una mejor calidad de vida para la mayoría y no para unas pocas personas.
Según el Banco Mundial, reducir el índice de desigualdad de Gini en 1% con políticas redistributivas en cada país, tendría un impacto mayor en la reducción de la pobreza que aumentar el crecimiento económico anual de todos los países en un punto porcentual.