El talón de Aquiles del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, sigue siendo la seguridad, no solo porque fue su slogan de campaña ("la paz y el orden") sino porque todos los problemas que ya existían antes de asumir, se fueron complejizando en la crisis post pandemia y la Rosario golpeada por la disputa por el narcotráfico y los jefes que siguen ordenando el negocio desde las cárceles. Pero el peligro no es solo para el peronismo como fuerza: el sentimiento antipolítica pone en jaque directamente al sistema democrático en su capacidad de dar respuesta a garantías mínimas para los ciudadanos.
A la alta letalidad en las calles (solo en el departamento, ya son 190 los asesinatos cometidos en 10 meses de 2021) se le sumó una escalada de asaltos violentos, escruches, entraderas, robo rapiña de cables y metales, arrebatos y balaceras, que llegaron a un límite con el reciente homicidio de Joaquín Pérez en la zona norte rosarina, que recibió tres tiros para quitarle el auto a metros de su casa, mientras ingresaba a una cochera. Una huella de sangre de sus manos quedó impregnada en la puerta, como crudo testimonio de la difícil realidad que se atraviesa.
La muerte del arquitecto de 34 años conmocionó a la ciudad, y los vecinos lanzaron una manifestación en el barrio, que tendrá una réplica mucho más masiva este miércoles en el Monumento a la Bandera. “Nos movilizamos para pedir justicia por Joaquín y por todas las víctimas de la inseguridad”, dijo Indiana, su viuda, quien hizo además una petición interesante: que los que participen vayan "sin banderías políticas". Al reclamo se sumó, como si no formara parte del Estado, el intendente de Rosario Pablo Javkin, quien pateó la pelota para arriba pidiendo autonomía y la posibilidad de contar con una policía local para combatir el delito.
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Consciente del espesamiento del clima social en cercanía de las elecciones, el gobierno provincial había hecho algunos anuncios en el último mes: la llegada de casi 600 gendarmes y prefectos para custodiar los sectores más calientes, la reapertura de seis comisarías cerradas, mayor presencia policial en las calles, y frente a la conmoción del resonante crimen dispuso un millón de pesos como recompensa para quien aporte datos certeros sobre los autores, y el gobernador hasta abrió la puerta para discutir una fuerza de seguridad municipal este lunes, luego del pedido de Javkin.
Antipolítica
Pero por ahora, nada ha calmado el fervor ciudadano, que expresa un hartazgo ante un problema de largo plazo, lo que en la marcha se tradujo como insultos a todos los partidos políticos (en especial al intendente y el gobernador), y la vuelta de un slogan olvidado: "Que se vayan todos". Los que convocaron la protesta se cansaron de aclarar de antemano que no soportarían la presencia de dirigentes oficialistas ni opositores, y el macrismo se tuvo que quedar con las ganas de azuzarla para sacar rédito político: hace muy poco fueron oficialismo y la ciudadanía tiene memoria.
Gabriel Rojo, integrante de la organización Vecinales Rosarinas Unidas por la Seguridad, que apoyaron la convocatoria de la familia de la víctima, dijo a El Destape: "Llamamos a un nuevo espacio social que le pueda poner límites a esto que estamos viviendo. Tenemos un reclamo claro para todos los partidos políticos ya que, en este contexto de campaña, ninguno ha aprovechado para hacer una propuesta concreta sobre el tema de la inseguridad. No es solo una cuestión de presencia policial, hay un montón de espacios institucionales que no han estado a la altura", analizó el presidente de la vecinal Parque España.
Incluso dentro de las filas del mismo justicialismo, nadie se anima a decir que se trata de un hecho que se configure como un cisne negro, es decir un hecho atípico y sorpresivo que aparece de golpe con alto impacto social. La sensación que flota es más parecida a la de un rinoceronte gris: se sabía que tarde o temprano podía pasar algo así, porque si bien es el momento en el que más se ha avanzado en la detención de cabecillas y eslabones de guante blanco en el circuito de la droga, al mismo tiempo el gobierno parece haber perdido el control de la calle.
“No hay manera de escaparse del tema, estamos en deuda como dirigencia política”, dijo Leandro Busatto al diario La Capital, en una buena nota que escribió el colega Mariano D'Arrigo el último domingo. El jefe del bloque de diputados provinciales del PJ agregó: “Hay que escuchar y construir propuestas. No hay que sacarse las marcas de encima, nuestro gobierno tiene que tomar decisiones y la oposición acompañarlas”. “Esto interpela a todas las instituciones, nadie puede mirar para otro lado”, respondió desde el otro lado el presidente del bloque socialista en la Cámara baja, Joaquín Blanco. “Nadie debería especular política con la seguridad, la sociedad no perdona ese tipo de actitudes", dijo.
"Vengo de una escuela a la que le robaron siete veces en lo que va del año. Tengo una bronca bárbara", comentaba con desazón, para graficar su propia lectura, un cuadro del PJ ante la consulta de este cronista sobre la situación. El momento marca que el caso puede tener fuertes implicancias electorales, pero también es cierto que se veía venir un asesinato de los que mueven la agenda: joven, clase media, profesional, de un barrio tradicional, padre de una niña de dos años. La provincia intentó reaccionar, pero todavía no alcanzó. Está por verse si la bronca se diluye, o se termina expresando en las urnas el próximo 14 de noviembre.
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