La llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía está marcada por desafíos urgentes, pero también con la necesidad de que la nueva funcionaria muestre ante la sociedad un perfil claro respecto a qué piensa sobre los problemas medulares del país. "La Griega" deberá romper con estigmas y posicionarse sobre qué hacer con la inflación, el dólar y el déficit fiscal, entre otras materias clave.
Caracterizada como una economista heterodoxa, Batakis fue la ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, acompañando a Daniel Scioli. En ese periodo, redujo fuertemente la carga de deuda provincial, tal vez el tópico que hoy marca el pulso de la vida política: los condicionamientos que imponen los enormes compromisos externos que el Gobierno heredó del macrismo.
Con ese antecedente puede vislumbrarse cómo afrontará su nuevo puesto en el gabinete nacional, además de las declaraciones públicas que realizó a lo largo de estos años. Contrario a lo que pretenden instalar sectores del establishment, no llegó al ministerio para aplicar grandes incrementos en el gasto público.
El déficit fiscal de la provincia de Buenos Aires marcó un rumbo mayoritariamente descendente durante la gestión de Batakis. En 2012, el rojo fiscal había sido de $ 8.858 millones, mientras que en 2013 se redujo a $ 1.029 millones. Ya en 2014, la tendencia se revirtió y el mayor distrito del país registró superávit por $ 800 millones.
Según los datos oficiales, el déficit ascendió en 2015 a $ 21.500 millones. Cabe destacar que el gasto corriente aumentó once puntos porcentuales más que los ingresos totales (46,3 % contra 35,1%) en gran medida por el aumento de trabajadores del sector público.
A pesar del último balance, en un breve comunicado a la prensa luego de ser designada, Batakis brindó una definición política aseguró "creer" en el equilibrio fiscal.
Dólar, inflación y retenciones
En una entrevista que brindó en abril de 2019, Batakis señaló que los problemas de inflación de Argentina son de oferta, generados por cuellos de botella de una estructura productiva signada por asimetrías y genera falta de dólares. En ese sentido, se expresó en defensa de herramientas antiinflacionarias como controles de precios, así como las medidas arancelarias y paraarancelarias para proteger la industria nacional y los controles de capitales.
Siguiendo esa línea de pensamiento, soslayó: "Argentina es en la práctica un país bimonetario que en estos últimos tres años profundizó la dolarización de su economía. Los combustibles se ataron al precio del barril internacional; las tarifas de luz y de gas se dolarizaron en forma directa; toda la cadena de trigo está dolarizada y sin ningún tipo de quiebre o desacople con el precio en el mercado internacional. Cuando el dólar sube, suben los precios. Cuando el dólar baja, los precios no bajan, porque esa baja es sólo ocasional".
Sobre esta temática, parece mostrar una diferencia respecto a la aplicación de suba de tasas: "La solución no es restringir los pesos circulantes ya sea con el artificio de la tasa de interés alta o con la caída de la masa salarial. Tanto las altas tasas de interés como la caída del consumo destrozan la matriz productiva y social y además reducen el espacio fiscal". Desde que comenzó el año, el Banco Central corrigió el parámetro de las tasas en cinco oportunidades
"Estábamos convencidos de que, por ejemplo, la inflación, el problema de cuello de botella que tenemos en la Argentina por los dólares, que es un tema recurrente, tiene que ver con una estructura productiva que siempre tuvo características desequilibradas, asimétricas, pero que de alguna forma ese era el momento exacto para comenzar a resolverlo estructuralmente", señaló puntualmente. En ese aspecto, tuvo una coincidencia con los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner respecto a la regulación del comercio exterior al afirmar en 2019: "Trataría de bajar la presión del tipo de cambio a través del turismo: debería haber un tipo de cambio diferencial por otros sectores y también más control de las importaciones".
Por otra parte, según la nueva integrante del gabinete, para hablar de retenciones primero hay que entender que "no son un invento argentino, están en cientos de países". Los hipotéticos cambios en los derechos de exportación fueron un tema de debate interno en el Frente de Todos, luego de la disparada de las materias primas debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.
"Cuando se sacan las retenciones del maíz suben los precios del pollo y el cerdo. Es matemático. El productor, cuando compraba maíz hasta diciembre de 2015 sabía que el precio internacional era X. Pero en Argentina era X menos la retención. En cambio, con la quita del impuesto ahora el precio es X. O sea, te contenía la inflación. Eso se llama política económica", argumentó Batakis. Ya en 2020, reforzó la idea en otro reportaje: “El objetivo de implementar la retención tiene que ver con la redistribución de los recursos, de estímulos para la buena utilización de las tierras que terminan agotándose con el monocultivo y también con que el Gobierno Nacional no tenga que salir a comprar dólares, que son escasos y tienen que ser utilizados para poder importar bienes de capital".
Cuentas pendientes con la Ciudad de Buenos Aires
En materia impositiva, la nueva ministra fue entrevistada por El Destape en marzo de este año y defendió la postura del Gobierno sobre la coparticipación que se le quitó a la Ciudad de Buenos Aires. “Cuando hablamos de coparticipación hablamos de que hay asimetrías históricas y algunas nuevas como el privilegio de CABA. No es en contra de los ciudadanos de la Ciudad, sino con que todos los habitantes del país tienen que tener lo mismo”, recalcó.
Como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Batakis fijó una postura muy contraria a la jurisdicción que conduce Horacio Rodríguez Larreta, lo cual puede recrudecer la relación con el dirigente opositor. Nación y Ciudad concluyeron las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo, por lo que será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.
El 9 del septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%, para transferir la diferencia a la provincia de Buenos Aires y así resolver el conflicto salarial que había motivado una huelga de la Policía Bonaerense.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.
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