La denuncia por violencia de género y posterior renuncia del Director de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, y una nueva denuncia contra el ex funcionario por abuso sexual conocida en las últimas horas provocó un cisma en el Centro Cívico de Córdoba y en los próximos días habrá movimientos en el Ministerio de Seguridad provincial, donde suena muy fuerte la versión del paso al costado del ministro Alfonso Mosquera. El reemplazante sería el comisario mayor Claudio Vignetta, actual secretario de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, del Ministerio de Seguridad; que en la práctica opera como el segundo de Mosquera.
En lugar de Vignetta asumiría Gustavo Folli, quién fue jefe de Bomberos de la Policía cordobesa y actualmente es jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba. Los cambios también llegarían a la Jefatura de Policía, donde la comisario general Liliana Zárate Belletti podría pasar a retiro y su reemplazante sería el comisario inspector Cristian Gómez del grupo de elite ETER.
Hay un sector del Gobierno cordobés que admite que la llegada de Mosquera al área de Seguridad a mediados de 2018 fue coyuntural -responde al ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, uno de los armadores del gobernador Juan Schiaretti- y que ya debería haber sido eyectado de su cargo; mientras que otro sector sostiene que la renuncia de este abogado oriundo de Río Cuarto debilitaría al Gobierno y fortalecería a la oposición que reclama su partida desde el asesinato de Blas Correas (17) a manos de la Policía, ocurrido en agosto de 2020.
Quienes sostienen en el Gobierno cordobés que Mosquera debe ser removido de su cargo, apuntan a que el hasta ahora ministro de Seguridad sabía de los antecedentes violentos de Diego Concha cuando le aceptó la renuncia el pasado viernes 26 de noviembre, en vez de haberlo despedido de su cargo de jefe de Defensa Civil: “Informamos que en horas de la mañana, Diego Concha presentó su renuncia al cargo de Director General de Protección Civil por razones de carácter personal. La misma ha sido aceptada”, informó el Ministerio de Seguridad desde su cuenta de Twitter ese viernes 26 a las 19.34.
“El 10 de diciembre va a haber cambios de medio término. Alejandra (Vigo) termina su mandato en Diputados y ocupa su banca en el Senado. Natalia (De la Sota) deja la Legislatura y se va a Diputados. (Paulo) Cassinerio deja Diputados y baja a la Municipalidad. Además hay otros reordenamientos internos, funcionarios que pasan de la Provincia a la Municipalidad; son los cambios naturales de medio término. Fueron dos años muy difíciles, de pandemia; en ese contexto, el paso al costado de Alfonso (Mosquera), y los cambios previstos por ascensos en el Estado Mayor de la Policía, mostraría que somos un Gobierno activo y oxigenado. Sería un recambio natural no forzado”, detalló a El Destape una alta fuente del Gobierno provincial, que está a favor de la renuncia de Mosquera como ministro luego de estar tres años y medio al frente de las políticas de Seguridad del gobierno de Juan Schiaretti.
En mayo de 2018, se armó una operación para sacar del cargo al secretario de Seguridad de la Provincia, Diego Hak. Altos jefes policiales, empresarios de la noche investigados por trata de personas y narcotráfico y otros empresarios y al menos un abogado armaron una conspiración que terminó con el ascendente Hak fuera del Gobierno de Juan Schiaretti. Massei, ministro de Gobierno en ese entonces -el Ministerio de Seguridad se creó recién en 2019-, convocó de urgencia a Mosquera, un abogado de Río Cuarto sin experiencia en Seguridad y con el único antecedente en la materia, de ser testigo propuesto por Marcelo Macarrón, único imputado en el asesinato de su esposa Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006.
“Alfonso (Mosquera) cumplió un ciclo. Tendría que haber seguido como secretario de Seguridad, fue un error haber creado el Ministerio de Seguridad y ascenderlo a ministro. El saco le quedó grande. No supo o no pudo resolver algunas cuestiones. Lo de Concha ya fue demasiado. En el Ministerio se sabía y no hizo nada, no tuvo capacidad de reacción. Ahora es el momento justo del recambio”, detalló la misma fuente. Mosquera es legislador hasta 2023, pero está de licencia.
Entre los que se niegan a relevar a Alfonso Mosquera del Ministerio de Seguridad afirman que su renuncia sería un signo de debilidad del Gobierno, un reconocimiento al fracaso de las políticas diseñadas desde que asumió hace tres años y medio en julio de 2018.
