El 87% de las cooperativas de trabajo se encontraban en actividad en octubre de 2020, el 70% solicitó algún tipo de auxilio del Estado, un 71% de las empresas tiene trabajadores que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia y un 42% emplea a personas que perciben el programa Potenciar Trabajo.
Un 22% promedio de la fuerza laboral de las empresas se vio afectado por el Covid-19, ya sea por integrar el grupo de población de riesgo o por contagios, lo que implica un índice casi cuatro veces mayor al promedio de la fuerza laboral dentro de la Población Económicamente Activa. Además, el 29% recibió intimaciones de pago o cortes, y un 18% tuvo problemas con el pago de alquileres, pese a las prohibiciones establecidas por decretos del Poder Ejecutivo.
Los datos surgen del informe “Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas durante la pandemia: impacto sanitario y productivo, y alcances de las medidas de asistencia del Estado”, realizado la Comisión Técnica Asesora de Empresas Recuperadas del INAES y el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
El estudio advierte que “hubiera sido una crisis social incluso mayor que la de diciembre de 2001” sin las distintas herramientas que desplegó el gobierno nacional para sostener a las unidades productivas y las fuentes laborales, además de brindar ingresos mínimos y asistencia a los sectores más vulnerables de la población.
“La crisis económica mundial provocada por la pandemia del Covid-19 ha impactado fuertemente a la economía argentina, ya profundamente golpeada por las políticas neoliberales llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri”, señala el informe en su introducción.
El impacto económico y laboral de la pandemia en el sector autogestionado de la economía, integrado por cooperativas de trabajo y empresas recuperadas por trabajadores (ERT) es uno de los menos difundidos y atendidos por las políticas públicas que se desplegaron para amortiguar la crisis.
Por su conformación jurídica, las cooperativas de trabajo quedaron en un limbo que impidió su inclusión en los subsidios del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que alcanzó a decenas de miles de empresas y más de dos millones de personas, y también limitó el acceso a las medidas de emergencia para sectores informales y de la economía popular.
La encuesta, de alcance nacional, fue respondida por 195 cooperativas, de las cuales 139 son empresas recuperadas por trabajadores que emplean más de 6000 personas, y están ubicadas en 18 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los efectos de la parálisis sobre la situación del sector no fueron diferentes al sufrido por las empresas privadas, en especial las Pymes. Sin embargo, el porcentaje de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo ocupadas en tareas declaradas esenciales durante el ASPO fue alto. El 87% mantuvo su actividad por estar dentro de los sectores de actividad definidos como esenciales, o por participar en cadenas productivas relacionadas con esos rubros.
En otros casos se debió a que encararon procesos de reconversión productiva para mantenerse en actividad. El caso más notable fue el de las cooperativas textiles, que se volcaron a la producción de materiales sanitarios como barbijos o elementos de uso hospitalario, gráficas que fabricaron mascarillas mediante impresoras 3D y metalúrgicas o empresas industriales que envasaron alcohol en gel. En algunos casos como proveedoras del Estado.
Ahí se destaca la fábrica Textiles Pigüé que adquirió una máquina para elaboración en serie de barbijos quirúrgicos -mediante un subsidio del ministerio de Desarrollo Productivo-, o la articulación entre las Facultades de Ciencias Exactas y Filosofía y Letras de la UBA para que cooperativas textiles produzcan los barbijos desarrollados por investigadores del CONICET.
En cambio, sectores como hotelería, turismo o gastronomía sufren situaciones críticas que, en varios casos, no lograron superar el golpe. El más notable fue el Hotel BAUEN, uno de los emblemas de la recuperación de empresas en el país, que después de 17 años de autogestión debió cerrar en octubre. La histórica cooperativa arrastraba un largo conflicto judicial por la tenencia del edificio de Callao y Corrientes, en el centro porteño, con órdenes de desalojo vigentes desde el año 2007.
