Enfocado en derrumbar el gasto previsional, el gobierno de Javier Milei anunció que auditará todas las pensiones por invalidez que se aprobaron durante la gestión de Alberto Fernández. Aunque en el primer semestre hundió la inversión en más de un 25% para esta partida, el Gobierno gasta más dólares en mantener estable la brecha cambiaria que los destinados para el pago mensual de todas las prestaciones que reciben las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, protagonizó una escena circense la semana pasada, al mostrar una radiografía de un perro que habría habilitado la obtención de una pensión por invalidez de una persona. El objetivo es sembrar la idea de un sistema corrupto que habilitaría al Gobierno a pasar la motosierra en una partida extremadamente sensible para el sistema previsional. Lo mismo pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se suspendieron 170 mil pensiones no contributivas a partir de notificaciones que llegaron a las casas de las personas sin que mediara auditoría alguna. De hecho, la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad advirtió que en el discurso de Adorni "subyace una idea de la persona con incapacidad como una aprovechadora", a pesar de que "cada pensión se otorga individualmente con un acto administrativo", con lo cual, "por cada pensión existe un expediente".
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Fuerte con los débiles
Más allá de la crueldad de fondo, los fríos números no justifican el avance del Gobierno. Actualmente, existen seis tipos de Pensiones No Contributivas (PNC):
- Pensión No Contributiva por Invalidez.
- Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
- Pensión No Contributiva por Vejez.
- Pensión No Contributiva por "Leyes especiales".
- Pensión No Contributiva "Graciables".
- Pensión No Contributiva para excombatientes de Malvinas.
Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social que publica la Anses, en total, 1.598.061 personas cobran esta prestación. Las PNC por invalidez alcanzan a un universo de 1.236.825 personas, compuesto por 644.162 hombres, 592.635 mujeres y 28 individuos que no se identifican con ningún género. Con el último ajuste vía inflación que ejecutó el Gobierno, estas personas cobran $ 150.906,57. Se podría cruzar esta cifra con los valores de la canasta básica pero el número se comprende por sí mismo: pobreza.
En concreto, el costo mensual para el sistema previsional en el pago de la PNC por invalidez es equivalente a 206 millones de dólares. Esta cifra no cuenta el bono de $ 70.000 que viene pagando el Gobierno desde marzo, ya que es un monto discrecional que no forma parte directa de la prestación básica que se actualiza por el índice de precios al consumidor. El monto no dista de los valores que se negocian a diario en el Mercado Único y Libre de Cambios, donde el Banco Central adquiere o se desprende de divisas.
El lunes, las reservas del Banco Central cayeron 144 millones de dólares y tocaron el piso más bajo en cuatro meses. El analista Salvador Vitelli estimó en la red social X que el Central vendió la semana pasada, en tres ruedas, un aproximado de 116 millones de dólares. El Ministerio de Economía informó que la autoridad monetaria retirará $ 2,5 billones en circulación de la economía adicionales a los que absorbe por tener superávit primario. En síntesis, tomando en consideración un tipo de cambio promedio del contado con liquidación (CCL), puede llegar a vender 2.000 millones de dólares en ese mercado para bajar la brecha cambiaria. Con esos fondos se pueden pagar PNC por invalidez durante casi 10 meses consecutivos.
Es decir, en un puñado de días se gastan más dólares que para el pago de pensiones a personas con discapacidad en todo un mes, pero para los libertarios son éstos últimos la razón del despilfarro estatal. De acuerdo a un informe de la consultora Geres, en junio, el gasto en las denominadas prestaciones sociales disminuyó 18,7% interanual en términos reales. Así, en el primer semestre acumuló una caída de 22,3% respecto de iguales meses 2023 y explicó un 39% del recorte en el gasto total en ese período. En particular, el gasto previsional en las Pensiones No Contributivas se desplomaron 11% y acumula una caída 25,7% en el primer semestre.
En días donde la restitución del Impuesto a las Ganancias tomó nuevamente la agenda pública, también puede establecerse una comparación con las pensiones y la selectividad del ajuste. Por ejemplo, el año pasado, el proyecto de Presupuesto 2023 incluyó una “separata” sobre la cuestión de los gastos tributarios y propuso su revisión para atender al déficit fiscal. Entre ellos se contemplaba la eliminación de la exención del pago de Ganancias de jueces y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales, un privilegio que iba a representar $ 238 mil millones solo en 2023, un 0,2% del PBI. ¿Cuántas pensiones podrían ser financiadas si el Gobierno hubiera optado por cortar con un beneficio digno de la "casta"?
Milei va contra un sostén social clave
En el siglo XXI, la expansión de los sistemas de pensiones no contributivos para las personas mayores constituyó uno de los principales hitos en la construcción de las arquitecturas de protección social en América Latina y el Caribe, una región marcada por un alto nivel de informalidad laboral y amplias brechas y desigualdades, en particular, en los sistemas de pensiones. Un documento de la Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe (Cepal) estimó que la cobertura de estos sistemas de pensiones registró un aumento de 27,6 puntos porcentuales en las últimas dos décadas (entre 2000 y 2022). Esto quiebra con el discurso oficial de un supuesto festival de pensiones por parte de sucesivos gobiernos peronistas.
El 44,1% de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza en 2001 y el 12,2% vivía en condiciones de pobreza extrema. En 2014, las proporciones se habían reducido, ya que el 27,7% de la población se encontraba en situación de pobreza (una caída de 16,4 puntos porcentuales) y el 7,8% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema (una reducción de 4,4 puntos porcentuales). En el mismo período, la pobreza entre las personas de 65 años y más se había reducido del 29,4% al 15,9% (una reducción de 13,5 puntos porcentuales) y la pobreza extrema había bajado del 7,2% al 4,3% (un descenso de 2,9 puntos porcentuales).
De esta forma, la pobreza de las personas mayores se redujo un 46%, es decir, casi la mitad de su incidencia a comienzos de siglo, mientras que la reducción de la pobreza total experimentada entre 2001 y 2014 equivale al 38%, es decir, a poco más de un tercio de su incidencia inicial. La reducción proporcionalmente mayor de la pobreza en la vejez se explica, en gran parte, por el aumento en la cobertura de los sistemas de pensiones, sobre todo en los países que crean nuevos sistemas de pensiones no contributivos, pese al rol preponderante que tiene la suficiencia de las prestaciones entregadas por los sistemas contributivos de pensiones en los países.
La Cepal -que no puede ser acusada de comunista- sostiene, por ejemplo: “…la mayoría de los países europeos cuentan con una pensión no contributiva focalizada para la población de bajos recursos. El alcance y la generosidad de estos programas es muy variable. En países como Bélgica, Francia y Luxemburgo, las prestaciones son relativamente generosas, mientras que en el resto de los casos los montos son más acotados. Dada la amplia cobertura de las pensiones contributivas en estos países, el papel de las pensiones no contributivas focalizadas en la arquitectura de protección de la vejez tiende a ser más limitado, con una cobertura generalmente inferior al 5% de la población. Algunos países también ofrecen prestaciones monetarias complementarias para cubrir gastos específicos, como vivienda (Dinamarca, Finlandia, Grecia y Suecia), o bien para personas mayores que viven solas (Estonia) y para personas mayores de 70 años (Italia)….”.