La estrategia a desplegar este año, con el objetivo de reactivar una economía paralizada por la pandemia y herida de muerte por el macrismo, será converger con todas las medidas disponibles a estimular el mercado interno como motor del crecimiento. En ese sentido, la triada que el Gobierno sigue de cerca para alcanzar ese equilibrio que permita a los hogares recuperar capacidad de compra está compuesta por mantener un equilibrio del tipo de cambio, disminuir drásticamente la inflación y, por consiguiente, mejorar en términos reales los salarios. Hasta el momento la única variable que logró domarse es el tipo de cambio. Se recuperaron reservas, disminuyó la especulación con los precios alternativos y la cotización oficial parece seguir a la zaga de la inflación minorista, la cual sigue siendo altísima. Las otras dos variables parecen están siendo encaradas con acuerdos tripartitos (Gobierno, sindicatos y patronales), aunque la dolarización heredada de cuatro años de Cambiemos requiere un desacople eficaz y veloz para evitar nuevos desbordes.
Con leves mejoras en los indicadores económicos, el Gobierno se muestra confiado en dar pelea en octubre con algunos resultados concretos que, de mantener la estabilidad cambiaria, puedan transformarse en tendencia. En el equipo económico, al igual que algunas consultoras, coinciden en que este año el crecimiento estará por encima del 6 por ciento y no en el 5,5 por ciento proyectado en la Ley de Presupuesto 2021. El arrastre estadístico que dejó diciembre da mejores augurios. Sin embargo, la pandemia está lejos de llegar a su fin y su impacto en la economía sigue siendo difícil de predecir.
"La voluntad del gobierno de alcanzar un determinado resultado distributivo con salarios apenas algunos puntos por encima de la inflación. Los incentivos y desincentivos económicos, los controles y las regulaciones, la autoridad política de poder ejecutivo y hasta la participación de actores de la sociedad civil tiene que coordinarse milimétricamente para dar con el escenario deseado", señalan desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). Esta semana hubo reuniones con los sectores que registraron las subas más abusivas en los precios, por encima de la media de precios. También se convocó a audiencias públicas para analizar el tema de las tarifas de gas y luz, con alto impacto en los bolsillo de los hogares. En medio de esta situación, el país negocia con el Fondo Monetario una extensión del acuerdo Stand-by que firmó el macrismo.
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El dólar
Luego de varios de fuerte turbulencia cambiaria, el Ministerio de Economía y el Banco Central lograron desactivar los principales de foco de presión sobre el dólar. En lo que va del año la divisa estadounidense registró una suba de 6 por ciento, por debajo de la inflación acumulada en el período (en enero fue de 4 por ciento y en febrero se estima entre 3 y 3,5 por ciento). Tal como informó El Destape, el objetivo es anclar el tipo de cambio, sin que pierda competitividad para el sector exportador, y así evitar su impacto en sectores clave como alimentos, energía e insumos.
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La señal oficial prendió en el sector financiero y la cotización del dólar para las operaciones de contado con liquidación se encarecieron por debajo del alza del tipo de cambio oficial. El costo de la compraventa de bonos y acciones para dolarizar cartera creció 5,3 por ciento desde el primer día hábil de 2021. "La lectura que predominó en el gobierno inicialmente fue la de mantener el tipo de cambio real heredado como una forma de preservar el equilibrio externo. Luego de acompañar las depreciaciones de los países emergentes a inicios de la pandemia - en los últimos doce meses, el real se depreció un 22 por ciento con un incremento de los precios del 4,5 por ciento", señala el informe del CESO.
En el sostenimiento de esta estrategia será esencial que haya un buen caudal de ingreso de divisas, algo que comenzó a notarse el mes pasado y en marzo se aceleró. La autoridad monetaria cerró la primera semana de marzo con compras en el mercado oficial por 585 millones de dólares, casi la misma cantidad que en todo febrero (633 millones) y y más del triple de enero (157 millones). Con precios récord de los granos, las estimaciones para este año adelantan un buen ingreso de divisas, aunque el hecho de que sea un año electoral, donde buena parte del complejo agroexportador lo utiliza para pulsear por devaluación, se podría convertir en otro año de tensión.
