Enfermarse en la crisis: los efectos de que la salud sea vista como un negocio más

El discurso del “No hay plata” y el ajuste, ordenado por el Fondo Monetario Internacional, es la alternativa elegida por el gobierno nacional en línea con las metas fiscales exigidas. En este marco la crisis se volvió la excusa perfecta para destruir gran parte del Estado, impulsar reformas estructurales, y generar un “clima de negocios” que condensa un esquema de mayor concentración de la riqueza y una redistribución regresiva de los ingresos. Si bien se trata de una decisión política, social y económica, en la opinión pública se ha instalado como la única opción posible, el sacrificio que los argentinos debemos atravesar para lograr salir de la oscuridad. Claro que quienes terminan pagando el ajuste son los trabajadores, los jubilados, los beneficiarios de planes sociales, las personas con discapacidad y los sectores más perjudicados de la pirámide social, que se ven damnificados en el corto plazo en cuestiones de su economía real, el empleo, el consumo, y la calidad de vida. 

La historia misma evidencia que las políticas de ajuste aplicadas durante gobiernos de corte neoliberal, como lo fueron la dictadura cívico-militar, el gobierno de Menem, de la Alianza y el macrismo, han resultado fragmentarias en términos políticos, económicamente ineficientes y siempre han provocado el aumento en los niveles de pobreza y desigualdad. Lo que pocas veces se contempla, y en muchos casos se subestima, es la relación que existe entre el aumento de las desigualdades económicas y el deterioro de la salud individual y colectiva. En términos programáticos la visión neoliberal se define por una concepción tecnocrática del sistema y un proceso progresivo de despolitización del ámbito sanitario, al que considera a la política como una interferencia para la buena gestión y las virtudes del mercado en la asignación eficiente de los recursos.

La salud está compuesta por muchos más elementos que ir al médico, tomar un remedio y una cama en un hospital. En esta ecuación participan asuntos elementales de la vida de una persona que muchas veces son consideradas exclusivamente en términos económicos o como factores de posible conflictividad social: el empleo, los ingresos, el acceso a la vivienda, los hábitos de consumo, el descanso y el esparcimiento, la calidad de los alimentos, los deseos y proyectos de vida posibles, entre otras situaciones que impactan directamente en la vida de las personas y su salud mental. En momentos de crisis social el deterioro de las condiciones de vida se manifiesta, a corto plazo, en el malestar. No hay forma de hacer una lectura holística e integral del estado de la salud pública si no es teniendo en cuenta dichos factores determinantes.

De forma directa las crisis suelen potenciar causas de mortalidad como los infartos, los accidentes cerebrovasculares, la violencia, sumado al agravamiento de enfermedades crónicas por falta de medicación, la realización tardía de diagnósticos complejos al no tener acceso a servicios de prevención, y la desjerarquización del tema a nivel social dado que las familias reducen sus gastos en cuidados para dedicarlo a otros consumos más urgentes. De forma indirecta las consecuencias del ajuste se verán en el mediano plazo por el repliegue y la discontinuidad de políticas preventivas como en programas de VIH/SIDA, tuberculosis, salud sexual y reproductiva, el programa ampliado de inmunizaciones, dengue, covid, entre otros, que muchas veces es retomada por las provincias a través de inversiones con recursos propios.

La retirada del Estado y el avance de los negocios en salud

A solo días de la asunción de Milei se confirmó que muchos de los programas de salud cortaron servicios y prestaciones vitales, por el desfinanciamiento y las deudas enormes con los proveedores.  En definitiva, se inició un plan de retirada progresiva del Estado Nacional en su rol de garante del acceso equitativo a la salud de los ciudadanos y ciudadanas, y se preparó el terreno fértil para el ingreso en su lugar del mercado que ya no atiende ciudadanos con derechos, sino consumidores individuales con más o menos capacidades de pago.

En el propio mega DNU publicado por el Presidente Javier Milei, cuyo objetivo central es la desregulación de la economía argentina, se introducen temáticas como la salud, particularmente lo que tiene que ver con el precio de las prepagas y las obras sociales, un eje ordenador de la vida de las personas teniendo en cuenta que en nuestro país se calcula que el 61% de la población accede a servicios a través de la seguridad social, incluyendo jubilados, trabajadores formales y a sus familiares, y un 14% cuenta con servicios de medicina privada. En el decreto del ejecutivo se garantizó libertad total a las prepagas para aumentar los precios, cuando quieran y sin ningún tope o control. Como consecuencia de ello las empresas anunciaron de forma conjunta, hasta marzo, un acumulado que llegara al 125 por ciento en solo tres meses.

El primer efecto social visible es una tendencia de los usuarios a elegir planes más baratos, o la decisión de miles de familias de abandonar las prepagas para quedarse con la obra social. Según un relevamiento realizado en enero por la consultora D´Alessio IROL el 70% de los usuarios de medicina prepaga contempla la posibilidad de realizar cambios en su cobertura debido al aumento en los servicios, fenómeno que afecta incluso a los sectores de mayores ingresos, y un 10% que piensa en utilizar el sistema de salud pública. El traslado de miles de usuarios del sector privado al púbico implica, si no está acompañado de un incremento acorde en el presupuesto y una mejora salarial, en el deterioro inmediato del servicio, la explotación y por ende sobrecarga del personal sanitario, la falta de insumos en centros de salud y hospitales, el cierre de consultorios y dispositivos de atención primaria, limitación de horarios, reducción del número de camas, consultas y quirófanos en hospitales, etc.

