La Semana Mundial del Parto Respetado se celebra de manera mundial cada mes de mayo desde el 2004 por iniciativa de la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR, por sus siglas en francés), cuyo objetivo es alzar la voz y generar conciencia para que el nacimiento sea considerado un proceso natural, en el que se respeten los derechos de la persona gestante y el o la bebé.
Qué es el parto respetado
El término "parto respetado" o "parto humanizado" hace referencia al respeto a los derechos de las personas gestantes, sus bebés y sus familias en el momento del nacimiento, abarcando también el embarazo, la lactancia y el puerperio.
Además, promueve el respeto a la singularidad de cada persona gestante y situación en la que se produzca el parto, teniendo en cuenta etnia, religión, costumbres y deseos; debiendo ser informada y acompañada en la toma de decisiones sobre su cuerpo, su parto y su bebé. Se respeta la autonomía, en el que la persona que va a parir tenga la posibilidad de elegir transitar su parto con cuidados, asistencia y acompañamiento.
MÁS INFO
“La idea es que la institucionalización del parto no se robe ese proceso fisiológico ni que lleve a mecanizarlo de manera tal que el protagonismo lo tenga el equipo de salud que acompaña en vez de les reales protagonistas que es la persona que está pariendo y la persona que va a nacer”, apuntó la médica, docente, investigadora de ISCO UNLA y militante de derechos humanos, Patricia Rosemberg. En la misma línea, la psicóloga y miembro de Fundación Soberanía Sanitaria, Daniela Giorgetta, señaló: “El parto respetado implica generar un espacio de contención y escucha y donde el nacimiento se desarrolle considerando el deseo de quien va a parir, acompañando amorosamente este proceso”. También refiere a que la persona gestante realice el trabajo de parto a su tiempo, evitando todo tipo de intervenciones innecesarias y pudiendo decidir la forma de controlar (o no) el dolor durante el parto.
Giorgetta destacó que "parto respetado" no implica solamente a parto vaginal. “Una cesárea también es un parto y esta puede ser una elección de la persona gestante o puede tener que realizarse luego de haber agotado otras instancias, pero nunca sin informar ni sin el consentimiento de la persona gestante. Cada procedimiento médico que se realice debe ser informado y consentido”.
Ley de Parto Respetado y su importancia
Los derechos de las personas gestantes se enmarcan en la ley 25.929, la Ley de Parto Respetado, que fue sancionada y promulgada en 2004 y reglamentada en 2015. La norma establece de los derechos que tienen las personas en ese momento: a tener información clara y comprensible y con esa información elegir si continuar o no con ese embarazo. En el caso de continuar, a que se le informe el propósito de las prácticas, estudios de control y seguimiento, a elegir con quien ingresar a realizarse dichos estudios, a pedir cambio de profesional si no se sintiese cómodx, y a estar acompañadas durante todo el proceso, no solamente en el momento del nacimiento.
Con respecto al nacimiento, la persona que va a parir tiene derecho a no ser separada el bebé innecesariamente, a no ser sometida a procesos patologizantes, a que no se le hagan intervenciones como las episiotomías o incluso las cesáreas y que se tengan en cuenta las pautas culturales.
En el caso de ser parto vaginal, este debe ser respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la persona gestante y su bebé, entre otros. “Esos derechos llevan a obligaciones de parte de las personas que acompañamos esa asistencia”, agrega Rosemberg.
Una vez consumado el parto, se debe respetar el derecho del cuerpo a cuerpo de la persona puérpera con su bebé ni bien se produce el nacimiento. De tener que intervenir por una urgencia médica al recién nacidx, se debe informar la razón por la que su bebé no puede estar en ese momento en sus brazos, y la persona puérpera puede decidir quién acompañará al bebé a donde sea que lo/a lleven.
