Legalizar la informalidad: lejos de crear empleo, la reforma cambiará el recibo de sueldo por una factura de servicios

"Hace 10 años que no se crea empleo de calidad” repitieron este año, en varias oportunidades, funcionarios del actual gobierno nacional al mismo tiempo que legisladores propios y aliados aseguraron en el marco del debate de la reforma laboral en el Congreso que buscaban “crear empleo” para las y los argentinos. Sin embargo, lejos de hacer frente a los problemas del mundo del trabajo, los cambios introducidos terminarán por legalizar las prácticas de fraude laboral ya existentes. En lo concreto, la nueva figura del “trabajador independiente con hasta cinco colaboradores” agravará un escenario que los diputados pasaron por alto en el debate: el 55% de los trabajadores que están en la informalidad trabajan hoy en empresas que tienen hasta cinco empleados.

Tal régimen, así como la eliminación de las multas por no registración podrían entonces generalizar prácticas abusivas, fijándolas como la “nueva norma” de las relaciones del trabajo. Con el sistema de colaboradores, advirtieron abogados laboralistas a este portal, se legaliza la informalidad al reemplazar la relación de dependencia regida por la Ley de Contrato de Trabajo por la contratación de servicios, que pretende borrar del mapa derechos históricamente consagrados como estabilidad, salario y paritarias, cobertura de salud, acceso a jubilación, aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, entre otros. “La reforma no combate la informalidad, la legaliza” por lo que “se empezará a considerar que un trabajador está correctamente registrado si en lugar de percibir un recibo de sueldo, todos los meses emite su factura como monotributista”, graficó un documento de la UNSAM.

Tras la luz verde en Diputados, esta semana la “Ley Bases” empezará a tratarse en el Senado. Está previsto que este martes 7 a las 14 se reúnan las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, con el objetivo de sacar dictamen esta semana, la misma que las centrales sindicales realizarán el segundo par general al gobierno de Javier Milei, convocado para el próximo 9 de mayo.

Legalizar la precarización

Los datos del mundo de trabajo argentino ponen sobre la mesa las dificultades que enfrentan las y los trabajadores que vienen sufriendo un proceso de creciente fragmentación, acompañado de la pérdida de más de siete puntos en el reparto de la riqueza generada en el país, y con ingresos que no les permiten cubrir el costo de vida básico. En tal panorama, si bien la tasa de desempleo cayó significativamente, estuvo atravesada por el incremento del trabajo informal: la suba del 6% de los ocupados en los últimos cuatro años fue traccionado por un aumento superior al 11% de trabajadores informales y en 2023 sobre el total de asalariados, los no registrados representaron el 36%.

La informalidad laboral es, sin dudas, uno de los problemas centrales. “La existencia de empleo no registrado tiene que ver con una tendencia al incumplimiento de parte de los empleadores y, por supuesto, una tolerancia absoluta de parte del Estado y, en general, de las discusiones que se dan en el mundo del trabajo. Imaginemos que un empleador dice que por problemas de costos no puede pagar la luz o el gas, se los cortan o no puede pagar alquiler, lo desalojan, pero si no puede pagar las cargas sociales o el salario del Convenio Colectivo, se lo tolera. Creo que debemos seguir pensando en la posibilidad de que se cree empleo formal y que se aplique el derecho del trabajo”, señaló al ser consultado sobre las características del mundo del trabajo el abogado laboralista Matías Cremonte. 

En tal panorama, avanzó en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley Bases” que el oficialismo volvió a presentar tras el tratamiento fallido de principios de año, e incluyó esta vez un capítulo de reforma laboral, con los puntos principales que estaban contenidos en el DNU 70/2023, frenados en la justicia dada su inconstitucionalidad. Al respecto, el cambio más extremo tiene que ver con la creación de la figura de del “trabajador independiente” que podrá contar con “hasta otros cinco trabajadores independientes (colaboradores) para llevar adelante un emprendimiento productivo” y cuyas características de funcionamiento serían definidas por decreto del Ejecutivo. ¿Qué impactó tendrá este nuevo régimen en el empleo?

Lejos de incentivar la creación de fuentes de trabajo formales, un informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) advirtió que el 55% de los asalariados informales se desempeñan hoy en unidades productivas que tienen entre uno y 5 empleados, es decir que “la reforma no combate la informalidad la legaliza ya que, en vez de formalizarlos, permite que los contraten como monotributistas”. 

Según indicaron los investigadores Matías Maito y Juan Manuel Ottaviano, esta nueva figura no hará más que dar un marco de legalidad a prácticas ya existentes de incumplimiento de la legislación laboral. “La reforma busca legalizar la situación de esos trabajadores a través del monotributo. El camino no sería el tradicional, que implica encuadrarlos correctamente bajo una relación de dependencia y reconocerles el conjunto de derechos que son propios de esa relación (salario definido por paritarias, protección contra el despido arbitrario, aguinaldo, licencias, vacaciones pagas, etc.) por el contrario, se empezará a considerar que un trabajador está correctamente registrado si, en lugar de percibir un recibo de sueldo, todos los meses emite su factura como monotributista”. De esa manera, “se consolidaría la situación precaria de los empleados en las empresas más chicas” al tiempo que “aquellos trabajadores que están correctamente registrados en unidades de hasta 5 empleados podrían ser despedidos y recontratados como independientes”. 