El caso Concha
El pasado viernes 26 a la mañana, Diego Concha, un bombero voluntario que desde el primer gobierno de José de la Sota estuvo al frente de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia, renunció a su cargo. Al atardecer, el Ministerio de Seguridad informó con un tuit que la renuncia se debía a “razones de carácter personal”. A esa hora, incluso durante la semana pasada, la ex pareja del ahora ex funcionario, habría informado a funcionarios del Gobierno los padecimientos que sufrió.
Y cerca de la medianoche del mismo viernes, el ex director general de Defensa Civil fue detenido en su domicilio de la localidad serrana de La Cumbre. El fiscal de Cosquín, Raimundo Barrera, lo imputó de los delitos de "lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción". Concha le habría apuntado con un arma a la cabeza de su ex esposa y la habría amenazado con matarla, según constan las denuncias ante la Justicia y en el Polo de la Mujer. En el domicilio del detenido fueron secuestrados un fusil FAL -es un arma de guerra- y una pistola Bersa, de la que no trascendió su calibre. Barrera reemplazó a la fiscal Paula Kelm que regresó el lunes de su licencia. El sábado, el ex jefe de Defensa Civil ya había sido alojado en el complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital.
Esta semana, además, una mujer denunció en los medios, que tras enterarse de la detención de Concha, su hija se animó a denunciar que el ahora ex director de Defensa Civil la abusó hace un mes, cuando la joven bombero voluntaria quiso contactarlo para ingresar al cuerpo Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC): “Alguien le dio el teléfono de este tipo, de este degenerado, para ver si podía ingresar”, relató la mujer. Y detalló en el programa “Arriba Córdoba” que se emite a través del canal El Doce que Concha citó a su hija para "ir a tomar un café" y hablar de su ingreso al ETAC, "pero el tipo la llevó a otro lugar en contra de su voluntad y abusó de ella”.
Según la denuncia de esta nueva víctima ante el Polo de la mujer y ante la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, Concha la manoseó en su vehículo, y ella logró escapar y salvarse de una violación. Posteriormente, mientras era director de Defensa Civil, Concha la amenazó telefónicamente para que no lo denuncie.
La renuncia de Concha y el maquillaje dispuesto por Mosquera para bajar el impacto de la noticia no cayó bien en el Centro Cívico.
Violencia institucional
Durante su mandato como secretario de Seguridad, entre julio y diciembre de 2018 y luego ya como ministro de Seguridad, desde diciembre de 2019 hasta la actualidad, Alfonso Mosquera acumuló un historial de hechos de violencia institucional.
El último fue, paradójicamente, la represión a mujeres a manos de la Policía de Córdoba, que el pasado jueves 25 de noviembre se movilizaban en el centro de esta Capital en conmemoración por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en homenaje al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por orden del dictador dominicano Leónidas Trujillo en 1960.
La noche del jueves 11 de noviembre, Lara Acuña (18) y su novio Mariano Bordón (20) salieron a cenar a la casa de unos amigos, en la zona sur de esta Capital. Al regresar a su casa en barrio Argüello Norte, en el otro extremo de la ciudad, los chicos decidieron pasar a dar una vuelta por barrio Nueva Córdoba, una zona estudiantil y de mucha movida, pegada al microcentro. Cuando estaban cerca de la plaza España, dos móviles policiales pararon a la pareja que circulaba en moto y los golpearon: Lara perdió dos dientes por un culatazo de pistola de un policía.
“Nos pararon y le dijeron a mi novio 'sacate el casco, negro de mierda' y a mí me dijeron 'correte pendeja'. Yo les pedí a los policías que no maltraten a mi novio e intenté filmarlos. Quería filmar el nombre de uno de los policías y no lo tenía pegado en el uniforme y en ese momento es cuando me corre la mano y me pegó un culatazo con el arma, y me arrancó los dientes”, contó Lara a El Destape.
Blas, Joaquín y el gatillo fácil
La madrugada del 6 de agosto de 2020, el país se conmocionó con el asesinato a manos de dos policías, de Blas Correas, un chico de 17 años que venía de cenar con amigos. Estaba vigente la cuarentena y retenes policiales vigilaban que nadie circulara sin su pase correspondiente. Esa noche del 5 de agosto, Blas regresaba a casa con amigos, cuando en la avenida Vélez Sársfield al 2.300, frente al edificio Pizzurno, sede del Ministerio de Desarrollo Social, dos policías con sus pistolas desenfundadas apuntaron a la cabeza del conductor del Fiat Argo donde iba Blas. El chico se asustó y aceleró: les dispararon más de 20 veces y un disparo mató a Blas, que iba en el asiento trasero con otros dos amigos. Pudo haber sido una masacre.