Respecto a la lactancia, existe el derecho a decidir si quiere o no darle el pecho a su bebé. En cualquiera de los dos casos se debe respetar tal decisión, ayudar y acompañar en este proceso a la persona puérpera.
También es un derecho, para quienes dan el pecho, contar con un lactario en sus lugares de trabajo, donde puedan extraerse leche de forma higiénica, íntima y segura.
En concordancia con lo que establece la norma, si existen incumplimientos de la ley de Parto Respetado estamos hablando de Violencia Obstétrica.
¿Qué es la violencia obstétrica?
Es una modalidad de violencia de género contemplada en la Ley 26.485 y es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Ya sea en situaciones de preparto, postparto, parto y aborto.
Elegir cómo parir
En diálogo con El Destape, Melina Vincenti, coordinadora de obstétricas de la Maternidad Carlotto, describió que desde el 2013 acompañaron 10.500 nacimientos en la maternidad y que la mayoría de las personas gestantes prefieren no parir acostadas. “Priorizan las verticales, sentadas, en cuclillas o paradas”, señaló.
Y agregó: “La tasa de episiotomía, que ya no es una practica de rutina, es de 1,5 en la maternidad. Otro de los indicadores que también evaluamos son el contacto piel a piel y la lactancia en la primer ahora que son un 80 o 85 %
Los efectos de la pandemia
La crisis sanitaria no hizo más que recrudecer la violencia obstétrica y el punto más alto fue el período del Aislamiento Social Obligatorio. “En ese momento hubo una mayor expresión de esta vulneración de derechos. Lo que se vio es que las mujeres gestantes fueron expulsadas del sistema de salud”, aseguró Violeta Osorio, feminista e integrante del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina y Co-autora de "Mujeres invisibles. Partos y patriarcado
Según la asociación civil Las Casildas, durante 2020, al 76% de personas gestantes le cancelaron los turnos y a un 59% no le dieron alternativas a esas cancelaciones. A su vez, un 49% de nacimientos fueron inducidos y un 50% fueron cesáreas, de las cuales un 47% fueron programadas con la justificación de poder organizar bien la agenda por si colapsaba el sistema de salud.
“Se les cerró las puertas al sistema de salud sin ningún tipo de respuesta. Esto, a su vez, trajo un impacto negativo en la salud mental de las mujeres que estaban atravesando embarazos”, describió Osorio. A su vez, la especialista mencionó que en la actualidad hay dos aspectos en los que se había logrado avanzar y aún no se volvieron a revertir a los índices anteriores a la pandemia. Por un lado, la negativa al acompañamiento. “No hay justificaciones que impidan ese acompañamiento. Eso era algo que se estaba logrando cada vez más y que con la pandemia fue para atrás, tanto en instituciones públicas como privadas”. Por el otro, es el cobro por garantizar los derechos. “Se armó un negocio del parto respetado en el que se paga por acceder a tus derechos, como si fuera un servicio vip. Esto también se recrudeció con la pandemia”, aseguró Osorio.
Para la especialista, esto se encuentra ligado a la “inoperancia” de las leyes. “Si bien tenemos una ley que contempla los derechos en momento del parto y el nacimiento y otra ley que describe la violencia obstétrica como una modalidad de violencia contra las mujeres ninguna de las dos tiene sanciones elaboradas para los infractores ni reparación para las víctimas. Con lo cual el camino de la denuncia termina convirtiéndose en un camino de revictimización porque no hay respuesta, sanciones ni mecanismos de prevención efectivos, reparación ni nada”, aseguró Osorio.
Por su parte, Rosemberg afirmó que en nuestro país la violencia obstétrica es una de las violencias más naturalizadas. “El porcentaje de cesáreas innecesarias en nuestro país, como en toda América Latina, es de más del 40 %, una cifra altísima. En instituciones privadas a veces llega a un 90%. Esto no tiene que ver con el lugar del parto, si en el sistema público o privado, sino las variables de género que cruzan la vulneración de estos derechos”.