Concluido el lockout político de los ruralistas, la pelea económica de fondos se mantiene inalterable: la presión por una mayor devaluación de la moneda y suba del dólar. En esa contienda, productores y exportadores granos se presentan hermanados en su accionar para forzar una suba en el precio de la divisa y así abultar aún más sus márgenes a través de un fuerte acopio de la cosecha que mantienen en silobolsas. Se estima que restan de la campaña 2021-2022 unos 20 millones de toneladas sin liquidar en el mercado de cambios, lo que tensiona el nivel de reservas, buscando forzar la tan ansiada devaluación.
El menú de opciones que se le presenta al Gobierno en las actuales instancias se encuentra condicionado por varios factores, como el acuerdo con el Fondo Monetario y la imposibilidad del Ejecutivo de plantarse ante estas maniobras especulativas. Las alternativas que se presentan van desde abrir una nueva “ventana” de rebaja de retenciones para acelerar la liquidación, cortarle el crédito comercial a quienes no cumplan con un umbral de liquidación razonable y hasta encarar una política de compra directa a los productores por parte del Estado.
Todas tienen sus condicionamientos. Sin embargo, la alternativa de una devaluación a los niveles sobre los que pivotea el pedido agropecuario derramaría en un daño al resto de la economía, con aceleración inflacionaria y mayor pauperización de los salarios. En el equipo económico insisten en que no habrá devaluación brusca.
“En los sectores productivos pequeños y medianos no hay intención de especular, todo lo que tenían que liquidar para gastos y costos ya lo hicieron, y ahora la única moneda de ahorro que tienen es el mismo cereal que producen, el cual van liquidando de a poco para sus gastos corrientes, pero eso no mueve el amperímetro del ingreso de dólares, solo puede afectar al mercado interno, como por ejemplo menores compras en los comercios del pueblo”, explicó a El Destape el vicepresidente de la Confederación General de la Producción, Gastón Borsini. De acuerdo el diagnóstico del directivo, “en el caso de los grandes productores, algunos no liquidan porque no tienen acceso a los insumos para la próxima campaña, con lo que en ese caso se justifica que guarden su stock de granos, y justamente creemos que el gobierno podría recurrir a ellos en lugar de al sector financiero”.
En el 2020, en plena pandemia, el sector agropecuario llevó a cabo una fuerte retención de granos, que impactó en la acumulación de reservas y, por ende, se reflejó en una disparada de la brecha cambiaria. El diferencial incluso (a valores constantes) fue mayor al que se registra actualmente.
Después de varias negociaciones infructuosas, el Gobierno cedió en una rebaja temporal de retenciones de tres puntos, del 33 a 30 por ciento, que se fue eliminando paulatinamente en el transcurso del último trimestre del año. Pese a esa concesión, que marcó un pésimo precedente en la correlación de fuerzas con el sector, ese año el sector solo liquidó el 83,7 por ciento de la cosecha, el menor porcentaje en 20 años, con un faltante de 4284 millones de dólares. Los efectos de la rebaja pudieron verse recién al año siguiente, cuando hubo un mayor movimiento.
La posibilidad de repetir esa experiencia y abrir una nueva ventana de rebaja de retenciones para acelerar la venta, en los mismos guarismos del 2020, implicaría una mejora de 3,8 pesos por dólar oficial que recibe por la exportación (actualmente 127 pesos menos las retenciones). Más allá de un gesto, otro más, de “buena voluntad” del Gobierno, con precios de los granos operando hace meses cerca de sus máximos históricos y un dólar que, en términos reales, mantiene la competitividad de 2018, parece una alternativa que no destrabaría el conflicto, que se presenta más político que económico.
Diferenciales y créditos
Una opción indirecta, planteada por el sector menos beligerante del campo que se encarga del lobby frente el Gobierno, es volver a establecer el diferencial de derechos de exportación entre la soja y sus subproductos. Hace dos meses se eliminó el diferencial de tres puntos que había para harina y aceite de soja, llevándolo al 33 por ciento que tributa el grano, con el objetivo de generar un fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo (lo que se conoce como subsidios cruzados).
Ante la falta de efectividad de la medida en los precios de la harina y los productos farináceos, el sector ruralista reclama que se vuelva a plantear ese diferencial. De acuerdo con cifras de la cámara de la industria oleaginosa (Ciara-CEC), el principal producto de exportación del país es la harina de soja, con el 14,2 por ciento del total, que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, el cual detenta actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50 por ciento.
Una opción, que requiere una mayor dureza de parte del Gobierno, es restringirle el crédito local, algo que se hizo en el 2021 cuando se presentaba otro año de tensiones con el segmento agropecuario. En ese momento, el Banco Nación congeló los créditos a tasa subsidiada a productores de soja y trigo que no cumplieron con el requisito dispuesto por una normativa del Banco Central de liquidar el 95 por ciento de sus cosechas en el mercado de cambios oficial. De todos modos, el cumplimiento del ingreso de dólares del 2020 estuvo por debajo.
Esa restricción fue temporal y no incluyó al resto de los productores, muchos de los cuales se subieron a la ola de acopio de su cosecha. La alternativa contraria la presenta Borsini, quien señala que una opción es, “en vez de refinanciar la deuda con los sectores especulativos, otorgar nuevos bonos a los sectores productivos a cambio de su liquidación, y que estos bonos sirvan para adquirir en el futuro insumos para la próxima campaña”.
La Junta Nacional y el IAPI
Como en cada una de estas crisis con el sector exportador que experimenta un gobierno de origen peronista, vuelven también a plantearse las alternativas que implementó el propio Perón, esto es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) en la década del cincuenta y la Junta Nacional de Carnes y de Granos en su tercera presidencia, durante los años setenta. El objetivo de ambos instrumentos era centralizar la compra de la producción agropecuaria en el Estado a un precio fijado por el gobierno, de forma tal que el Estado podría, en beneficio del país, efectuar una inmediata compra y venta de la producción para la obtención de divisas, y en beneficio de los sectores productores, establecer un precio sostén que permitiría que las fluctuaciones de los precios internacionales no afectasen de gran modo la rentabilidad del sector agrario.
De hecho, según señaló a este medio el historiador Marcelo Rougier, “más allá del discurso peronista anti terrateniente, el campo se vio beneficiado a partir del año 1949, con lo que la quita que el IAPI le había hecho a su ganancia extraordinaria previa a ese año, que igualmente no los llevó a pérdida, fue incluso en parte repuesta a partir del cincuenta”, cuando los términos de intercambio fueron menos favorable para el país.
La nacionalización del comercio exterior, de hecho, había surgido durante la crisis mundial de la década del treinta y auge del proteccionismo mundial, cuando en 1933 el gobierno liberal de Agustín P. Justo estableció la Junta Reguladora de Granos como forma de establecer precios mínimos para cierta producción exportable, como lino, trigo y maíz, que habían experimentado una fuerte caída de su precio internacional. Fue igualmente el gobierno de Edelmiro Farrell el que promulgó el decreto ley 15.350 en mayo de 1946 para crear el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que funcionaría bajo la órbita del Banco Central y ampliaba las compras a todo el comercio de granos, para comerciarla luego internacionalmente y obtener rentabilidades por la diferencia de precio, como también por la posibilidad de adquirir la producción sin la demora que implica la natural especulación del productor por el tipo de cambio y valor internacional, más allá de que en aquel momento el componente financiero del producción agropecuaria no estaba tan extendida.
De activa acción durante la década de gobierno peronista, en donde sus funciones se ampliaron progresivamente al financiamiento y subsidio de productores, búsqueda de nuevos mercados exportadores y asistencia técnica para la producción, el IAPI no implicó pérdidas para el agro y logró igualmente su objetivo de subordinar a este sector frente al industrial que generaba mucho más puestos de trabajo y mejores salarios, aunque las denuncias de corrupción estuvieron al día.
Tras el golpe de Estado de la Revolución Libertadora, el IAPI fue liquidado en 1956 para volver a implementarse una Junta Nacional de Granos que disminuyó fuertemente su presencia y actuó como un comprador más, cuestión que se intentó revertir en la tercer presidencia de Perón, pero el breve lapso entre la sanción de las leyes 20.535 y 20.573, sancionadas en septiembre de 1973 para que el Estado obtenga nuevas facultades de control y nacionalización del comercio exterior por medio de las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos, y el fallecimiento de Perón en julio de 1974 con su consecuente crisis, hicieron irrelevante su puesta en marcha.
El final de esta experiencia de intervención y regulación estatal del comercio exterior llegó de la mano de Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, cuando en 1991 y mediante el decreto 2284/91 de desregulación de mercados, se disolvió totalmente su actividad.
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