El Gobierno nacional extenderá por dos meses el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congela alquileres, suspende desalojos y prorroga contratos. Además, se ampliará la cantidad de cuotas para afrontar deudas, pasando de seis a doce. La norma aguarda a ser validada y será publicada en el Boletín Oficial la semana que viene, según anticiparon fuentes de Casa Rosada a El Destape. Se trata de una medida esperada por un gran universo de inquilinos que se encuentra en situación de desalojo por falta de pago producto de la complicada situación económica generada por la pandemia del coronavirus. Son alrededor de 786.240 familias.
El decreto que vencerá el próximo 31 de enero fue publicado originalmente el 29 de marzo, nueve días después de iniciada la cuarentena obligatoria en el país, y se prorrogó el 25 de septiembre ante la continuidad de la emergencia social y económica. Con la nueva extensión, la medida estará vigente hasta el 31 de marzo, como habían pedido originalmente las organizaciones que nuclean a los inquilinos de todo el país. La norma incluirá la ampliación del pago de las deudas en cuotas que pasarán de seis a doce con el fin de ayudar al desendeudamiento de los inquilinos.
La ayuda en la financiación es un punto clave. Según explicaron desde las organizaciones de inquilinos, el "lado B" del decreto fue el endeudamiento de las familias. Ya sea por falta de pago del alquiler o suspensión de la actualización de los precios pactada en los contratos, comenzaron a acumular deudas. Desde la Federación Nacional de Inquilinos recibieron "la noticia con satisfacción". Calificaron la medida como "necesaria y urgente" y explicaron que "dos meses es un tiempo que da un aire suficiente para que las familias no sean desalojadas y para que el gobierno pueda implementar un plan de control y cumplimiento de la ley de alquileres y reglamente los artículos que faltan de la ley, por ejemplo el registro de contratos en la AFIP".
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El universo en que impactará la medida es grande. Hay alrededor de nueve millones de inquilinos en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires se duplicó la cantidad en los últimos 20 años. Si en 2001 el 20% no tenía casa propia, en 2021 el porcentaje ascendió a 38% pese a que la población se mantuvo estable desde 1947,con tres millones de habitantes, según datos relevados por Inquilinos Agrupados.
En los últimos días, la Defensoría del Inquilino de Rosario planteó la necesidad de extender la norma hasta julio de este año porque "casi el 40% de los inquilinos está endeudado. En Rosario son alrededor de 120.000 inquilinos con dificultades para sostener el pago del alquiler”, según informó Sebastián Artola, titular del organismo autogestionado a elciudadanoweb.com.
En el DNU 320/20 el Gobierno explicó que la emergencia generada por la pandemia, "con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos" porque el coronavirus modificó la "cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los y las habitantes del país". Además, muchos trabajadores, comerciantes, pequeños y medianos empresarios vieron sus ingresos afectados por la merma económica dificultando la posibilidad de afrontar todas las obligaciones, entre las que se enumeraron la alimentación, salud y vivienda.
Por ese contexto excepcional, el congelamiento de los precios de alquiler, la suspensión de desalojos y de aumentos son medidas "razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social" compleja. Argumentos similares a los utilizados en septiembre, momento de la primera prórroga. En ese entonces se explicó, mediante el DNU 766/20, que la extensión temporal buscó "evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda existente en nuestro país, lo cual traería aparejado un mayor deterioro en el tejido social".
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