“Yo sabía, yo sabía, que a Bulacio lo mató la policía” es una de las frases más escuchadas y entonadas por el pueblo en el marco de recitales de rock y manifestaciones de corte popular. Su imagen en remeras, en panfletos y en los muros todavía moviliza los recuerdos vivos de un caso que conmovió al país entero. El asesinato de Walter fue un hecho emblemático de los 90s que dejó en evidencia la práctica frecuente y naturalizada de los abusos de las fuerzas policiales y la tortura como método represivo, en plena democracia. Hoy 26 de abril se cumple un nuevo aniversario.
Walter era de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, tenía 17 años y estaba cursando el último año de la escuela secundaria en el Colegio Nacional Rivadavia. Su único delito fue querer ingresar a un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota que se realizaba en el Estadio Obras Sanitarias el 19 de abril de 1991. Era la primera vez que veía a la banda en vivo. Como era habitual, en las afueras del estadio se desató una feroz razzia policial y fue detenido, junto a otros 72 jóvenes. En un calabozo de la Comisaría 35° de la Policía Federal fue golpeado y torturado en varias oportunidades por efectivos, bajo la directa orden del comisario Miguel Ángel Espósito.
Las razzias de la policía federal eran moneda corriente y tenían un fin recaudatorio de los boliches que no querían pagar una cuota (ilegal) semanal. Los operativos terminaban en detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes populares a quienes la policía consideraba “sospechosos” simplemente por estar en un recital de rock, transitar las calles de un barrio, por su mera presencia en el espacio público durante noche o por tener ciertas características físicas y sociales consideradas “peligrosas” por el sistema judicial. Una vez más el prejuicio social culturalmente instaurado como habilitante de la discriminación, la criminalización y, eventualmente, la eliminación física.
Dentro del destacamento policial Walter permaneció varias horas tirado, en el piso, herido, con frío, sin ninguna atención médica. Sus padres nunca fueron notificados de la detención. El pedido desesperado de los otros detenidos logró que fuera trasladado de urgencia al hospital Pirovano, donde no funcionaba el tomógrafo. Tenía traumatismo de cráneo. Finalmente, después de una semana en coma, murió el 26 de abril de 1991 en el Sanatorio Mitre, consecuencia de los golpes que recibió en la comisaria.
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El 8 de noviembre de 2013, a 22 años del asesinato, el comisario Esposito fue condenado solamente a tres años de prisión, sin cumplimiento efectivo, y por el delito de privación ilegítima de la libertad. Jamás se juzgaron los actos de los agentes de la comisaría 35 responsables de la muerte del adolescente y de tantos otros crímenes similares. Las muertes de pibes como Lucas Verón, Luciano Arruga, Luciano Olivera o Lucas González son la imagen cruda de la violencia policial, y sobre todo de un sistema político, social y judicial injusto, clasista e impune, basado en la mano dura, el punitivismo y la protección del poder.
Por la persistente lucha de sus familiares, amigos, compañeros y la comunidad organizada en busca de justicia, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el 18 de septiembre de 2003 el organismo emitió sentencia sobre el fondo y las reparaciones: “La CIDH consideró que el delito del que fue víctima Walter, y por extensión, todo crimen policial, es un crimen de Estado, y como tal, es imprescriptible”.
El Estado argentino en ese marco reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y la muerte de Walter Bulacio, y se comprometió a modificar las leyes que regulan las facultades policiales de detención. La resolución de la CIDH manifestaba que “las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener, salvo en hipótesis de flagrancia, y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad". Por ello exigía a la Argentina el compromiso de “derogar averiguación de antecedentes, detención para identificar, detenciones por faltas y contravenciones y terminar con las prácticas no normadas, como las razzias y la detención de menores, por el sólo hecho de serlo”.
En Argentina siguen vigente las prácticas violentas entre las fuerzas de seguridad y las normas que habilitan la detención indiscriminada de personas, sin acusaciones ni órdenes judiciales. En el último informe anual sobre la situación represiva en nuestro país en 2022, presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) a 40 años de democracia, las cifras muestran que estas prácticas continúan y son las principales causantes de las muertes de jóvenes en manos de las fuerzas policiales.
Lo primero que destaca el documento es que en 2022 se registraron 436 muertes. En lo que respecta a modalidades represivas las de mayor incidencia siguen siendo las muertes de personas detenidas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, en cárceles, comisarías u otros lugares que representan el 73% de los casos (319) y los fusilamientos de gatillo fácil, que son el 18% (80). Además la investigación muestra un claro fenómeno de criminalización de la juventud: el 39% de las muertes se trata de menores de 25 años, y si se suma la franja entre 26 y 35 años resulta que el 61% de las muertes registradas tenían 35 años o menos.
De las muertes por la primera causa 37 fueron en comisarías y la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones: “Las muertes en dependencias policiales de todo el país tienen directa relación con la subsistencia y ampliación de las facultades policiales y de otras fuerzas para realizar detenciones arbitrarias”.
“Como consecuencia directa de esta política pública del abuso de la prisión preventiva –salvo cuando son represores- y la dilación de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, no sólo se multiplicó la población en cárceles y comisarías. Los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros, los homicidios, los ‘suicidios’, en fin, todas las muertes bajo custodia crecieron exponencialmente en el último período”, expresa el documento.
Pasaron 32 años del asesinato y 20 de la sentencia por el caso Bulacio Vs. Argentina de la CIDH. A pesar de la visibilización del tema, el debate público, y la implementación de medidas anti represivas como la derogación de los protocolos Bullrich en 2019 o la prohibición de portar el arma reglamentaria fuera de servicio, dispuesta a principios de marzo de 2020, todavía hay muchos Walter Bulacio. En el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia es una situación que resulta inaceptable y debería ser un tema urgente en una futura agenda del campo nacional y popular.
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