Las situaciones de mayor complicación tienen su origen en conflictos judiciales no resueltos de empresas recuperadas que, como el BAUEN, no pudieron llegar a una resolución sobre la propiedad de sus inmuebles.
Algunos de estos procesos avanzaron hasta llegar al dictado de sentencias de desalojo, que al no ser provocadas por deudas de alquileres no están cubiertas por el decreto 320/2020 que los prohíbe. Es el caso de la cooperativa La Terre, que elabora productos deshidratados Mendoza; la fábrica de cuero Talarcoop, en la Ciudad de Buenos Aires; el expreso Júpiter de Rosario, que tiene su ley de expropiación con media sanción en la legislatura provincial; ADOS, en Neuquén; el aserradero 1 de Mayo, en General (Río Negro); y recuperaciones recientes como Gotan Trading y Santa Ana, en el sur Área Metropolitana de Buenos Aires.
“Este tipo de conflictos son una constante en las empresas recuperadas, pero la situación de pandemia, que impide o limita las herramientas de movilización que son parte fundamental en estos procesos, vuelve la situación más angustiante para las cooperativas. Viejos y nuevos problemas se suman para completar un panorama complejo para el conjunto del sector”, advierte el informe.
Sobre la asistencia del Estado, el informe advierte que las cooperativas de trabajo y las empresas recuperadas encontraron dificultades para recibir las políticas de contención frente a la crisis, lo que provocó protestas y reclamos de las organizaciones del sector.
Señalan que “la razón de fondo de estos problemas es la normativa del cooperativismo de trabajo que es ampliamente insuficiente en cuanto al reconocimiento de la condición laboral del trabajo autogestionado”. Al no ser considerados trabajadores asalariados ni empleadores, quedaron en una zona gris en la que muchas no fueron contempladas para los subsidios ATP ni cubiertos del todo por el IFE.
Por razones similares, los créditos para capital de trabajo para Pymes otorgados a través del sistema bancario eran también “inaccesibles para las cooperativas”, al igual que los créditos para monotributistas individuales a tasa 0.
El problema comenzó a ser resuelto mediante dos medidas básicas, aunque juzgadas como insuficientes y tardías por la mayoría de las organizaciones, según indica el estudio. En primer lugar, la reactivación de la llamada Línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado del ministerio de Trabajo, que funcionó como un equivalente del REPRO para las cooperativas. Se trata de un subsidio mensual que empezó con montos bajos y se actualizó al equivalente de un salario mínimo y, en los últimos meses, a medio salario mínimo.
El informe detalla que también se implementaron créditos especialmente pensados para cooperativas de trabajo a través de una línea articulada entre el ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES y el Banco Nación.
Uno de los problemas más graves que sufrió el sector autogestionado durante el gobierno macrista fue el los exponenciales incrementos en las tarifas de servicios públicos y alquileres.
A pesar de que a través de decretos presidenciales dictados al comienzo de la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, se prohibieron los aumentos y cortes de servicio por falta de pago, y se congelaron los alquileres y prohibieron los desalojos, el informe destaca que el 29 por ciento de las empresas recibido intimaciones de pago o cortes, y un 18 por ciento registran problemas con el pago de alquileres.
“Hasta el momento no se ha avanzado en la solución demandada por el sector, que gira en torno a la condonación de las deudas o su refinanciamiento y reducción, por un lado, y el establecimiento de regímenes de tarifa diferencial, por otro”, señala el estudio.
De esta forma, advierten, se consolida un “lugar no deseado en que las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo aparecen como entidades que resultan de la precariedad laboral y económica”.
Las enormes dificultades para acceder a las herramientas profundizan un histórico reclamo del sector, que recibe con mayor facilidad instrumentos destinados a la contención social y reproduce una lógica tradicional “que debe ser contenido y ayudado pero que no tiene aún la capacidad para formar parte de un proyecto de desarrollo económico y productivo”.
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