La caída en la compra de medicamentos es una prueba fehaciente de cómo el desenfreno de una inflación deliberadamente descontrolada, y la falta de control estatal de precios, provoca el deterioro de la salud general en el corto y mediano plazo. Un informe del Ceprofar indicó que a lo largo de 2023 los medicamentos aumentaron casi 100%, sin embargo, desde la asunción de Javier Milei subieron, en promedio, un 90% por el fin del acuerdo con los laboratorios.  Según la CAME la venta minorista de medicamentos en farmacia cayó 45,8% interanual, lo que significa que miles de pacientes, sobre todo adultos mayores y enfermos crónicos, han interrumpido sus tratamientos médicos por los altos costos. En la pirámide de aumentos, según los propios farmacéuticos, se encuentran la Amoxicilina 500mg; la Levotiroxina, que es un fármaco fundamentalmente para el tratamiento del hipotiroidismo; Losartan y Enalapril, los medicamento para presión alta; y los ansiolíticos Clonasepam y Alpralozam.

En el mega decreto presidencial también se deroga la Ley N° 27.113, que declara de interés público nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y desarrollo de medicamentos, materias primas para vacunas, insumos y productos médicos. En ese marco se elimina el Programa de Producción Pública de Medicamentos y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, herramientas que tenía el Estado para intervenir en el mercado de medicamentos, regular los precios, y promocionar el desarrollo industrial y la producción propia de medicamentos costosos y fundamentales para patologías graves como cáncer, VIH, enfermedades de origen genético, vacunas, o enfermedades desatendidas (Tuberculosis, Chagas), que no son rentables para los privados. En el marco de la imposición de un modelo económico que limita la garantía de derechos, la salud se convierte en un campo libre de negocios para algunos sectores.

El cierre momentáneo de Dadse y el abandono total de los más vulnerables

El lunes trascendió una circular en la que el gobierno nacional suspendiía la atención de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El sector se encarga de gestionar y administrar la entrega y garantizar medicamentos, insumos y productos biomédicos oncológicos, para enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes, a la población de mayor vulnerabilidad social de nuestro país. Por esta especificidad su rol fue estratégico y vital durante la pandemia, a pesar de que los trabajadores y las trabajadoras no fueron reconocidos como esenciales.

La Dirección amanece todos los días con filas de más de 200 personas que acuden desde todo el país en búsqueda de una última oportunidad para vivir, el último recurso que tienen para acceder a un tratamiento impostergables. Son pacientes que no tienen obra social y ya han sido rechazados por distintos dispositivos de salud pública a nivel local, ya sea porque el municipio al que pertenece o la provincia no está entregando ese medicamento o no puede cubrir el costo. Se trata de medicaciones realmente costosos, inaccesibles de cualquier otra manera. Es clave en ese sentido la articulación con los centros de referencia que son las oficinas del Ministerio en todo el país.

Ingrid Manfred es Secretaria General de ATE Desarrollo Social y una de las referentes del área, donde trabajan más de 100 personas de forma ininterrumpida, entre médicos, trabajadores sociales y administrativos. El lunes los trabajadores se anoticiaron de la decisión, firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, a partir de un cartelito que decía "La Dadse permanecerá momentáneamente cerrada por readecuación en los sistemas y procedimientos”. Manfred explica que desde la jerarquía ministerial no dieron ninguna explicación, pero sí decidieron suspender la actividad, de forma preventiva, para realizar una auditoría en la misma línea que la entrega de alimentos en comedores.

Mientras esto ocurre miles de personas con enfermedades graves y crónicas ven suspendidos sus tratamientos, y en medio de aumentos de precios y costos que modificarán sin dudas el acceso a la salud: “Los laburantes estamos en estado de alerta porque esto es muy grave y obviamente nosotros no podemos pensar en la defensa de los puestos de trabajo sin tener la discusión sobre el acceso a la salud pública, y algo tan urgente como es la entrega de medicamentos para esta situaciones extremadamente grave como tratamientos oncológicos, pediátricos”.

Otro caso paradigmático es el de las personas con discapacidad que, por el atraso en el pago de las prestaciones desde la ANDIS y los altos niveles inflacionarios, han dejado de acceder a servicios y tratamientos vitales como el acceso a escuelas especiales, centros de día, Centro Educativo Terapéutico, hogares, transportes, estimulación temprana, apoyo a inclusión educativa, rehabilitación. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncian una grave situación de emergencia en la atención a personas con discapacidad que hoy afecta a más de 200 mil, pero se extenderá en el mediano plazo. Incluso por el aumento en los precios se anticipa el posible cierre de muchas instituciones históricas fundamentales para el colectivo de familias, usuarios, profesionales e instituciones.

Cuando hablamos de salud no podemos reducir el análisis al desfinanciamiento del área o el recorte en la entrega de medicamentos e insumos vitales. Es fundamental comprender que el daño programado y sostenido en el tiempo sobre el tejido social, y una política económica enfocada en achicar el nivel de ingresos de la población, solo puede generar un incremento de los problemas de salud y la mortalidad. Ante una política de abandono que promete incrementar los niveles de desigualdad en el acceso a la salud, llevándolos a una situación límite, resulta urgente y necesario fortalecer las organizaciones locales, el acompañamiento territorial, y las redes de ayuda y cuidado colectivo.