El Gobierno desplegó casi $ 184.000 millones en préstamos productivos destinados a mitigar los impactos de la pandemia. Sumado a eso, los créditos blandos para trabajadores independientes implicó una inyección de $ 20.000 millones. La irrupción del coronavirus demandó por parte del Estado nacional un paquete de medidas excepcionales para evitar que el confinamiento preventivo y obligatorio no dañe severamente las economías familiares y permitir el sostenimiento de las empresas productivas evitando el quiebre en la cadena de pagos.
Entre abril y la mitad de mayo los créditos productivos a empresas totalizaron $183.870 millones, con 114.200 compañías beneficiadas. De acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), si se aprueban las líneas aún pendientes para MiPyMes y prestadoras de servicios de salud suman $ 223.280 millones.
Asimismo, la asistencia financiera para monotributistas y autónomos a través de la línea de crédito a tasa cero alcanzó a 151.443 personas por $ 19.890 millones. El monto total de la asistencia financiera representa casi 1 punto del PBI en apenas 2 meses de estar operativas estas líneas.
Las asistencia económica general del Gobierno nacional se materializó por cuatro vías fundamentales: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), créditos a una tasa del 24% para MiPyMEs y a tasa cero para autónomos y monotributistas.
De acuerdo al Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, del total de la asistencia a tasas del 24%, el 26% tuvo como destino el pago de sueldos, el 17% la cobertura de cheques diferidos, el 3% el financiamiento de empresas prestadoras de servicios de salud y el resto (53%) otro tipo de capital de trabajo.
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