Otros móviles policiales persiguieron el auto y no lo dejaron llegar al Hospital Municipal de Urgencias, donde, quizá, Blas podría haber salvado su vida. Pero además, los mismos policías que asesinaron al chico, le plantaron un arma para simular un tiroteo con delincuentes. El ministro Mosquera ordenó cambios cosméticos y nombró a la comisario mayor Liliana Zárate Belletti a cargo de la jefatura de la Policía de la Capital. Ni el ministro de Seguridad, ni el gobernador Juan Schiaretti quisieron recibir a los familiares de la víctima.
-Ochenta días después del homicidio de Blas, otra vez, la maldita Policía de Córdoba asesinó a otro adolescente: Joaquín Paredes, un chico de 15 años, alumno de una escuela de Paso Viejo, un pueblito del norte cordobés fue baleado junto a amigos cuando festejaba un cumpleaños. Ahí, la comisario Zárate Belletti fue ascendida a comisario general y por primera vez, jefa de la Policía de Córdoba, una fuerza de 23 mil agentes, suboficiales y oficiales.
-Entre los crímenes de Blas y Joaquín, hubo otro caso de gatillo fácil en Alta Gracia: Luis Morenigo fue asesinado tres semanas después que Blas, al atardecer del el 31 de agosto de 2020. El hombre, que había recuperado su libertad hace pocos meses, fue detenido junto a una mujer en barrio Paravachasca de esta ciudad, ubicada a 37 kilómetros al sur de la Capital. Cuando la pareja iba a ser detenida, Morenigo, que no estaba armado escapó por un descampado, siendo perseguido por un policía que le disparó tres veces para hacerlo desistir de su fuga. Uno de esos balazos, a quemarropa, le dio en el cuello. Morenigo murió en el acto.
Pero antes del asesinato de Blas, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19 también ocurrieron otros casos de gatillo fácil con Alfonso Mosquera al frente del Ministerio de Seguridad:
-Franco Sosa (27) murió a fines de abril de 2020 en la zona de interfábricas, luego de robar en una metalúrgica. La versión oficial de la Policía de Córdoba señala que “los efectivos fueron alertados por los vecinos de la zona que vieron a un grupo de personas que no respetaban la cuarentena”. Al llegar a la esquina de las calles Manuel Leiva y Delfín Huergo, en barrio San Lorenzo, los policías observaron a Sosa, bajando de un techo con unos hierros en las manos. Cuando el ladrón vio el móvil se dio a la fuga. Los policías declararon que Sosa cubrió su retirada con un arma. El muerto tenía un balazo policial en el cuello.
-En junio del año pasado, villa La Tela fue escenario de otra avanzada represiva: dos agentes de la Policía de Córdoba persiguieron a dos jóvenes mientras iban en moto: Gastón Mirabal y Ariel V. En la persecución, los agentes dispararon contra los motociclistas, Gastón murió y Ariel quedó grave, pero sobrevivió a seis heridas de balas.
-Un mes después, en julio, en Villa El Libertador, José Antonio Avila aparece muerto con un balazo en el abdomen. Al lado estaba su moto tirada. La víctima vivía en barrio Santa Ana y trabajaba junto a su hermano en la feria de Villa El Libertador, donde vendían ropa. Los policías que lo asesinaron Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, no dieron cuenta del hecho a sus superiores y siguieron patrullando. Cuando el caso se hizo conocido, por la denuncia de Johana, la viuda de Avila, se inició una investigación y Navarro y Juárez fueron imputados y detenidos. La Justicia los acusa del delito de homicidio doblemente calificado.
El rosario de críticas que acumula el ministro de Seguridad de la Provincia por parte de la oposición, ya resuena dentro del Centro Cívico. Y a eso hay que agregarle que a principios de 2022, será el juicio oral y público por el asesinato de Nora Dalmasso, donde Alfonso Mosquera es testigo propuesto por el único imputado en la causa, el viudo Marcelo Macarrón. En el Gobierno de Córdoba no ven con buenos ojos que, precisamente el ministro de Seguridad, declare como testigo en la causa más mediática de las últimas décadas. Diciembre es mes de ascensos y retiros en la Policía de Córdoba. Y en año electoral, también es fecha de enroques de funcionarios.
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