En la misma línea, en diálogo con este medio, la abogada Natalia Salvo, presidenta de la Corriente 7 de Julio, analizó que “la figura del colaborador es fraudulenta porque encubre una relación de dependencia y responde al mismo intento de los años ´90, lo que se llamó la huida del derecho al trabajo, la deslaboralización de los vínculos. Lo que hace es encubrir una relación laboral, permitir a través de una figura pseudocomercial el fraude laboral prohibido por el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo”. Es decir, se avanza en la posibilidad de utilizar otras formas de contratación para ocultar el carácter laboral de la relación entre empleador y empleados y así no aplicar las normas del derecho del trabajo correspondientes. 

Las voces que advierten sobre las consecuencias de esta figura se multiplican y alertan que lejos de combatir, termina por legalizar la informalidad. “El régimen fomenta la precariedad, no la previene, el porcentaje (bajo) de micro-empresas que hoy registra no tiene incentivos para mantener esos trabajadores dependientes sino para despedirlos”, advirtió Sebastián Etchemendy, investigador de Fundar. En el mismo sentido, Ana Natalucci, directora del Observatorio de Protesta Social (CITRA/UMET) señaló a este portal que “lo que se está haciendo no es reducir la informalidad sino deslaborizar, es decir, se elimina la figura del trabajador porque el que es propietario pasa a ser ‘trabajador independiente’ pero que no tiene derechos porque es patronal, y el que es trabajador pasa a ser ‘colaborador’, sin ningún derecho como vacaciones, indemnización, licencias. El impacto real que va a tener, por el contrario, es un incremento de la informalidad, arrasando con la figura del empleado como tal, desconociendo el vínculo laboral”. 

En directa vinculación aparece la eliminación de las multas por trabajo no registrado que también "convalidan la contratación informal”. En detalle, “la solución retrocede 33 años, ya que se volvería al sistema anterior a 1991 cuando las multas que hoy se intentan derogar le pusieron un límite a las indemnizaciones que ordenaba la justicia. La propuesta actual corre el riesgo de aumentar litigiosidad”, detalló Etchemendy. Sobre esto, la reforma libertaria, perdona la no registración a los empleadores, eximiéndolos de multas por no haber registrado como corresponde a las y los trabajadores, condonando deudas de Aportes y Contribuciones. Pese a que se ha mencionado en argumentos a favor que tales “incentivos” a la parte empleadora se traducirían en un aumento del trabajo registrado, la evidencia histórica muestra que en la década del ’90 cuando se redujeron las Contribuciones Patronales, la desocupación pasó del 7% al 20%, y la informalidad superó el 40%, de igual modo en la gestión de Cambiemos, pese a los beneficios impositivos grandes empresas, el desempleo pasó de 5,9% a 10%, y se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo formales.

“La decisión del empleador de regularizar a sus trabajadores y trabajadoras no depende de las deudas por Aportes y Contribuciones ni de las sanciones que pueda tener, sino de otros factores vinculados más a cuestiones macroeconómicas, al margen de ganancia empresarial y la marcha del negocio, que inciden en la decisión de trasladar las consecuencias negativas hacia las personas trabajadoras excluyéndolas de los beneficios del empleo formal”, señaló un documento elaborado por la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) en torno a la “Ley Bases”. En esa línea, explicaron que “la práctica habitual de los patrones a la hora de regularizar la relación laboral, es la de consignar como falsa fecha de ingreso a la fecha de registración y no la fecha real de ingreso a la empresa. De esta manera, evitan tener que abonar las deudas por aportes y contribuciones, así como las eventuales sanciones que puedan sufrir”. 

Luis Campos, coordinador del Instituto de Estudios y Formación (IET) de la CTA Autónoma, graficó: “hoy la relación es directa entre el trabajador y quien se aprovecha de su trabajo. El incentivo para tercerizar partes de los procesos productivos en células de hasta 6 personas que trabajan de manera ‘independiente’ va a ser muy grande”. En este escenario “el círculo se cierra con la desaparición de las multas por la falta de registro. No sería raro que este proyecto, en el corto plazo, favorezca un retroceso de la participación de los asalariados registrados en el total de la fuerza laboral”, valoró y resumió “es un ajuste a la baja”. La flexibilización también queda e manifiesta en otros puntos de la reforma como la ampliación del periodo de prueba, la eliminación de la protección por despido injustificado, y un fondo de cese de trabajo en reemplazo del derecho a una indemnización. 

