El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dispuso a través de un decreto que los policías pampeanos que sean denunciados por violencia de género o intrafamiliar deberán entregar su arma reglamentaria.
En diciembre del 2020, el Gobierno nacional a través de la resolución 471/2020, dispuso una restricción de portación de armas para el personal de las fuerzas de seguridad que haya sido denunciado por violencia de género o violencia intrafamiliar. En las últimas horas, el gobernante pampeano, en base a la normativa nacional, decretó que los agentes policiales deberán proceder a la entrega inmediata de su arma reglamentaria ante denuncias por violencia de género o familiar.
Además, en el decreto se establece que los policías deberán entregar el arma "cuando revistan en situación de pasiva, sin distinción de causa o motivo y encuadre legal de la misma; cuando revistan en disponibilidad a excepción del supuesto previsto en el inciso 1) del artículo 119 de la Norma Jurídica de facto Nº 1034/80; y en caso de existir afecciones psicológicas y/o psiquiátricas previa certificación emitida por profesional competente".
En el final, decreta que la jefatura de Policía, a través de la dependencia competente, procederá a la inmediata retención del arma reglamentaria en caso de incumplimiento del deber del efectivo policial, y que se procederá a su reintegro una vez que cese la situación que motivó el retiro, previa intervención con informe favorable de Servicio Social D-1 y/o Servicio Médico Policial, según cada caso en particular lo amerite.
La decisión del Gobierno provincial de La Pampa se da en el marco del femicidio de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que fue apuñalada por Matías Martínez, un policía bonaerense que era su ex pareja y que había sido denunciado unas 18 veces por violencia de género.
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