El Gobierno aprobó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, a través de la resolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial. Sin embargo, desde la agrupación Inquilinos Agrupados criticaron la medida.
A través de un comunicado, desde la organización que tiene como referente a Gervasio Muñoz señalaron que el DNU suspendió la ejecución de los desalojos, pero no la tramitación de las causas, que en este tiempo se iniciaron y se cursaron igual, hasta dictarse sentencias. "Esas sentencias aguardaban a que salga el decreto para ejecutarse", apuntaron.
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"Caído el DNU, desde el lunes 5/4 se ejecutan las sentencias sin condición ni previsión estatal de ningún tipo, en plena segunda ola de contagios cada vez más complejos por las nuevas cepas que ya circulan. Esta población no cuenta con ninguna protección del Estado", remarcó el documento. Debido a la exposición al contagio que implican los desalojos, "la vida de estas personas está en riesgo", señalaron.
Según la organización, este protocolo es "apenas un proyecto, que siquiera traza lineamientos generales para constituir a futuro un marco de actuación para atender y contener". En ese sentido, afirmaron que "perder la vivienda en pandemia puede significar perder la vida".
Desde el Gobierno explicaron que el Protocolo tiene como objetivo establecer un marco de actuación institucional, tendiente a sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial.
También apunta a desarrollar un registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente; y a proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.
Sin embargo, el comunicado de Inquilinos Agrupados calificó al protocolo como "discriminatorio", porque "refiere alquileres formales, dejando fuera al 40% más vulnerable que alquila en la informalidad" y "contradictorio, porque plantea la registración previa en AFIP, siendo esa una obligación que apenas alcanza a los contratos firmados con posterioridad a julio de 2020 (que no tendrían que estar judicializados)".
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