Es difícil encontrar un ejemplo más claro del embuste que fue la campaña de Javier Milei, como la promesa de que el ajuste lo iba a pagar la “casta” (los principales engranajes de la política) y no la población. En apenas dos meses de Gobierno, las medidas adoptadas por el equipo económico convocado por el Presidente libertario cayeron como un rayo ajustador sobre el sector más vulnerable de la población, atacando dos rubros clave para su mera supervivencia: los alimentos y los medicamentos. En ambos casos, el aumento de precios que el Gobierno permitió a las empresas en ambos rubros sin restricciones, junto con el recorte de los programas de transferencia a los hogares de menores ingresos, está llevando a buena parte de la población al borde del precipicio. Lo que no toma en cuenta el gobierno de La Libertad Avanza es que antes de dar el paso al vacío, el acto reflejo es avanzar en la dirección contraria (de frente). Las interminables colas frente del Ministerio de Capital Humano en busca de alguna respuesta son la muestra de una lucha que recién comienza y nos interpela a diario.
En pocas semanas el Gobierno, con sus paquetes impopulares de ajustes y sus despliegues de represión a las protestas contra dichas medidas, dejó en evidencia que está dispuesto a enfrentar cualquier precio con tal de seguir con su política de loteo de negocios entre amigos y con la desaparición de la mayoría de la población del mapa político. Con un simple decreto de necesidad y urgencia liberó a las prepagas a fijar el precio que quieran a sus asociados y las empresas anunciaron desde entonces hasta marzo un aumento que implicará la duplicación de la cuota (aumento acumulado del 100 por ciento). Por su parte, pretende vía reforma laboral desfinanciar las obras sociales, cierra centros de atención y distribución de medicamentos –como busca también hacerlo con los alimentos—y desreguló la venta de remedios para particulares. En ese contexto, pretende congelar los salarios y ampliar los márgenes operativos de las grandes empresas, en particular de firmas extranjeras.
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Hasta el año pasado los precios de los servicios de medicina privada estaban regulados por el Gobierno y mayormente los mismos se ajustaban por debajo de la inflación. El decreto del actual Gobierno no solo liberó los precios de salud sino de otros bienes y servicios, promulgando el libre mercado. A raíz de lo anterior, los usuarios de este servicio recibieron en sus facturas de enero incrementos de precio de un 40 por ciento en promedio, mientras que ya se anunciaron ajustes de más de un 30 por ciento en febrero y del 23 por ciento para marzo. Representa un aumento del 125 por ciento en apenas un trimestre, pese a que varios fallos judiciales en contra de los incrementos siguen con sentencia firme.
Actualmente, el precio de ingreso a una prepaga –para población sub 30 años— se encuentra entre los 40.0000 y los 60.000 pesos por mes por persona. El valor de cuota de una prepaga en Argentina varía dependiendo de la persona o grupo familiar (edad, necesidades, ubicación, estado de salud, etc.), llegando a superar los 100.000 pesos para un plan alto o por la condición del asociado. Con el congelamiento de los fondos, esos aumentos los asociados deben compensarlo en efectivo. Es decir, cuando los salarios buscan empardar la inflación, la parte que se transfiere por descuento a las obras sociales (el 3 por ciento del salario bruto) también aumenta, lo que no llega a compensar el aumento de la cuota pero lo amortiza. El problema es que con salarios que pierden estrepitosamente contra la inflación, esa ecuación se corrompe. Hoy el descuento sobre un salario de 1,5 millón de pesos (que implicaría unos 45.000 pesos) no alcanza para cubrir la total de la cuota de la mayoría de las prestatarias de medicina prepaga.
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El resultado es la baja de planes para pasarse a otros más baratos o dejar directamente las prepagas para quedarse en una obra social. La consultora D´Alessio IROL analizó cuál fue la reacción de los argentinos luego de enterarse que las prepagas incrementarían el valor de sus cuotas drásticamente. "Un 70 por ciento de los usuarios de medicina prepaga está contemplando realizar cambios en su cobertura de salud actual debido a los aumentos. De ellos, un 26 por ciento está considerando abandonar su proveedor actual por otra cobertura privada y un 10 por ciento está evaluando la posibilidad de depender exclusivamente del sistema de salud pública", resaltó el relevamiento.
