El retorno a la democracia en los 80 trajo consigo una novedad ya instalada: la deuda externa se convierte en política de Estado, pero no en el sentido virtuoso que suele darse a la expresión. De todas las tragedias que engendró la última dictadura militar el feroz endeudamiento externo fue una de las principales marcas en lo económico; en poco más de siete años la multiplicó por 7. (Otra dictadura militar, la iniciada en 1955, hizo ingresar a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, porque a veces la historia sí está encadenada). A partir de esa suba del endeudamiento externo que no se tradujo en inversión productiva o en infraestructura, sino que conformó lo que en aquellos años se denominaba “la patria financiera”, cambió para siempre un rasgo de nuestra política local: gobernar significa atender el pago de la deuda externa como una parte central de la política económica, el mayor cepo y restricción que puede hallarse en las últimas décadas para proponer un modelo de desarrollo.
La cuestión ya venía desde fines de los años 50, pero no con esta gravedad. El endeudamiento sistemático como política económica caracterizó a la dictadura militar, pero también a los gobiernos de Carlos Menem, Fernando De La Rúa y Mauricio Macri. Apelar al crédito externo no nos dice en sí mismo en qué consiste una política económica; puede ser un proyecto que implique un salto en las comunicaciones o en la producción de energía. Sin embargo, los procesos de endeudamiento ya mencionados no se acercaron a esa opción, sino que el campo financiero fue su destino: sostener la convertibilidad los dos primeros, conformar a los sectores financieros en el caso del macrismo. La primacía del campo financiero sobre el productivo, se expresa de modo muy trasparente en los procesos de endeudamiento que hemos vivido, consecuentes con las políticas económicas propuestas desde los tiempos del Consenso de Washington; no es un mero debate sobre el modo en que se manejan los procesos de deuda (toma y pago) sino que se inscriben en la discusión mayor sobre el modelo económico. Y en nuestro país las diversas expresiones de derecha que ocuparon la Casa Rosada, apelaron muy rápidamente a este particular modo de vincularse con el mundo, no aumentando exportaciones, sino convirtiéndose en irresponsables tomadores de deuda, que luego heredaron gobierno con otros horizontes, pero que se vieron siempre signados por semejante restricción. De modo que la deuda no es la mera deuda (que de “mera” no tiene nada, desde luego) sino el modo en que se está organizando la economía y la política, no solo doméstica, sino mundial.
a política de la deuda Recordé de pronto un discurso del economista francés Michel Camdessus, Director Gerente del FMI entre los años 1987 y 1997, a poco de asumir en su cargo. Palabras más, palabras menos afirmaba que el Fondo, ante algunos rumores, no iba a avalar prácticas de cese de pagos de las deudas soberanas por parte de los países deudores. En efecto la “crisis de deuda” iniciada por el default de México en 1982, había abierto un debate con centro en América Latina, que implicaba plantear condicionalidades de los deudores respecto al pago de la misma. Surgieron en ese marco distintas iniciativas, la principal, constituir un club de deudores que involucrara a los países con mayor peso de deuda y eso incluía a México, Brasil y la Argentina principalmente. Los gobiernos de esos países intentaron, especialmente el argentino, generar una política coordinada frente a al FMI. Surgieron distintas ideas como la de formar un club de deudores que unificara políticas frente al Fondo y obtener así algunas ventajas en la negociación. Podría decirse que ciertas condiciones propiciaban esa iniciativa. En primer lugar, porque México, Brasil y Argentina acumulaban buena parte de la deuda al organismo y a los bancos; en segundo término, la región salía en conjunto de las dictaduras militares que azotaron la región y la política de los EE.UU. en ese momento fue la de apoyar los procesos democratizadores y a sus gobiernos; por último este proceso denominado de transición a la democracia, generó un acercamiento entre los gobiernos de la región en pos de superar rencillas históricas.
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El gobierno de Alan García, quien fue electo presidente de Perú en las elecciones de 1985, proponía concretamente que se pagara anualmente por la deuda no más del 10% del total de las exportaciones. Alentados por otras experiencias regionales como el Grupo Contadora, iniciativa del gobierno mexicano para ayudar a lograr la paz en Centroamérica, la idea de la coordinación regional parecía posible. Se conjugaban distintas dimensiones que abrían la puerta a otra política respecto de la deuda que la que el Fondo alentaba. Sin embargo, no hubo variaciones sustanciales y la lógica de negociación individual y en los términos del FMI se impuso, en parte porque los países atravesaban crisis económicas que los llevaron m uy pronto a incumplir los compromiso ya asumidos (puede leerse un excelente resumen en esta nota de Noemí Brenta; luego ya en los 90, vendría el llamado Plan Brady, diseñado por el Tesoro del gobierno de los EE.UU.
Este apretado recorrido deja sin dudas un sabor de realismo amargo, que no necesariamente debe marcar para siempre las estrategias frente a la deuda, pero sí nos señala el tipo de negociaciones y de geopolítica que perduraba hacia el fin de siglo. Allí se encuentra el eje político de la cuestión de la deuda. Los gobiernos peronistas del siglo XXI, han seguido la lógica de negociar preservando intereses nacionales y buscando evitar que el impacto del pago caiga sobre los sectores populares, con la mirada puesta en el crecimiento de la economía productiva. ¿Se logró el mejor acuerdo posible? Pregunta contrafáctica, por eso me parece importante señalar que frente a las opciones que propone el macrismo, y que nos condujo a esta situación, se retomó un sendero con los márgenes de acción que el hoy nos presenta, que incluye una región con incertidumbre respecto a reconstituir alianzas políticas populares. Y al mismo tiempo: hace solo semanas la oposición partidaria y mediática aseguraba el ingreso al default; el acuerdo no deja de ser una victoria para el presidente.