El propósito del gobierno de reducir las denominadas transferencias discrecionales o no automáticas que la Nación gira a los 24 distritos Aires corre el riesgo de encontrar varios obstáculos, tanto legales como políticos, que derivarían en un impacto económico menor al esperado, si se tiene en cuenta que el grueso de las partidas corresponde a suplementos salariales para los docentes de todo el país, compensaciones a cajas previsionales y fondos a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a raíz del recorte de la Coparticipación a esta última y los aportes a la primera dispuestos en septiembre de 2020.
Las transferencias que habitualmente realiza el Estado nacional a las 23 provincias y CABA se dividen en dos grandes grupos: las automáticas, que comprenden el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, las compensaciones por el Consenso Fiscal y un conjunto de leyes especiales (IVA de la Seguridad Social, Bienes Personales, Combustibles, Monotributo, Desequilibrios provinciales y Régimen de Energía Eléctrica), y las discrecionales o no automáticas que, a diferencia de las primeras, no están sujetas a mecanismos de distribución prestablecidos y pueden variar según el criterio de la autoridad de turno.
No obstante, los márgenes de discrecionalidad son limitados y, además, su impacto fiscal es menor al de las transferencias automáticas.
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"Son aproximadamente el 1% del PBI, casi el 80% son transferencias corrientes y dentro de ellas el grueso es el el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente)", indicó a Télam la directora de Economía & Ética, Verónica Sosa.
En el acumulado al 4 de diciembre, los envíos de la Nación a las provincias por el Fonid ascendieron a $ 283.603 millones y representaron el 24% del total de transferencias no automáticas corrientes, según el informe de la consultora, y Sosa lanzó al respecto una advertencia: "eso Milei no lo va a poder recortar".
"Tampoco podrá recortar las transferencias por los déficits de las cajas previsionales, que es la tercera transferencia en orden de importancia", apuntó, en referencia a los $ 111.001 millones que representaron cerca del 11% del total de transferencias discrecionales corrientes.
Asimismo, Sosa destacó "los dos fondos" creados en 2020 para Buenos Aires y CABA, a raíz de los aportes girados a la primera para fuerzas de seguridad y a la segunda en compensación por la rebaja de la alícuota de Coparticipación del 3,5% al 1,4%.
"Habrá que ver cómo queda eso, en función de la presentación que hizo CABA para que le restituyan las transferencias al 2,95%" ante la Corte Suprema y que por estos días es motivo de deliberaciones entre la Ciudad y la Nación.
En ese sentido, remarcó que "si quisieran eliminar el Fondo de Fortalecimiento de la Provincia de Buenos Aires, el impacto sería significativo, porque quitarle esas transferencias significa una nómina mensual del gasto salarial, el pago de intereses anuales de la provincia o su gasto en construcciones".
Pero además de las transferencias corrientes, entre las discrecionales también hay recursos de capital y en ese aspecto Sosa plantea la duda sobre si el gobierno "va a mantener las obras que están en ejecución o que tienen financiamiento externo", una franja en la que, admitió, "también es bajo el margen de reducción".
Para Alejandro Pegoraro, de Politikon Chaco, las posibilidades de reducción son mayores, ya que "haciendo un primer análisis en base a los envíos registrados en 2023, apenas un 25% de las transferencias no automáticas podría continuar, pero el 75% podría ser sujeto a eliminación sin mayor inconveniente de tipo legal, aunque si político".
"Entre las transferencias que podrían tener cierta seguridad de sostenerse están los recursos del Fonid y para las cajas previsionales provinciales, que por su naturaleza no podrían eliminarse a sola firma".
En términos monetarios, para Pegoraro "el monto que podría ser eliminado y/o reducido alcanza a $ 1,5 billón de pesos y sólo medio billón podría ser garantizado".
Un listado de los principales componentes de las transferencias no automáticas, los programas de mayor importancia por su impacto económico son el Fondo Nacional de Incentivo Docente; el Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la provincia de Buenos Aires; la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios; la Asistencia Financiera a los Institutos Previsionales Provinciales y los Aportes del Tesoro Nacional.
Con menor peso relativo se anotan: Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas; Políticas Alimentarias; Construcción de Obras Viales; Asistencia Técnico Financiera y Desarrollo de Infraestructura de Saneamiento; Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica; Producción Integral y Acceso al Hábitat, entre otros.
Con información de Télam