Desde hace décadas, se sabe que los trastornos mentales graves son la principal carga de enfermedad. Tomados en conjunto, el alcoholismo y el abuso de drogas ilegales, la depresión, la angustia, la ansiedad, las demencias, el Parkinson, los trastornos de la infancia y adolescencia, la psicosis superan a la diabetes, la hipertensión, los tumores malignos, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el HIV.
De acuerdo con un trabajo del psiquiatra argentino Daniel Vigo, publicado en la Revista Argentina de Psiquiatría, los trastornos mentales, neurológicos, por consumo de sustancias y suicidio son responsables de más de un tercio del total de los años vividos con discapacidad. Es decir, que son el subgrupo más discapacitante de todas las enfermedades no transmisibles, y supera ampliamente al de las enfermedades infectocontagiosas y maternoinfantiles (11%), y al de los accidentes y lesiones no autoinflingidas (9%).
Pero a pesar de su enorme impacto en nuestra calidad de vida, la Organización Mundial de la Salud calcula que la mediana de los recursos orientados al tratamiento de estos cuadros es de menos del 2% de los presupuestos de salud. En la Argentina, tradicionalmente, ese número rondaba el 1%, de lo que se deduce que hasta el 80% de las personas con algún trastorno mental grave no accede a la atención.
Si se concreta, la Estrategia Nacional de Salud Mental anunciada este mediodía por el presidente y la ministra de Salud de la Nación junto a su equipo en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, de Parque Patricios, podría inaugurar una revolución en el tratamiento de los trastornos mentales. Implicaría pasar de un modelo de atención individual, liderado por especialistas y “hospitalocéntrico” a otro comunitario e integrado. Algo que respaldan la Organización Mundial de la Salud, la OPS, Unicef y muchos especialistas. De acuerdo con el enfoque de atención primaria médicos generalistas, asistentes sociales, maestros y pares pueden atender la demanda de los casos menos graves y detectar problemas complejos.
En qué consiste
El plan, que intentará implementar finalmente la Ley de Salud Mental 26.657/10 (promulgada el 2 de diciembre de 2010, pero que hasta ahora en su mayor parte no llegó a aplicarse), contempla un abordaje integral del problema. Fue desarrollado en coordinación con los ministerios de Ciencia, de Producción, de Educación y de Cultura, y en acuerdo con los ministerios provinciales.
“Por primera vez en seis años hubo una reunión presencial de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Conisma), prevista por la Ley de Salud Mental e integrada también por sectores de la sociedad civil –destacó Carla Vizzotti–. Y a partir de mañana sesionará por dos días el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama) con la presencia de la Directora del Departamento de Salud Mental de la OMS, la [argentina] Devora Kestel”.
El puntapié inicial de la estrategia es una duplicación del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación destinado al área: pasará de unos 3.700 millones de pesos a más de 7.600 millones (exactamente, un 107% más). Esos cuatro mil millones de pesos extras se destinarán a ampliar los servicios de telemedicina e interconsultas, a la formación de recursos humanos (12 provincias no tienen residencias interdisciplinarias en salud mental), a crear una especialidad en salud mental comunitaria. “Por primera vez en la Argentina tendrán psicofármacos los botiquines ‘Remediar’ y se duplicarán los centros de salud que los reciben”, detalló la ministra.
Además, se abrirán nuevas líneas de investigación en materia de salud mental (15 proyectos) y se ofrecerán capacitaciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género.
Entre las nuevas intervenciones, se contempla también la creación de guardias de urgencia e interdisciplinarias durante las 24 horas en todos los hospitales nacionales (como ya se hace en el Hospital Bonaparte); transformar la Colonia Montes de Oca en un hospital polivalente; lanzar un operativo presencial en el territorio en virtud del operativo nacional “Entre varios en barrios”, para la promoción, prevención y atención en salud comunitaria; crear un programa para la atención integral de los consumos problemáticos.
“Haremos capacitaciones sobre la Ley de Salud Mental a todo el personal de la Administración Pública Nacional y de otros organismos. Después de 10 años se reglamentó la ley nacional de prevención del suicidio y cada provincia tendrá que tener un 0800”, sumó Vizzotti.
En cuanto al trabajo conjunto con otros ministerios, Vizzotti adelantó que el de Desarrollo Territorial y Hábitat (que aportará 15.000 millones de pesos más) asignará el 3% de las casas construidas a personas en proceso de externación y se construirán más de 2000 viviendas (para entre cuatro y ocho individuos) destinadas a casas “asistidas” y “de medio camino” para la desinstitucionalización de personas en condiciones de iniciar ese proceso.
El Ministerio de Obras Públicas se hará cargo de la modificación y adecuación de los actuales hospitales monovalentes (solo destinados a la salud mental y cuyo nombre, “manicomios”, y prácticas se quieren desterrar). Con el Ministerio de Cultura se realizará el ciclo “La salud en escena”, que promoverá obras teatrales vinculadas con la temática sumadas a posterior discusión para reflexionar sobre los problemas que plantea la salud mental. Y con el de Educación se articulará la modificación de los programas universitarios y se trabajará en identificar situaciones que exijan intervenir en prevención.
La salud mental es un aspecto insoslayable de una vida plena, pero la estigmatización de sus dolencias no hace más que ahondar el sufrimiento de las personas que las padecen. “Nuestro sistema de salud es federal, y no podemos obligar a cumplir con esta estrategia –subrayó Vizzotti–, tenemos que acordar con cada jurisdicción para que la implemente. Por otra parte, cada provincia tiene necesidades diferentes”.
“A priori parece bueno –opina sobre el programa Marcelo Cetkovich-Bakmas, director del Departamento de Psiquiatría de Ineco–. Lo más importante es que aumenta el presupuesto y pone la salud mental en agenda. El modelo evita en forma cuidadosa las cuestiones más médicas. Una ‘Salud Mental en Red’, con niveles de complejidad creciente es, sin lugar a dudas, lo ideal y el modelo que se sigue en el mundo. Pero continúan ignorándose temáticas álgidas, abordadas en los países desarrollados desde hace ya años, como las ‘intervenciones precoces’”. Y más adelante agrega: “Parece una buena iniciativa, veremos cómo la implementan. No habla de temas candentes de la ley, como el ‘órgano de revisión’ [de protección de los derechos humanos] y el ‘cuerpo de letrados’ [que ejerce la defensa técnica de chicos y adolescentes], lo que indican que no los van a tocar”.
Por su parte, Alicia Stolkiner, profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología (UBA), afirma que “el gobierno nacional acaba de reincorporar la Conisma a la Jefatura de Gabinete, después de que durante la gestión anterior la sacaron de allí, la pasaron a Salud y prácticamente dejó de funcionar. Tuvo iniciativas importantes en su momento y espero las tenga ahora. El espacio de atención integral que inauguraron hoy en el Bonaparte es muy bueno. Está diseñado para dar respuesta a los problemas de niños/as y adolescentes en un abordaje interdisciplinario y basado en derechos”.
Acerca de los obstáculos y temores que surgieron en estos años por la aplicación “a medias” de la norma, que podía conducir al desamparo a pacientes que habían pasado media vida institucionalizados, Edith Benedetti, subsecretaria de gestión de Servicios e Institutos de la Secretaría de Calidad aclaró que no se va a avanzar sin antes asegurar que están disponibles los dispositivos para el cambio de enfoque: “Antes de cerrar, hay que abrir”, subrayó.
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