La justicia de Salta condenó a una pareja a seis años de prisión por haber explotado sexualmente durante ocho años a una joven con retraso madurativo, a quien le habían ofrecido previamente un puesto laboral como niñera para captarla. Los responsables fueron condenados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante engaño y por haberse consumado.
El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Domingo Batule, tomó la decisión sobre los acusados Pedro Darío Javier Peñaranda y Natali Vanesa Rueda, en un juicio abreviado presentado por el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta. La mujer cumplirá la condena con la modalidad de prisión domiciliaria, mientras que Peñaranda permanecerá alojado en una unidad carcelaria.
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En la audiencia, la pareja admitió su responsabilidad en la explotación sexual de la joven a la que contrataron como niñera para luego explotarla sexualmente. En tanto, en el marco del mandato internacional de reparación integral previsto para este delito, la Unidad Fiscal informó que la joven víctima recibirá una "importante" suma de dinero.
Cómo fue el caso
Según explicó el fiscal, la causa judicial se abrió el 29 de junio de 2021 luego de la denuncia de un cliente, quien observó el estado de vulnerabilidad de la joven. Este hombre comenzó una relación con la víctima y logró sacarla de circuito de explotación sexual, pero fueron hostigados por la pareja ahora condenada. Es por eso que denunciaron los hechos en el Polo Integral de la Mujer que activó la intervención de la Unidad Fiscal Salta y, finalmente, la detención de Rueda y Peñaranda.
Según Villalba, la joven fue captada cuando se dirigió a la capital en medio de un grave estado de vulnerabilidad por el abandono familiar. Los acusados aprovecharon para persuadirla y le ofrecieron contratarla como niñera. Con estas expectativas, viajó desde su ciudad de origen, Orán, a Salta capital, donde comenzó a trabajar de niñera con la pareja en una vivienda del barrio Santa Rita. Pero seis meses después, Rueda y Peñaranda comenzaron a explotarla sexualmente. Primero con fotos y videos para luego obligarla a ofrecer servicios sexuales.
El fiscal detalló que el hombre y la mujer condenados ejercían un control total de los horarios y el dinero que la joven debía cobrar por los servicios sexuales, los que se llevaban a cabo en el cuarto de un hotel del macrocentro contratado por la pareja, que monitoreaba desde la calle la entrada y salida de los clientes.
“La explotación sexual ya no se representa a través de la escenografía del cabaret o del prostíbulo, pues ahora hay lazos más invisibles, lo cuales complejizan la investigación penal de los casos y exigen una mirada más aguda”, admitió Villalba, quien agregó que la pareja incluso concretó también citas en Jujuy y en el Estado Plurinacional de Bolivia.
“La fiscalía ha podido acreditar que la víctima fue explotada sexualmente en un hotel en la vecina provincia, como así también en Bolivia”, afirmó el fiscal, quien apuntó que el sometimiento se extendió por ocho años.
En este línea, resaltó que “se trata de uno de los casos que mayor impacto causó entre los operadores del sistema, pues se había ejercido tanta crueldad sobre ella que no se concebía como víctima, situación que demandó una importante labor en materia de asistencia y restitución”.
Tras seis meses de investigación, el caso fue resuelto a través de la aplicación de una de las medidas alternativas contempladas por el Código Procesal Penal Federal.
En este sentido, el fiscal destacó la predisposición de la defensa por llegar a un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual se evitó que la víctima tenga que revivir episodios dolorosos y, por lo que también obtuvo una reparación económica que le permitirá avanzar en su proceso de recuperación y reinserción laboral.
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“La reparación integral a la víctima es un mandato que tiene preeminencia dentro de los delitos de trata de personas, aspecto claramente establecido, tanto en la normativa legal vigente como en los convenios que el Estado Argentino asumió en el orden internacional”, destacó el fiscal. De esta manera, a la asistencia interdisciplinaria se debe sumar una reparación económica. En este caso esa reparación fue acordada con la defensa, con el aporte de otros familiares que ayudaron a la pareja a cumplir con esta exigencia.
Durante la audiencia, los acusados pidieron disculpas y dijeron estar arrepentidos. “Reconozco mi responsabilidad del hecho, me duele mucho todo esto porque tampoco voy a poder estar con mis hijos, pero estoy dispuesto a cumplir la condena”, dijo Peñaranda.
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