Los reclamos y las propuestas detrás del "verdurazo" en el Congreso

Las organizaciones de trabajadores y de familias campesinas, nucleadas en la Mesa Agroalimentaria Argentina, realizan un "verdurazo" frente al Congreso, como una forma de visibilizar el reclamo por una pronta sanción a distintas propuestas legislativas que presentaran este mediodía a diputados y senadores. Luego que se concediera a los grandes productores y exportadores de soja y derivados un dólar diferenciado y precios sostén, las organizaciones volvieron a la carga con una serie de reclamos que buscan desandar el camino de concentración de la producción de alimentos y una comercialización más directa para evitar abusos de precios. Dos temas claves que presentaron tiene que ver con el acceso a la tierra y límites a los arrendamientos de campos, que hacen muy dificultosa la producción.

"Lo que más me preocupa de los anuncios del domingo es que seguimos sin políticas activas para el productor de alimentos y solo haya para los grandes; con lo cual, es premiar al que más tiene con un dólar mayor. Entiendo que es para que liquiden y entre dólares. Pero siempre estamos en una encerrona en la que hay más para los que tienen más", señaló a El Destape Nahuel Levaggi, coordinador nacional de Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y referente de la Mesa Alimentaria. La UTT, junto a la Federación de Cooperativas Federadas  (FECOFE) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, realizaron un verdurazo, en el que se donaron más de 20.000 kilogramos de alimentos a las familias vecinas, mientras se presentó un paquete de cinco propuestas legislativas en el Congreso. 

"Las medidas tienen que ver con dar respuesta al campo que alimenta, dentro de un plan de soberanía alimentaria con legislación de políticas públicas que apoyen al pequeño productor de alimentos a precios accesibles", explicó Levaggi. Uno de los puntos que se incluyen es un proyecto sobre el que vienen trabajando desde el 2016 y es la ley de acceso a la tierra, a partir de la creación de un fondo fiduciario para entregar a familias productoras para que puedan comprar tierras para producir y trabajarlas. "Y en este caso, se enmarca también la ley de arrendamiento rural, para generar las condiciones para que quienes alquilan, como la duración de los contratos, el reconocimiento de las mejoras que se hacen en los predios. Las familias que alquilan las tierras están hoy, ya sean una hectárea o 50, pero no saben si van a estar mañana", detalló el coordinador de la UTT.

De manera informal, más allá de los proyectos, los referentes de la Mesa Agroalimentaria pretende parte de la mejora recaudación por el dólar-soja vaya a créditos blandos a los pequeños productores. El esquema de liquidación anunciado el domingo contempla que parte de lo recaudado tenga como fin incentivar las economías regionales. 

Las propuestas

a) Ley de acceso a la Tierra. Es el más conocido porque fue presentado en otra oportunidad e implica la creación de un fondo fiduciario para entregar a familias productoras para que puedan comprar tierras. "Se constituye el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar –CREPAF– (Fondo), como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno y al desarrollo económico y social, cuya finalidad es facilitar el acceso al crédito para el desarrollo integra.

b) Ley de arrendamientos rurales. Según los datos del último censo agropecuario del 2002 desaparecieron 103.405 productores en el país: de 421.221 productores que había en 1988, en el 2002 según el CNA hay 317.816 productores, el 24,5 por ciento% menos. Solamente en la región pampeana de 196.254 productores que había en 1988, en el 2002, según el CNA, hay 136.345 productores, un 30,5 por ciento menos. "Tomó cuarenta años para que, con algunas leyes y el Consejo Agrario Nacional –luego eliminado por decreto-, se propiciaran las condiciones para transformar a 95.000 arrendatarios en nuevos chacareros dueños de su tierra. Pero sólo catorce años bastaron para que desaparecieran más de 100.000 productores", señala el proyecto.

La iniciativa amplía significativamente las modalidades y figuras contractuales, a fin de ofrecer a propietarios y productores diversas opciones que responden a las modalidades negociables actuales, como así también para posibilitar la asociación entre productores con propietarios, e incluso con contratistas, proveedores e inversores, facilitando la reinserción y financiación de los productores. Con la finalidad de proteger a la agricultura familiar y detener la concentración, el proyecto introduce un régimen especial para los que denomina Contratos Promovidos, al mismo tiempo que pone límites a la concentración y grava sus modalidades habituales. 

c) Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos. El proyecto crea la figura jurídica de Área Campesina para la Soberanía Alimentaria. Se crean Áreas Campesinas para la Soberanía Alimentaria como figura jurídica de protección de los territorios campesinos y de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas. También se define el Sujeto Campesino, a quien se les reconoce y permite conservar los usos colectivos de la tierra y el hábitat rural de las comunidades.

d) Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias. El Censo 2018 arrojó que actualmente existen unas 222.000 explotaciones con límites definidos (con alambrados) distribuidas en el país, respecto de las 297.000 que existían en 2002 y de las 378.000 relevadas 1988. Esto significa que en sólo tres décadas se perdieron 156.000 establecimientos. La situación afecta sobre todo a los de pequeña escala, con menos de 50 hectáreas.

En este contexto, la Mesa Agroalimentaria Argentina viene a proponer un cambio en el actual esquema de retenciones, con el objetivo de proteger un estrato mínimo de 60.000 pequeños productores, que enclavados en las pequeñas ciudades y pueblos del interior de país, pelean año tras año para ser un chacarero sobreviviente, en este difícil contexto, en el que hasta el clima para conspirar, otorgando una nueva sequía que viene a impactar duramente en nuestra producción. Esta propuesta radica en la segmentación de la alícuota en la retención sobre los derechos de exportación en cereales y oleaginosas. Utilizando el 10 por ciento del monto total recaudado, en concepto de retenciones para realizar una redistribución de las mismas según escalas productivas.

e) Ley de Financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica. En Argentina más del 75 por ciento de los productores son pequeños y medianos agricultores, campesinos, agricultores familiares. "Encontramos así que los precios entre lo que se paga al productor y lo que un producto terminado cuesta en la góndola pueden tener diferencias que van del 200 al 1.500 por ciento", sostiene la propuesta. Es por ello que se propone establecer un sistema de créditos orientados a estos sujetos para fortalecer 1) los objetivos de soberanía alimentaria y transición agroecológica nacionales; 2) el asociativismo y el fortalecimiento cooperativo y 3) el arraigo Rural mediante el desarrollo productivo agropecuario y la instalación de nuevas unidades de agregado de valor en el territorio rural.