Estos cambios profundizarán las desigualdades existentes no solo entre registrados y no registrados, sino que también aumentarán las brechas en materia de género. “La situación es más grave en el caso de las mujeres trabajadoras. Incluyeron un artículo donde se puede renunciar a la licencia por maternidad voluntariamente, que en la práctica implica que la patronal te obligue a no tomarte licencia. Esto, sumado a la quita a la moratoria de las mujeres es una profundización de la política misógina que tiene el gobierno”, evalúo Natalucci. Asimismo, advirtió sobre el impacto del fondo de cese laboral: "una cosa son las actividades estacionales donde hay mucho recambio de trabajadores, pero lo que va a terminar pasando con esta reforma es que además van a quedar en situación de mayor fragilidad los trabajadores que ya están en actividades sujetas a la dinámica macroeconómica general, y además hay que recordar que disolvieron el Ministerio de Trabajo, donde se canalizaban conflictos entre empresas y trabajadores”. 

La destrucción del empleo formal también avanza

Los datos oficiales y privados dan cuenta de que la destrucción de empleo ya empezó, a la vez que anticipan que es posible que la situación empeore durante 2024, con aumento del desempleo combinado con un incremento de modalidades de empleo de baja calidad. Así el impacto del plan económico libertario se materializa en una caída abrupta de la actividad económica (-10,3% en marzo y -6% en el primer trimestre, según Eco go), mayor desocupación y precariedad laboral, y crisis sostenida de los ingresos. 

El mayor impacto lo sufren las y los trabajadores públicos con una caída en cantidad de puestos del 1% en enero, “magnitud que no se veía desde mediados de 2014”, según la consultora Ecolatina. Junto a los asalariados privados sumaron una pérdida de 66 mil puestos de trabajo en el inicio de este año. La actividad privada se contrajo sobre todo en construcción (pérdida a febrero de más de 84.000 puestos en solo seis meses) pero también cayó la cantidad de puestos en la industria, el comercio y otros servicios como la hotelería, restaurantes, transportes y comunicaciones, actividades inmobiliarias y servicios sociales y de salud. 
 

En relación, el último informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó que entre noviembre y febrero de este año hubo más de 16.800 despidos formales en el sector. “Las primeras medidas de las empresas fueron suspensiones, eliminación de horas extra, disminución de la jornada laboral, se anunciaron despidos en empresas electromecánicas, automotrices, textiles, alimenticias, de comercio, y también en el sector público”, detallaron sobre la realidad de las empresas y el empleo argentino. 

La pérdida de puestos de trabajo ocurre en una economía en la que para la mayor parte de las y los trabajadores es prácticamente imposible llegar a cubrir el costo de vida básico. Ello además agravado por la desregulación de los mercados fomentada por el DNU 70/2023, recorte de partidas sociales y subsidios, y el impacto de la mega devaluación de diciembre. Desde ese mes, las y los trabajadores registrados perdieron 300 mil pesos mensuales de salario, según datos del Mirador de la Actualidad Económica (Mate). A su vez, esta semana se realizó el Consejo del Salario para definir el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Siguiendo la estrategia empresarial de rechazar de plano la propuesta de las centrales sindicales que exigían un aumento que eleve el mínimo por arriba de $400.000 (perdió 34% de poder real frente a nov/23 y está 58% por debajo de nov/15), el gobierno volvió a definir por decreto el aumento. 

A través de la Resolución 9/2024 se dispuso una suba del 9% para abril y del 6% para mayo. De esta forma, el salario –cada vez más mínimo- pasará de $202.800 en marzo, a $221.052 en abril y a $234.315 en mayo. Un monto inalcanzable para cubrir la canasta básica de alimentos (línea de indigencia) que se ubicó en $385.049 para una familia de cuatro integrantes. “Actualmente se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 20 años. Apenas está por encima de 2002/2003 y se ubica un 10% debajo de los niveles de los años ‘90. En paralelo, fue perdiendo posiciones con relación al promedio salarial. Pasó de representar el 40% del promedio salarial en 2011 a poco más del 20% en la actualidad”, señaló Campos del Observatorio Social de la CTA-A y recordó que es obligación del Estado asegurar que el monto permita al trabajador tener alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión, según el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Hay coincidencia en las y los especialistas del mundo laboral respecto de que la reforma y las decisiones del gobierno en torno a salarios y paritarias, lejos están de promover la generación de empleo ni mejorar su calidad.  “A las empresas no las asfixian las leyes sino la crisis”, destacaron desde la UNSAM y agregaron que, si bien “el mercado laboral en nuestro país acarrea serios inconvenientes y precisa de transformaciones urgentes, los contenidos de la reforma no permitirán solucionar los problemas ni tampoco modernizan el marco normativo, sino que lo retrotraen a situaciones previas, en algunos casos, de comienzos del siglo XX". Así, "un mundo del trabajo con menos derechos no le abre la puerta a los informales para que entren, sino que va a provocar que el sector formal se parezca cada vez al informal”.