El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) informó, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, que durante 2021 y 2022, encontró a 1050 trabajadores rurales en situación de explotación laboral rural. El director del organismo, José Voytenco, afirmó que la “fiscalización es fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos”. En tanto, el Ministerio Público Fiscal, comunicó que, entre 2012 y 2022, fueron dictadas 376 sentencias condenatorias relacionadas a este delito.
En el 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas con el fin de concientizar sobre esta problemática tanto a la sociedad como a los gobiernos, de acuerdo al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas. Las víctimas de trata son privadas de su libertad, derechos y sometidas a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades. En ese marco, en Argentina funciona la línea 145 para asistencia y denuncias, disponible gratuitamente las 24 horas, los 365 días del año.
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“Afrontamos la tarea de contribuir a la erradicación de la explotación laboral rural, no sólo con las prestaciones extraordinarias para las víctimas del sector rural, sino también con más fiscalizaciones, más capacitaciones y más registraciones. Estas acciones impulsan el trabajo decente”, dijo Roberto Buser, presidente de la institución. El organismo, que trabaja para erradicar la explotación laboral rural, desde el 2020 gestionó prestaciones extraordinarias para las víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.
Otra de las acciones que lleva adelante el Registro está focalizada en las infancias, a través del Programa Crecer (Centros Renatre de Cuidado y Educación Rural), que se desarrolló entre 2021 y 2022 en 35 centros que beneficiaron a más de 1100 niños, niñas y adolescentes del sector tabacalero, arandanero y yerbatero.
376 condenas por trata de personas en Argentina en diez años
El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó este sábado que, entre 2012 y 2022, se dictaron 376 sentencias condenatorias relacionadas al delito de trata de personas, periodo en el que se identificaron 1.545 víctimas. El 76,7% de ellas eran mujeres.
El organismo publicó, a través de su portal de noticias fiscales.gob.ar, una serie de datos entre los que marcó que sobre el total de sentencias el 74,2% fueron por trata con fines de explotación sexual. Dentro de las 742 personas que fueron condenadas, un 63% eran hombres.
En relación a las denuncias recibidas a través de la Línea 145, el MPF recordó que los casos de explotación sexual encabezan las consultas. El dato surge del informe del año pasado de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que coadministra la línea junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El relevamiento indicó que fueron 1667 las denuncias recibidas entre enero y diciembre del año pasado. Dentro de los subtipos de denuncias relativas a explotación sexual se indicó que 341 corresponden a existencia de prostíbulos o "whiskerias", mientras 250 son relativas a domicilios particulares y 99 a ofertas de servicios de sexuales.
El reporte detalló un cambio respecto a los casos de explotación sexual en domicilios particulares, que aumentaron en cantidad, en comparación a años anteriores. En relación a la explotación laboral y los subtipos de casos vinculados, la lista es encabezada por delitos relativos a explotación rural.
Además, el informe puntualizó que en 99 de los 1667 casos se indicó la existencia de algún tipo de connivencia de funcionarios públicos. La mayoría refiere a la existencia de posible connivencia policial y, en menor medida, judicial y política.
El MPF también informó que 170 personas recibieron aportes del fondo fiduciario público destinado a la asistencia directa a víctimas del delito, e integrado por fondos líquidos decomisados y el producido de la venta de bienes decomisados en causas por el delito, desde la sanción de la ley ley 27.508 que creó este fondo en 2019.
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