La actual crisis económica global provocada por la irrupción de la pandemia de COVID-19 plantea un desafío sin precedentes en más de medio siglo. Argentina llega a este escenario con una economía debilitada por cuatro años de políticas neoliberales que al mismo tiempo achicaron el tamaño de la torta y concentraron la riqueza en cada vez menos manos, además de endeudar al Estado de una manera completamente insostenible.
Nos encontramos en una situación compleja: el Estado necesita volcar una gran cantidad de recursos para proteger simultáneamente la salud de cada argentina/o, y resguardar los puestos de trabajo, cuando al mismo tiempo cae la recaudación y las posibilidades de sustituir la caída del consumo interno por exportaciones. Es en este contexto, que la asistencia por parte del Banco Central al Tesoro se ha vuelto fundamental, así como también la necesidad de reestructurar la deuda externa y relajar así las tensiones en el frente cambiario.
Ahora bien, esta crisis está demostrando cómo la enfermedad cuando se conjuga con la pobreza estructural se vuelve falta. Por eso, cada muerte de una persona en un barrio popular se vuelve un fracaso colectivo de no haber garantizado el acceso al agua, la vivienda, la buena alimentación, la temprana asistencia médica. Se ha vuelto evidente que la desigualdad se cobra vidas.
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Se necesita entonces trabajar realmente en un plan a mediano y largo plazo para construir un país más justo, con mejor redistribución de la riqueza. Para eso, el primer paso es la reactivación de la economía y la generación de empleo digno y de calidad. Ahora bien, a corto plazo, un aporte extraordinario para afrontar esta crisis por parte de quienes más tienen parece ser una contribución mínima.
Sabemos que la distribución del ingreso empeoró mucho desde 2015. El coeficiente de Gini nos permite ponerle un número a la desigualdad: 0 sería la igualdad absoluta, donde todas las personas reciben lo mismo, 1 sería la desigualdad extrema, donde solo una persona concentra todo el ingreso. A mediados de 2015, el coeficiente de Gini argentino era de 0,370. A finales de 2019, había pasado a ser 0,439. La desigualdad en términos de riqueza es aún peor.
La contribución extraordinaria por única vez (no se trata de un impuesto permanente) está basada en un fuerte principio de progresividad: se busca maximizar la recaudación afectando a la menor cantidad posible de personas. Si se toma un piso de 200 millones de pesos, sólo 12.000 personas en el país tienen un patrimonio que supera ese número. Estamos hablando del 0,08% de la población del país, que a su vez se segmentará para que quienes tienen más paguen una alícuota mayor, que irá del 2% al 3,5%.
Se calcula que esta contribución significará unos 3.000 millones de dólares para reforzar la recaudación. Este dinero se destinará a la compra de equipamiento médico e insumos para asistencia sanitaria, a las transferencias a personas que hayan perdido sus ingresos por la pandemia y a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es importante destacar que esta discusión sobre la necesidad de una contribución extraordinaria en el marco de la pandemia se está dando a nivel regional e incluso mundial. Pero ya desde antes estaba en agenda el tema de la justicia fiscal, y la necesidad de cambios en este sentido, en particular en América Latina. En marzo de 2016 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el documento “Tributación para un crecimiento inclusivo” cuyo objetivo es fortalecer el consenso entre gobiernos y organizaciones sociales respecto a la necesidad de promover una agenda de políticas que aborden la desigualdad y la pobreza en todas sus formas estructurales.
El informe considera que como la recaudación de impuestos en América Latina es, en general, baja, la mayoría de los países no recaudan lo suficiente para suplir las necesidades en materia de salud y educación pública. Además, demuestra que el sistema fiscal de la región favorece la recaudación de impuestos al consumo (como el IVA), lo que aumenta la desigualdad entre las personas con menores ingresos y las grandes empresas con beneficios de exenciones tributarias y facilidades para eludir impuestos. Por eso es fundamental ponerle fin a los paraísos fiscales.
Nuestro país se debe un debate sobre el sistema impositivo, y es una asignatura pendiente una reforma que establezca un sistema más progresivo. Pero mientras tanto, debemos atender la emergencia, y esta contribución extraordinaria es la mejor forma que tenemos de financiar esta tarea de manera justa.
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