De acuerdo con el sondeo realizado por la consultora durante enero, que contempla las respuestas de 1240 encuestados mayores de 18 años de todo el país. El análisis asegura que el impacto en las clases bajas es mucho más profundo. "En el segmento socioeconómico medio bajo, un 18 por ciento podría verse forzado a abandonar el sistema de medicina prepaga por completo", advirtió D'Alessio IROL.
“Hay muchos afiliados a las prepagas que están comentando a las farmacias su dificultad para afrontar las cuotas. En muchos casos hay una exigencia también de las prepagas de acuerdo al grupo etario de modificar las cuotas. Hay casos en que piden centenares de miles de pesos por mes, de acuerdo a la edad y a la evaluación que hace de las personas. Obviamente todos esos afiliados se van a desafiliar, van a pasar a la cobertura de sus obras sociales si la tienen, o quizás acceder a un plan menor, obviamente con menor cobertura de medicamentos”, explicó a El Destape Rubén Sajem, titular de Centro de profesionales farmacéuticos argentinos (Ceprofar).
La baja en los planes, donde además de una supuesta mejor atención se obtienen descuentos en la adquisición de medicamentos, explica la caída en la venta de éstos en las últimas semanas. Las ventas en farmacias se desplomaron 45,8 por ciento en enero respecto a igual mes del año pasado, a precios constantes y 7,9 por ciento contra diciembre. “Fue un pésimo mes para las farmacias, que se quedaron con un caudal de stock importante frente a la drástica caída de expendio. Algunos empresarios consultados señalaron que las cifras de enero parecen las de un mes donde nadie se enfermó. Pero la visión cambia cuando se mira el componente de ese declive, donde el rubro más perjudicado fue el de Cuidados Personales”, detalló el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La población está comprando solo medicamentos esenciales, pero deja de adquirir varios ante la imposibilidad de pagarlos. Sin los descuentos de las prepagas, a los que se suman los aumentos desmedidos de precios y la eliminación de la ayuda social de la cartera de “Capital (Des)humano” que conduce la ministra Sandra Pettovello empeora la situación y la lleva casi al límite de las posibilidades. Por ejemplo, circuló el lunes una circular en la que el gobierno nacional suspendía la atención de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dejando en la incertidumbre a muchísimas personas que incluso tienen patologías terminales. La DADSE dependiente Pettovello es un área de gestión y entrega de medicamentos de alto y bajo costo para adultos, embarazadas, adolescentes y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Acuden a esta dirección los que no tienen ningún tipo de cobertura.
Por su parte, el desfinanciamiento de las obras sociales al que llevan las medidas de Milei también atenta contra el acceso a esos insumos básicos de la población. En el decreto, aunque por el momento el capítulo laboral quedó en stand by al ser judicializado, también modifica la ley de Obras Sociales N° 23.660 y determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.
“La gente no está pagando los medicamentos a precio lleno de sus bolsillos, como estaba haciendo antes, a lo mejor para evitarse los trámites. Para conseguir la receta o conseguir los turnos con los especialistas, directamente compraba el medicamento a precio lleno de sus bolsillos, a pesar de tener obra social o prepaga. Eso ahora no está pasando, todos quieren tener su cobertura, comprar los medicamentos con la cobertura de la obra social o de la prepaga”, señaló a este medio Sajem. El titular de Ceprofar recalca que, dado que las obras sociales no pueden aumentar su cuota y depende del aporte de cada afiliado –que en términos reales es cada vez menor—la situación va a empeorar. El directivo sostuvo además a este medio que los laboratorios aumentaron entre noviembre, diciembre y enero entre un 120 y un 130 por ciento los precios de los medicamentos y las prepagas trasladan el costo en términos relativos en la misma magnitud.
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