Marcos Romero, secretario de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe, aventuró frente a los medios de comunicación vernáculos que en la ciudad de Rosario hay aproximadamente 150 búnkeres de venta de droga. Motos vagando, balas zumbando por la noche en las calles y pasillos de los barrios populares, risas de chicos jugando a la pelota en la vereda mientras los comentarios nerviosos de los vecinos sobrevuelan el aire y algún parlante a todo volumen sintonizando una radio cumbiera que tenga señal en el barrio. A esta sinfonía se le sumaron los ruidos de las botas y los acentos foráneos de los prefectos de gendarmería que rondan algunos de los barrios más “calientes” de Rosario desde hace dos semanas. Los vecinos, que por novena vez en nueve años escuchan esa música, se mostraron entusiasmados por la medida, pero no por eso ilusionados: exigen resultados.
La decisión del presidente Alberto Fernández de extender de 1000 a 1400 los efectivos federales presentes en la cuna de la bandera, sumando a los ingenieros del Ejército Nacional para la urbanización de los barrios populares, fue efectista pero inconsulta: los referentes sociales y barriales de Rosario no han tenido comunicación alguna con los líderes de las fuerzas armadas.
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Melisa Herrero, referente de la Asociación Vecinales Unidas que nuclea a las organizaciones vecinalistas de Rosario, sostiene que "en principio, todo lo que sea ayuda es bienvenido", que hay una buena recepciòn por parte de los vecinos de la llegada de los gendarmes, pero “lo que se necesita es un trabajo en conjunto para que haya un plan de provincia y municipio para ordenar el barrio, no para ocupar el territorio sino para ordenarlo”.
Herrero propone que los efectivos que desembarquen en las barriadas tengan una participación conjunta con los dos niveles del Estado, tanto provincial como municipal, en dicho ordenamiento territorial. "A los barrios (los representantes del Estado) se llegan sólo cuando hay problemas y con policías, nada más”, acusó Herrero, y siguió: “Necesitamos también una presencia del Estado que llegue de otra manera, a nivel más social a la gente de los barrios. Que hagan un abordaje integral"
"Lo ideal sería que trabajemos todos juntos. Lo importante es que se trabaje de manera coordinada, haciendo cosas para el mismo lado porque sino es la misma desorganización de siempre", sentenció la referente barrial.
“Hoy está rota la relación de la sociedad con la policía”
La vecinal de barrio Tablada, en el sur costero de la ciudad de Rosario, está presidido por Silvia Girgolet, quien se mostró preocupada porque, a dos semanas del anuncio del presidente, en el barrio “Todavía no hemos visto demasiado". Girgolet afirma: “No sabemos bien cómo va a ser eso, o qué significa eso de la urbanización. No debe ser algo que se puede hacer de un día para otro”.
La vecinalista, antropóloga de profesión, asegura que no hubo ningún tipo de comunicación hacia las organizaciones sociales o vecinales sobre qué tipo de trabajos se llevarán adelante para poder urbanizar.
Para ella, la presencia de los policías en los barrios tiene que ser estratégica y planificada, determinando los lugares de acción de las bandas en el territorio: “Esta medida (tomada por Alberto Fernández) va a servir en tanto se bloqueen determinados barrios con una presencia masiva. Tienen que determinar cuánto tiempo van a estar ahí y si pueden detectar la ubicación de estas bandas, porque no se van a quedar en los lugares donde están los policías, dónde están todas las fuerzas de seguridad. La verdad es que todavía no queda muy claro eso”.
El problema de la inseguridad y la violencia en Rosario tiene dos caras: la proliferación y diseminación de armas de fuego entre los llamados soldaditos, y la falta de confianza que hay con las fuerza del orden: “No va a haber salida si no se integran los tres Estados con las organizaciones en el barrio, pero me parece que acá lo que falta es el diálogo con la comunidad, que es la que sufre esto. Hoy está rota la relación de la de la sociedad con la policía, el problema es la policía”, sentencia Girgolet, y profundizó: “Nosotros con los gendarmes no tenemos relación, tampoco tenemos relación la policía de la provincia a través de sus comisarías en los barrios. El vecino no te va a hacer una denuncia, porque después tiene miedo a las represalias, realmente no se confía en los comisarios”.
Pero eso no es suficiente: “Acá tiene que haber alguna instancia donde se pueda revertir esto y que podamos ver resultados en que la gente pueda volver a la calle estar tranquila”, y analizó: “Esto se desmadró por falta de compromiso de una fuerza de seguridad que tendría que estar al servicio de la comunidad y no financiados por estos sectores del crimen”
Saturar, ¿para qué?
Por otro lado, la referente agregó que la saturación no tendrá mayores frutos si no se investiga las fuentes de financiamiento de las bandas criminales: “Esto sólo sirve si no se queda en desmantelar búnkeres y se ponen a hacer un seguimiento de la sociedad a otros niveles, porque realmente todo el lavado de dinero que se está haciendo en la ciudad”, exclamó Girgolet. “Yo creo que todo ésto ahí radica ahí. Los búnkeres son manejados por unos perejiles, que le venden drogas a otros pobres diablos en los barrios. Acá lo que funcionan son bandas, no carteles”, sumó.
Osvaldo Ortolani es el presidente de la vecinal de Empalme Graneros, uno de los barrios más afectados por la violencia urbana, y un militante territorial con muchos años caminando las calles de su barrio. En su opinión, "que haya 200 o 400 gendarmes, es bienvenido. Ahora, nuestra preocupación mayor es qué se hace realmente. Por más saturación que uno va poniendo en las calles, como por ejemplo en el barrio hace cuatro meses que hay mucha presencia policial, podemos terminar con un gendarme por casa, pero si no se busca el origen de los problemas ni se trata de resolver ese origen, la preocupación va a seguir estando".
"Mientras que no se avance con los temas de fondo, se da una cosa de tiempo y espacio muy cortos, pero si los generadores de muertos vivos que están en la calle no son abordados, las cosas van a seguir pasando. Me gustaría que los dos Estados empiecen a dar lugar a esta pandemia de muertos vivos", se lamentó Ortolani, en referencia a las personas que padecen adicciones a las drogas y que son clientes del mercado de sustancias y sentenció: "Estamos hablando de un problema mucho mayor que está quebrando a la sociedad. Estamos a un click de un Estado fallido".
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