Dirigentes gremiales, diputados, legisladoras porteñas, directivos de universidades nacionales, referentes de derechos humanos, de organizaciones sociales y de la Iglesia Católica exigieron la libertad inmediata de las 33 personas detenidas durante el mega operativo desplegado por el Gobierno nacional durante el tratamiento de la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso. Las y los dirigentes de todos los colores políticos denunciaron la represión “ilegal y arbitraria” y que les detenides sufrieron tratos inhumanos, degradantes y humillantes. La lectura en unanimidad es la complicidad y connivencia entre la responsable del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich -en representación del Ejecutivo-, y el fiscal Carlos Stornelli para imputarles el delito de “terrorismo” y “sedición”. Llamaron a acciones a nivel nacional e internacional.
Los organismos y referentes están en alerta ante la intimidación que pretende instalar el Gobierno contra la protesta social a través de las prácticas represivas del Estado, que principalmente se vieron durante el debate de la mentada ley del Ejecutivo nacional, que busca desguazar al Estado y quitar derechos para trabajadoras y trabajadores. “Es importante derribar la causa porque puede ser el principio del intento de instalar en Argentina el estado de excepción”, alertó el diputado nacional por el Unión por la Patria (UP), Leopoldo Moreau, durante la conferencia de prensa que se llevó adelante esta tarde en la sede porteña del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Durante la represión, que avanzó sobre quienes se movilizaban desde el Congreso hasta la 9 de Julio -unas cinco cuadras a la redonda-, también fueron atacados diputados nacionales que acompañaban la manifestación, así como estudiantes, vendedores ambulantes que no se estaban manifestando, músicos, integrantes de cooperativas y personas que se estaban desconcentrando de manera pacífica.
De la totalidad de ellos, 23 habían quedado bajo la jurisdicción de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y, las otras 10, en la Justicia Federal. Sobre este último grupo es que Stornelli, al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, solicitó la prisión preventiva con un argumento que tomó del propio Gobierno, que hizo referencia a “grupos terroristas” y a la intención de “perpetrar un golpe de Estado”. Todas las personas quedaron bajo su órbita cuando en las últimas horas del jueves la Justicia porteña se declaró incompetente. La decisión final sobre la liberación o no está en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
“Stornelli para poder justificar los gravísimos delitos que él quiere relacionar con un atentado al orden público constitucional necesitaba un cúmulo mayor de personas, entonces, le pidió al Gobierno de la Ciudad que le traslade los detenidos, así poder darle basamento a sus graves acusaciones, que son exageradas, arbitrarias y ridículas. No tiene una sola prueba que las sostenga”, dijo la ex diputada nacional por el Frente de Izquierda de Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, encargada de abrir el micrófono.
Además de Bregman entre los principales oradores en la conferencia de prensa estuvieron: lxs diputadxs nacionales Moreau y Romina del Plá (FIT-U) y las legisladoras porteñas Victoria Montenegro (UP) y Celeste Fierro (FIT-U), además de referentes de derechos humanos como Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-APDH) y el sobreviviente de la Ex ESMA Carlos Lordkipanidse. Todes coincidieron en la connivencia judicial y política para llevar adelante la causa contra las personas detenidas, al igual que lo hicieron organismos de derechos humanos como el Cels, Correpi e HIJOS consultados por El Destape, que plantearon que decisión del fiscal -ex ministro de Seguridad bonaerense cuando se perpetró la desaparición de Luciano Arruga- está basada en una práctica "ilegítima", que hace un "abuso del proceso penal" y que es algo "nunca visto" en 40 años.
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Ella, a la vez, resaltó “la amplia representatividad” para repudiar la represión ilegal y contó que solicitaron espacio en la Cámara de Diputados, pero no les fue otorgado. La conferencia de prensa recibió el apoyo de Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo. “Es muy bueno saber que estas mujeres que enfrentaron a la más cruel dictadura hoy están de nuestro lado, cuando realmente estamos sufriendo un trato dictatorial”, dijo Bregman Y señaló que lo del miércoles fue una “brutal cacería”. Mientras, en Comodoro Py, a donde convocaron las organizaciones a movilizarse para este viernes, otro operativo policial se puso en marcha.
Cierre de la causa y alerta por la escalada de violencia por parte del Gobierno
En línea con Bregman, Moreau señaló que el segundo paso luego de la liberación de las y los detenidos es exigir el cierre de la causa. “La ministra Bullrich, que es la principal responsable de estas políticas, que es una mercenaria de la violencia de todos los gobiernos de derecha de la Argentina en combinación y complicidad con Stornelli -famoso armador de causas judiciales- están tratando de que este estado de excepción se consolide a través de un fallo judicial”, apuntó.
Su propuesta fue “voltear” la causa con denuncias en el orden nacional como internacional contra “los responsables por intentar pasar por sobre los derechos y garantías constitucionales”.
Dado que durante la represión, también fueron atacados diputados nacionales, anunció que este martes presentarán una denuncia contra Bullrich ante el Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
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Por la democracia y el derecho a la protesta
“La democracia se recuperó gracias a la lucha de los derechos humanos. Todos los que estamos acá vamos a seguir luchando para defenderla y no estamos dispuestos a retroceder a esta violencia institucional que quieren instalar el Gobierno de Milei y de Bullrich”, dijo la nieta recuperada y legisladora porteña Victoria Montenegro.
Ante la consulta del canal La Retaguardia, encargado de la transmisión de la conferencia, una de las familiares de Matías Ramírez contó cómo fue su detención y la situación en la que se encuentra. Es vendedor y estaba con la parrilla cuando se desató la represión, cuidaba el auto por miedo a que se lo rompieran, se lo llevaron en ese momento y, junto a él, a otras dos chicas también familiares que salieron a defenderlo. “Lo tuvieron tres horas parado, no nos dejaron pasarles frazadas ni agua, ahora nos dijeron que lo trasladaron a Ezeiza y ni siquiera nos supieron explicar por qué”, contó.
Nely Minyersky, histórica abogada feminista integrante por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, de 94 años., también habló ante La Retaguardia: “Esto es una aberración jurídica. Nunca escuché -y he estado en marchas en la dictadura-, que se acusara a gente que marcha de estar haciendo un golpe. Estamos ante la subversión de lo que es la ley por parte del Gobierno, los que respetamos nuestra Constitución y la ley somos los que estamos en la calle”. La unidad, el llamado a paro nacional y el cántico "a donde vayan los iremos a buscar"
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