Con la idea de generar un espacio para reflexionar sobre la problemática, la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Red PLACTS) organizó el conversatorio virtual “El Estado de los Glaciares en la Argentina, contexto socioambiental y perspectivas futuras”, en el que especialistas del CONICET expusieron sobre los últimos avances en el tema, las posibles consecuencias de una modificación de la Ley de Glaciares y la necesidad de implementar políticas a largo plazo para su preservación.
“El motivo principal del retroceso de glaciares es el calentamiento global. En las últimas décadas, el calentamiento ha sido sostenido, acelerado y sin precedentes”, afirmó el doctor en Geografía Pierre Pitte, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CONICET/UNCUYO/Gobierno de Mendoza). “Una de las motivaciones para estudiar los glaciares es que son excelentes indicadores del cambio climático y van reflejando las transformaciones que suceden a nivel atmosférico, que se ven claramente en el retroceso de los glaciares”, indicó.
Los glaciares son masas de hielo que se forman naturalmente en algunas montañas, donde la cantidad de nieve que cae en el invierno no alcanza a derretirse en el verano y se va acumulando a lo largo de los años. Son componentes cruciales en el ciclo hidrológico y la principal fuente de agua para los ríos. En los Andes de la Argentina, el aumento de las temperaturas ha generado una merma en los caudales de los ríos, una reducción en el tamaño de los glaciares y una degradación del permafrost de montaña. Esto se traduce en una pérdida sustancial de reservas hídricas, que impacta negativamente sobre los ecosistemas, la población y las actividades económicas.
Un hito importante para su preservación fue la sanción, en el año 2010, de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, conocida popularmente como la Ley de Glaciares. Esta normativa busca protegerlos del impacto directo de las actividades humanas (como la minería) y limitar su intervención. En su texto, establece que son bienes de carácter público y deben preservarse como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad.
“Gracias a la ley, se hizo el Inventario Nacional de Glaciares, que es el primer mapeo completo que permitió conocer la superficie y distribución de los glaciares que tenemos en el país”, señaló Pitte. El primer inventario se hizo en el 2018 y allí se relevó que la Argentina tiene 5768 kilómetros cuadrados de hielo y 16.078 glaciares en total, que van desde Jujuy (más pequeños) hasta Tierra del Fuego. “La primera concentración grande está en los Andes centrales, en las provincias de San Juan y Mendoza, mientras que los grandes glaciares se extienden desde Santa Cruz para abajo”, contó el investigador.
A continuación, presentó los resultados de algunos estudios que vienen realizando con el IANIGLA en los últimos años. Así, observaron por ejemplo un retroceso generalizado del frente de glaciares en los Andes de Argentina durante el último siglo, abarcando tanto glaciares de la zona del Aconcagua y Tupungato, como de la Patagonia (Tronador, Campo de Hielo Sur, Fitz Roy). También realizaron un estudio del balance de masa de glaciares andinos entre 2000 y 2018, donde con la ayuda de imágenes satelitales midieron el adelgazamiento de todos los glaciares de los Andes. De nuevo, la conclusión fue similar: la pérdida de volumen es generalizada para todos los glaciares y en la zona de Patagonia, la tasa de pérdida estaba por encima de un metro al año.
El otro expositor fue el doctor en Geología Lucas Ruiz, investigador del IANIGLA y uno de los autores del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Su charla estuvo basada en un capítulo que escribieron junto a Pitte y otros colegas para el informe ambiental 2024 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), titulado “La Ley de Glaciares de la Argentina en contexto: aportes científicos, crisis socioambiental y política de Estado” (que puede leerse online acá).
El especialista habló sobre los cambios que se quisieron hacer en el primer proyecto de la Ley Ómnibus, que desvirtuaban el espíritu de la ley, ignoraban su valor estratégico y reducían el área protegida al poner requisitos arbitrarios que dejaban afuera a algunos tipos de glaciares, como manchones de nieve perennes y glaciares de escombros inactivos. “Es importante recordar que la ley fue el resultado de un importante debate social, que no fue hecha de un día para el otro y contó con el asesoramiento de expertos en la materia”, señaló Ruiz.
Además, agregó que esos intentos por dar de baja la ley van de la mano con la habilitación de actividades que ponen en riesgo estas áreas protegidas. “Hay cero control de la actividad minera, el estado provincial no puede o no quiere controlarla, y no hay un plan de desarrollo de la actividad que garantice que, por un lado, se va a cuidar el ambiente y que, por otro lado, vamos a hacer algo con ese mineral que vamos a sacar. Seguimos atados a leyes de promoción minera que tienen más de 40 años, donde la ganancia neta que queda en la provincia es mínima”, apuntó Ruiz.
Pitte se mostró preocupado por la brecha que hay entre la evidencia científica que existe sobre el tema y cierta parte de la sociedad que adopta argumentos más alineados con información falsa o fake news. “A pesar de la evidencia científica abrumadora y las consecuencias tremendas que estamos viendo, como el aumento en la frecuencia de eventos extremos y que el año pasado fue el más cálido del que se tiene registro, hay muchas personas que niegan el cambio climático. Algunas dirigen países. Así que aún tenemos grandes desafíos y ojalá las instancias de divulgación como ésta sirvan para achicar esa brecha”, enfatizó. De hecho, la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal de Lamas, afirmó en una rueda de prensa de la que participó TSS, que desde esa cartera pública prefieren no hablar de cambio climático.
Más allá de que las modificaciones que se intentaron hacer en la Ley Ómnibus no están incluidas en la Ley Bases recientemente aprobada, Ruiz remarcó: “Es necesario dar la discusión de que el cuidado del ambiente tiene que ser una política de Estado porque estamos en un contexto de crisis climática, sino difícilmente vamos a poder adaptarnos a lo que se viene en las próximas décadas”. Además, aclaró que el desarrollo de las zonas de montaña debe regirse por criterios uniformes de conservación en todo el territorio argentino, ya que el deterioro del ambiente acarrea una gran cantidad de impactos negativos y genera mayores desigualdades económicas.
“Si habilitamos actividades que deterioren nuestras reservas hídricas, sin tener en cuenta la complejidad del ambiente y sin conocer cómo funciona la recarga de nuestras cuencas, podemos dañar tanto los ecosistemas como las economías regionales que se desarrollan aguas abajo”, indicó. Y finalizó llamando la atención sobre otro desafío a superar: “En la Argentina tenemos ciclos cada vez más cortos de desarrollo político y social, y las problemáticas vinculadas al cambio climático requieren políticas a largo plazo. Debemos pensar cómo hacer un movimiento que logre contrarrestar la visión cortoplacista que tiene la dirigencia de nuestro país”.
Con información de la Agencia TSS
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