La estrategia incluye también una oferta de activos en pesos y rendimientos positivos para las colocaciones en moneda doméstica que le quiten presión al dólar. Esto reduce el circulante que opera sobre los precios, a lo que se sumó la contracción monetaria que realiza el equipo económico con la emisión de deuda en moneda local. Un informe de la consultora LCG advierte que la base monetaria en febrero se contrajo 2,9 por ciento, unos 72.000 millones de pesos menos. "Tanto el sector financiero como el Tesoro actuaron de manera contractiva durante febrero. La colocación de Pases y de Letras de Liquidez (Leliq) permitió la esterilización de 172.000 millones de pesos, que más que compensaron la inyección de 76.000 millones por los intereses que generan estos pasivos remunerados", según detalla el informe de la consultora.
Precios y salarios
"En una economía que no crece, la disputa distributiva siempre es de suma cero: para que un actor gane el otro debe perder", explican desde el CESO. Luego de una recesión de cuatro años del último lustro, se espera que haya una fuerte puja en un escenario de posible recuperación económica. Con un crecimiento del orden del 5 o 6 por ciento este año, sostienen desde este centro de estudios, "no es necesario que la mejora del salario real se dé a costa del beneficio empresario". Explicarle estos a los empresarios es la tarea en la que se encomendó el equipo económico, en este caso, con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas a la cabeza. La ecuación, que históricamente rechazan los grandes grupos monopólicos, es que cualquier reducción de los márgenes sobre los costos que será compensada con una suba en las cantidades vendidas.
Esta semana se llevó a cabo la primera reunión sectorial de la cadena de Construcción en el marco de las negociaciones para que los precios y salarios se acoplen a la proyección inflacionaria. Los funcionarios advirtieron por incrementos exacerbados en la cadena, con alzas promedio superiores al 70 por ciento, aunque en algunos casos el incremento interanual fue superior al 100 por ciento. Según pudo saber este medio, los listados de marzo llegaron con aumentos del 4 por ciento en aceros laminados en frío y caliente y de un 5 por ciento en el precio del cemento.
Esta semana hubo, además, una segunda reunión con el sector alimenticio. El Gobierno sostiene que en esa cadena el año pasado se registraron aumentos En la segunda reunión de la mesa sectorial alimenticia con empresas del sector. Desde Desarrollo Productivo señalaron que el año pasado se registraron incrementos "de hasta en 60 por ciento en dólares", en el costo de la cadena. "El objetivo es acordar para que la inflación no supere el 30 por ciento y para que los salarios le puedan ganar a la inflación”, resumió tras la reunión Kulfas. El mecanismo incluirá la remisión de cifras de costos de las empresas a la Secretaría de Comercio Interior de todos los eslabones de la actividad, para justificar eventuales alzas en los precios de los alimentos.
También será necesario seguir de cerca todo el conjunto de servicios regulados, cuyo precio depende de la decisión política (tarifas, combustibles, transporte) y otros precios fijados por empresas pero que dependen de autorizaciones (comunicación, medicina prepaga, productos con precios máximos). En esta caso también jugará la capacidad de recuperación de cada sector.
Los gremios y la patronal deberán pactar en este contexto aumentos salariales que permitan ganarle al movimiento en los precios. Por el momento, las negociaciones se ciñeron a la pauta inflacionaria presupuestada del orden del 29 por ciento. Estos acuerdos acuerdos salariales y negociaciones colectivas tendrán impacto en los 12 millones de trabajadores registrados, de los cuales un 48 por ciento pertenece al sector privado mientras que el 30 por ciento depende del sector público (3,2 millones de asalariados y 360 mil monotributistas sociales). El resto son trabajadores independientes, autónomos o monotributistas que muchas veces carecen de un encuadre colectivo para la actualización de las remuneraciones.