“El programa supone la implementación, al menos implícita, de un ajuste fiscal y monetario en el corto plazo”, formulan. Y agregan que “desde el punto de vista de los objetivos que se propone el gobierno en el entendimiento con el FMI -esto es, ‘la continuidad de la recuperación económica’ y la ‘expansión moderada del gasto estatal’- es poco probable que el programa sea exitoso”. Se tratan de algunas de las conclusiones del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), de la CTA, que se ligan con otras del Observatorio de Políticas Públicas / Módulo de Políticas Económicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), en las que se señala que “el sendero propuesto en materia de política fiscal y su forma de financiamiento resultan exigentes, sobre todo si se lo observa en conjunto de metas cuantitativas de política monetaria”.
Las definiciones cobran relevancia no solo porque ambos centros de estudios están integrados por economistas de amplia trayectoria académica, sino también porque, bajo una tendencia heterodoxa, focalizan sus investigaciones en el desarrollo de la economía real antes que la financiera.
De hecho, ambos comienzan sus informes dando cuenta del enorme perjuicio que significa el endeudamiento al que sometieron al país la alianza Cambiemos y el FMI. Según la UNDAV, se trató de “un préstamo irresponsable y discrecional. Más aún, no tuvo más finalidad que la fuga de capitales, por lo que nunca se tradujo en un impulso de la economía real”, mientras que CIFRA plantea que, en los hechos, ningún dólar de préstamo quedó en el país, pues “de los 86.000 millones de dólares que se fugaron en el período 2016-2019, 45.100 fueron durante la vigencia del programa del FMI, es decir, un monto similar a los desembolsos del Fondo”.
En este sentido, este centro de estudios plantea que el crédito otorgado por el FMI a la alianza Cambiemos fue de carácter irregular, tanto por el monto otorgado por fuera de los límites del propio FMI como por la utilización del mismo para solventar la fuga de capitales que el propio FMI prohíbe, con lo que “el gobierno podría haber optado por una negociación que procure extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes en el FMI y eliminar la sobretasa de interés”, cuestión que señala, no se consiguieron en “ninguna de las dos cuestiones centrales para alcanzar una mayor sostenibilidad de la deuda”.
Entre la coherencia y la exigencia
Específicamente sobre el nuevo acuerdo, desde CIFRA plantean que la “información proporcionada por el proyecto y los Memorando es escasa para discernir acerca de, incluso, la coherencia interna del acuerdo”, por lo que recurre a estimaciones propias de diversas variables macroeconómicas, vinculadas por ejemplo, a impactos fiscales o de gasto público.
De esta forma, señala que, en materia de divisas, para enfrentar los compromisos asumidos, “se estima que las exportaciones deberían promediar los 91.000 millones de dólares en el período 2022-2024, lo que constituye una meta difícil de alcanzar”. De hecho, los 84.000 millones de dólares de exportación de 2011 fue el record histórico, tras lo cual nunca regresaron a ese valor. Incluso, para 2022, desde este centro de estudios señalan que el proyecto considera que el ingreso de crédito internacional financiará el 100 por ciento de los vencimientos de capital en moneda extranjera, e incluso permitirá destinar 1.700 millones de dólares para financiar parte el déficit fiscal, pero según se deprende del informe, por el momento solo se mencionan acuerdos por 2.600 millones de dólares para 2022 con el Banco Mundial, el BID, la CAF, FONPLATA, BCIE, China y otros bancos bilaterales, con lo que resta saber de dónde provendrían los 2.712 millones de dólares restantes para cumplir con el objetivo pautado.
En tanto, desde la UNDAV sostienen que “si observamos el perfil total de la deuda en dólares notamos que desde 2026 y hasta finalizado el acuerdo de facilidades extendidas, los vencimientos resultan significativos”, añadiendo que “el acuerdo con el FMI incluye auditorias trimestrales que podrían condicionar los desembolsos. En una situación así, la argentina no contaría (por lo menos durante los primeros dos años) con los fondos necesarios para pagar”.
Por el lado fiscal, desde CIFRA calculan que la acordada reducción de los subsidios energéticos en un 0,6 por ciento del PIB por efecto de la segmentación y el incremento tarifario, no se cumpliría, pues “lo más probable es que aumenten en 0,2 puntos por el incremento de los precios internacionales”. De esta forma, agregan se pone “en tela de juicio el alcance de la meta fiscal establecida en el programa y para alcanzarla deberá no solo recortarse el denominado gasto COVID (vacunas, Fondep-Fogar, Repro II, Pre-viaje, etc.), sino otros gastos corrientes y/o incrementar en una menor proporción que en la propuesta el gasto de capital”. De hecho, sostienen que “con las cuentas disponibles hasta el momento no es posible alcanzar la reducción del déficit fiscal del 3 por ciento del PIB en 2021 al 2,5% en 2022, a menos que haya un aumento de la recaudación que alcance al 0,8 por ciento del PIB”. Y en este sentido, plantean que esa cifra fue lograda solo en 2003 y 2004, con tasas de crecimiento mayores al doble que el crecimiento proyectado para este año, mientras que en 2021, con un crecimiento mayor a 10 puntos, la recaudación creció 0,6 por ciento.
En este sentido, desde la UNDAV plantean que “el sendero propuesto en materia de política fiscal y su forma de financiamiento resultan exigentes”, pues “en el 2022 la argentina no contará, en principio, con ningún ingreso extraordinario como lo fue el impuesto a las grandes fortunas del 2021”.
Sin embargo, resaltan que “la limitación de la política monetaria es sin lugar a duda el principal desafío de programa con el FMI, teniendo en cuenta posibles contingencias climáticas, de política económica internacional, incertidumbres por la guerra en Ucrania, y el sendero fiscal propuesto”, pues añaden que si bien la Carta Orgánica del Banco Central permite financiar al Tesoro con un monto equivalente al 2 por ciento del PBI, “el acuerdo sólo permitiría hacerlo por el 1 por ciento del PBI”.
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