Tras cuatro llamados, el Banco Central colocó solo el 33% del cupo estimado de bonos para importadores

El Banco Central de la República Argentina concluyó este jueves su cuarta licitación de los “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), un instrumento destinado a garantizarle los dólares a las empresas importadoras con un resultado, otra vez, escaso. Hasta el momento, la autoridad monetaria colocó el 33% de todo el stock que piensa emitir. De acuerdo a la información oficial, lo adjudicado llegó a 340 millones de dólares en este último llamado y a los 1644 millones de dólares, en total. La empresa Toyota habría aportado la casi totalidad de las operaciones, 90%.

Este instrumento fue ideado por el Gobierno para que las empresas importadoras puedan acceder a dólares para cubrir su deuda comercial; los bonos son adquiridos en pesos y pagados en dólares, con una tasa de interés del 5%. Es una suerte de privatización de la deuda comercial. De acuerdo al BCRA, la mitad de la deuda comercial fue adquirida con empresas de un mismo grupo. Es decir, operaciones intra firmas. La automotriz Toyota fue la que le dio el impulso inicial a dicho instrumento.

FMI

Durante las primeras dos licitaciones, no hubo movimientos. El sector privado esperó a que el FMI avalase este instrumento, como así también los lineamientos del ajuste macrista. Luego del comunicado oficial del organismo multilateral, los Bopreal empezaron a moverse, aunque casi toda la reacción la concentró Toyota.

El objetivo del Gobierno sería una primera colocación de 5000 millones de dólares. Con la última licitación por 340 millones, ya se habría cubierto el 33% de ese cupo inicial.

Registro

Para tener más claridad sobre “la deuda real" que las empresas tienen con proveedores del exterior, la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pusieron en marcha el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones, que hasta el momento lleva registradas acreencias por más de US$21.000 millones.

De ese total, unos US$ 16.500 millones corresponde a grandes empresas, US$ 2.500 millones a empresas medianas; y US$ 2.000 millones son de pequeñas y micro empresas.

Se trata de un trámite obligatorio para todos aquellos que, habiendo realizado operaciones de importación de bienes o servicios hasta el pasado 13 de diciembre, no accedieron al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para cancelar la totalidad de dichas obligaciones.