Abuso sexual: Alperovich volvió a pedir su prisión domiciliaria

A pesar de los reveses judiciales, los familiares del exgobernador tucumano volvieron a reclamar su salida de la cárcel. "Como familia ofrecemos todas las garantías posibles", señalaron.

18 de septiembre, 2024 | 19.13

Los familiares del exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual, José Alperovich, presentaron un nuevo pedido ante la Justicia para reclamar la "morigeración" de la pena y su pisión domiciliaria, a exactos tres meses de la condena por violación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29. "Como familia ofrecemos todas las garantías posibles para que pueda estar con nosotros durante las apelaciones", subrayaron en un comunicado, a pesar del fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que en julio confirmó su prisión preventiva y ordenó que siguiera detenido en la cárcel de Ezeiza.

El escrito judicial, al que tuvo acceso El Destape, cita supuestos problemas de salud "graves" e inclusive plantean que existe "un potencial peligro de muerte". "Manifiesta usted que nuestro padre tiene problemas de salud menores, permítanos discrepar, a los 69 años de edad de una persona operada de la columna hace menos de 9 meses, que sufre de estepach, que fuma desde los 14 años, que tiene insuficiencia respiratoria y problemas coronarios, ningún problema de salud es menor. A esa edad cualquier problema de salud conlleva a un potencial peligro de muerte", puntualizaron. 

No obstante, luego aclaran que no fundamentan su pedido solamente en su estado de salud. "La solicitamos en virtud del arraigo que tiene nuestro padre, reconocido por V.S en los fundamentos de la sentencia y con la plena convicción que nuestro padre es un hombre de bien y de derecho y jamás se profugaria teniendo la situación procesal un condimento extra que es la plena inocencia de nuestro padre", reclamaron.

El 18 de julio la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó justamente la prisión preventiva de Alperovich, bajo el argumento de que el ex gobernador de Tucumán cuenta con el poder económico y los contactos para fugarse o esconderse en caso de recuperar la libertad. Allí aclararon también que la pena estaba a derecha y que el tiempo de encierro no era "desproporcionado". 

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión porque la Justicia confirmó que cometió entre nueve y diez delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal en perjuicio de la hija de su primo hermano entre diciembre de 2017, ni bien ingresó la denunciante a trabajar como mano derecha del entonces senador nacional, y marzo de 2018. 

La sentencia llegó casi cinco años después de la denuncia realizada por una de sus sobrinas. F tenía 29 años cuando lo acusó de violación en el período en el que trabajaron juntos, durante la campaña con la que el entonces senador nacional pretendía regresar al Ejecutivo provincial.

El juicio comenzó el 5 de febrero del 2024. Durante la investigación judicial se determinó la acusación: dos hechos ocurireron en un departamento ubicado en Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires) y el resto en la provincia de Tucumán. "Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos y cuatro hijos. Quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez o señor fiscal, a todas las pruebas", dijo en la primera jornada del juicio.

Alperovich corrió con el beneficio de los fueros durante poco más de un año y medio desde que se conoció la denuncia por parte de su sobrina. Aunque en la Cámara alta no se activaron los mecanismos de expulsión, el entonces senador se pidió licencia y sus colegas pidieron que no regresara. Otro punto que lo benefició fue la parálisis de la causa que se atoró entre los tribunales de Tucumán y de la Ciudad de Buenos Aires, las dos ciudades en donde se presentaron las denuncias como donde se sucedieron los hechos de violencia.

Fue la Corte Suprema la que definió en dónde debía tramitarse la causa. En 2021 definió que la investigación y el juicio debían estar en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires.